Sorpresa oficial; no hay pruebas de infiltración en el sistema: ABM

Roberto González Amador Ť La investigación del gobierno estadunidense ``que probó la existencia de vínculos entre los dos más poderosos cárteles de la droga en América Latina y los bancos mexicanos, no constituye una prueba determinante de que el sistema financiero nacional haya sido penetrado por el narcotráfico'', afirmó ayer Carlos Gómez y Gómez, presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM).

La ABM considera que se trata de operaciones que llevan a cabo funcionarios y empleados en forma individual y no una práctica institucional de la banca mexicana, aseguró Gómez y Gómez cuatro horas después de que en Estados Unidos fue puesta al descubierto una red de los cárteles de Cali y de Juárez, que utilizaba oficinas de bancos mexicanos para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas.

Los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos anunciaron ayer el fin de una operación encubierta por tres años que por primera vez logró documentar ``los vínculos directos'' de algunos bancos mexicanos y sus empleados, que blanqueaban las ganancias obtenidas por los cárteles de Cali y Juárez por la venta de drogas en aquel país.

Como toda respuesta a la llamada operación Casablanca, nombre con que fue bautizado el operativo de las agencias estadunidenses, la Secretaría de Hacienda ratificó ayer que el gobierno mexicano cooperará ``para llevar a cabo, hasta sus últimas consecuencias, cualquier investigación sobre lavado de dinero que involucre a instituciones o funcionarios mexicanos''.

Hacienda aseguró que independientemente de la responsabilidad en la que pudieron haber incurrido empleados de los bancos mexicanos, las instituciones de crédito funcionan con normalidad, tanto en sus operaciones nacionales como en el extranjero.

``La investigación (del gobierno de Estados Unidos), no implica la afectación de operaciones de los bancos señalados en aquel país y no representa una amenaza para la solvencia de los mismos''.

De acuerdo con la investigación de Estados Unidos, fueron 12 los bancos mexicanos que participaron en operaciones de lavado de dinero, entre ellos Banamex, Bancomer, Serfín, los tres principales del sistema, así como Confía, Bital y Santander, este último con capital mayoritario español.

Según una de las demandas radicadas en una corte de California, que contiene los nombres de funcionarios bancarios que lavaron dinero para los cárteles de Cali y Juárez, en esta operación estarían involucrados los bancos Bancomer, Banoro, Confía (comprado hace dos semanas por Citibank), Bital, Banamex, Banpaís (propiedad de Banorte), Serfín, Banorte, Promex (adquirido la semana pasada por Bancomer), Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Bancrecer e Interacciones.

Gómez y Gómez estableció ayer contacto con los presidentes y directores de los principales bancos del país. ``Hasta hoy conocimos la noticia, al mismo tiempo que la prensa. Todos los directivos bancarios hemos decidido de manera unánime cooperar con las autoridades estadunidenses en el seguimiento de esta investigación, coordinados con las autoridades mexicanas'', dijo el presidente de la ABM.

Hasta la noche de ayer, la Procuraduría Fiscal de la Federación, encargada de realizar las investigaciones sobre lavado de dinero, no había emitido opinión sobre los resultados de la operación Casablanca.

Gómez y Gómez trató de matizar el impacto de la acusación hecha por las autoridades federales de Estados Unidos al señalar que el sistema bancario mexicano cuenta con 14 mil empleados, de los cuales se ha señalado como lavadores de dinero para los cárteles de la droga a 26.

El presidente de los banqueros sostuvo que las instituciones nacionales están aplicando a cabalidad un manual para prevenir este delito, cuya aplicación entró en vigor en abril pasado. ``Las operaciones detectadas en Estados Unidos seguramente corresponden a periodos anteriores, cuando todavía los nuevos controles no entraban en vigor'', dijo.

Entre las normas que establecen esos manuales, las instituciones están obligadas a reportar a la autoridad todas las operaciones que consideren irregulares o sospechosas. Los bancos están obligados a dar a conocer a las autoridades cada transacción bancaria superior a 10 mil dólares, así como a establecer vigilancia sobre sus empleados y funcionarios que lleven un tren de vida superior al que es posible disfrutar con sus ingresos.

Gómez y Gómez sostuvo que en ningún caso las consecuencias de la investigación serán de cierre de operaciones de los bancos mexicanos en Estados Unidos. Sólo se aplicarán sanciones a aquellos funcionarios bancarios que resulten culpables, señaló.

En conferencia de prensa, el presidente de la ABM aseguró no tener conocimiento sobre si las operaciones de lavado de dinero fueron realizadas sólo en las sucursales de bancos mexicanos en Estados Unidos o en ambos países. También dijo ignorar si los agentes estadunidenses hicieron investigaciones en territorio mexicano.

Según el Departamento del Tesoro, las autoridades mexicanas no fueron informadas de la operación que inició en noviembre de 1995.

Gómez y Gómez señaló que la Reserva Federal de Estados Unidos bloqueará las cuentas de los bancos mexicanos en Estados Unidos que están acusados de lavar dinero hasta por un monto similar a la cantidad que se presuma fue blanqueada.

``Sin duda esta no es una noticia agradable para nosotros'', aceptó Gómez y Gómez. La acusación contra los bancos mexicanos ocurre en momentos en que el Ejecutivo enfrenta resistencias del Congreso, con mayoría opositora al PRI, para que apruebe la conversión a deuda pública de pasivos por 65 mil millones de dólares empleados por el Estado para el rescate bancario después de la crisis de finales de 1994.