Orlando Delgado
La operación Casablanca y la crisis bancaria

Hace casi ocho años se inició la privatización de los bancos comerciales mexicanos, a precios que se consideraban exorbitantes. Los compradores, muchos de ellos dueños de casas de bolsa, entregaron en efectivo el pago inicial que implicó sumas que pocos en el país, e incluso en el extranjero, podrían reunir. El ejemplo paradigmático es, por supuesto, el de Cabal Peniche, quien no sólo compró BCH y lo transformó en Banco Unión, sino que al poco tiempo agregó Cremi a su grupo financiero.

Desde entonces, tras bambalinas, se cuestionaba el origen de las fortunas de algunos de los nuevos banqueros. Probablemente si la operación Casablanca se hubiera iniciado en 1993 y no en 1995, como se nos ha informado, los detenidos no habrían sido los 22 ``ejecutivos de medio nivel'', sino de niveles superiores.

Esto no ocurrió, y por eso no se provocó una crisis generalizada de confianza en la privatización y en la eficiencia de la gestión bancaria. Sin embargo, a sólo un año de haberse terminado la venta de los 18 bancos comerciales en 1993, la situación ya era difícil y para el año siguiente las utilidades de los bancos se habían reducido gravemente, al tiempo que la cartera vencida se había más que duplicado.

Ese mismo año (1994) ocurrieron las primeras intervenciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Unión, Cremi y poco después Inverlat, Cremi, Bancentro, Banpaís, Oriente, Obrero, de los viejos bancos y varios más de los nuevos, Interestatal, Sureste y Capital, entre otros. Las intervenciones se explicaron por la existencia de préstamos cruzados, créditos relacionados por encima de la norma permitida, autopréstamos, créditos fraudulentos, etc.; dicho en breve, incapacidad de la administración para conducir adecuadamente a los bancos.

De nuevo, dada la naturaleza de los problemas detectados, que hubieran encontrado Janet Reno y Robert Rubin si ellos hubieran sido los interventores, muy probablemente el número y la calidad de los detenidos y/o acusados serían otros, pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no se percató de ninguna operación de lavado de dinero, ni siquiera en el caso de Cabal. A todas luces resulta pertinente preguntarse si, en realidad, no se dieron cuenta, si ello se debió a que no había elementos para configurar por lo menos una averiguación, o si se ocultaron para no cuestionar el proceso de privatización encabezado por el actual gobernador del Banco de México.

Para 1995 la economía nacional enfrentó una dura situación que afectó gravemente a los bancos profundizando sus dificultades. La salida gubernamental fue la compra de cartera a cambio de papel, con el compromiso de aportaciones de capital fresco. Los datos son del dominio público: más de 550 mil millones de pesos. El Fobaproa se hizo cargo de una parte significativa de la cartera vencida de los bancos apoyados, pero, como siempre, no se evaluaron la calidad de esta cartera ni las razones de su deterioro.

Es probable que fuera precisamente la manera en que actuó la CNBV frente al deterioro de los bancos la que llevó a mantener la operación Casablanca oculta a las autoridades financieras del país, que siempre han señalado que la banca comercial es ajena a operaciones de lavado.

Así las cosas, la operación Casablanca ha evidenciado la debilidad de la banca comercial para detectar el lavado y ha evidenciado a las autoridades financieras, la CNBV, la Secretaría de Hacienda e incluso al Banco de México como incapaces de ordenar y evitar irregularidades de este tipo.

Por ello, vale la pena repetir las preguntas que tienen frente a sí los legisladores: ¿la CNBV debe ser autónoma? ¿Deben darse mayores responsabilidades al Banco de México? ¿La deuda del Fobaproa debe consolidarse como deuda pública?