Entre las más notorias reacciones ante el escándalo desatado por la Operación Casablanca -por medio de la cual los departamentos de Justicia y del Tesoro estadunidenses pusieron al descubierto una red de lavado de dinero que pasa por instituciones bancarias mexicanas- destacan los persistentes intentos por lavarse las manos o disminuir los alcances y las implicaciones de la pesquisa y de las actividades denunciadas.

Al hecho preocupante y deplorable de que la investigación mencionada haya sido realizada sin conocimiento de las autoridades mexicanas se sumó ayer un conjunto de declaraciones autoexculpatorias y minimizadoras por parte de banqueros y autoridades. Expresiones como ``es una exageración'', ``es un hecho aislado'', ``no es de nuestra incumbencia'', ``no sabíamos'', abundaron en las reacciones de directivos de los bancos involucrados, del diputado panista Juan Antonio García Villa, del subsecretario de Hacienda, Martín Werner -el mismo que anteayer ``no tenía la menor idea'' de la Operación Casablanca-, y de la cancillería. A su vez, el jefe del funcionario señalado, José Angel Gurría, restó importancia al hecho y descartó que tras la pesquisa estadunidense pueda existir la intención de presionar políticamente a nuestro país.

De esta manera, se busca convertir en un mero incidente policial un problema que coloca a México en posición de debilidad y descrédito ante su vecino del norte y ante la comunidad internacional y que debiera ser considerado, por ello, como un asunto de Estado de la mayor importancia. Al mismo tiempo, parecería que se pretende distraer la atención de algunas situaciones graves que fueron evidenciadas, en forma colateral, por el anuncio de la Operación Casablanca:

Por una parte, la falta de controles oficiales sobre la banca privada, la cual, aunque quiebre, aunque practique el agiotismo y la usura y aunque lave dinero, parece tener asegurada la comprensión y la benevolencia eterna de las autoridades; por la otra, el incumplimiento de los principios de equidad, respeto, bilateralidad y cooperación a los que hacen referencia los funcionarios de Estados Unidos y México cada vez que tocan el tema de la lucha contra el narcotráfico.

Ante estas actitudes autocomplacientes, frívolas y a fin de cuentas desorientadoras, contrastan los señalamientos realistas y puntuales formulados ayer por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Fernando Solana, y por el director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Sergio Orozco, quien admitió que esa dependencia no conoció, y por ello no autorizó, la presencia en el país ni la misión de los investigadores estadunidenses, los cuales necesariamente debieron recabar información sobre el caso en este lado del Río Bravo.

Solana, por su parte, destacó la intención estadunidense de golpear a México mediante la investigación y señaló la conocida doble moral con la que Washington se comporta en materia de combate al narcotráfico.

Al respecto, cabe recordar que ningún ciudadano estadunidense fue detenido o acusado a raíz de la Operación Casablanca y que si en México el narcotráfico blanquea recursos, cuya magnitud se ubica en las decenas de miles de millones de dólares anuales, en Estados Unidos tal actividad ilícita se sitúa en el rango de los cientos de miles de millones de dólares. En esta perspectiva, y sin desconocer la gravedad de las actividades puestas al descubierto por la pesquisa, cabe preguntarse por qué los departamentos de Justicia y del Tesoro no han centrado sus empeños en investigar el involucramiento del propio sistema financiero de Estados Unidos en esa práctica delictiva.