Adolfo Sánchez Rebolledo
Casablanca y el Estado

Estados Unidos acaba de poner punto y aparte a una vieja querella bilateral sobre la presencia encubierta de sus agentes en territorio mexicano. Actuando por su cuenta, sin acuerdos previos, sin notificar sus intenciones a la cancillería, sin decir agua va a sus colegas, la justicia norteamericana dio un certero golpe al lavado de dinero en bancos nacionales pero esa acción, enteramente justificable, puso de manifiesto su desprecio por las leyes que concretan la igualdad entre los Estados.

Olvidándose por completo de las continuas llamadas a estrechar los vínculos de colaboración binacionales en el combate al narcotráfico, las autoridades del país vecino realizaron una vasta operación sustentada en la más completa desconfianza hacia las autoridades y los banqueros mexicanos, poniendo en ridículo a los encargados de aplicar los programas conjuntos. Al parecer de eso se trata. No se explica, de otro modo, que a las autoridades judiciales y hacendarias de Estados Unidos les importe un comino la evidente parcialidad en que incurren al denunciar e investigar el lavado de dinero en bancos foráneos dejando de lado incluso la mención de los ilícitos que seguramente ocurren en su propio sistema financiero.

El éxito de la llamada operación Casablanca, a la que ahora apoyan ``incondicionalmente'' el señor Gómez y Gómez y los demás banqueros mexicanos, puso en tela de juicio la confiabilidad de los mecanismos de supervisión bancaria, justo en el momento que se discute en México el destino del Fobaproa. No es poca cosa, tomando en cuenta la inestabilidad que acompaña nuestra incierta recuperación.

Y aunque al señor Gurría le parezca lo contrario, cualquiera puede darse cuenta que la operación Casablanca tiene profundas implicaciones políticas. Por lo pronto refuerza la imagen de vulnerabilidad y desastre que desde hace ya algún tiempo proyecta México en el mundo. La carencia de una información contextual impide, justamente, que la opinión pública vea en estos actos delictivos casos aislados que no comprometen la integridad de las instituciones. Ahora le tocó a los petulantes banqueros, pero la influencia corruptora del crimen organizado ya había llegado antes a las fuerzas policiacas, los políticos y los militares. Nadie está a salvo.

Mediante la operación Casablanca las autoridades norteamericanas están diciendo con todas sus letras que en esta materia --y tal vez en muchas otras-- hay temas que por su importancia no deben dejarse en manos de los mexicanos. Naturalmente que en este punto hay quienes gustosamente están dispuestos a tenderles la mesa, como se comprueba al revisar la obsequiosa actitud de banqueros y autoridades judiciales ante las denuncias presentadas en Estados Unidos. Esta mentalidad de protectorado se expande a través de una red infinita entre amplios sectores que lamentan no haber nacido en Miami y se pliegan ante la menor iniciativa norteamericana, actuando como si las instituciones nacionales fueran males prescindibles.

Hace unos pocos años se decía que lo mejor era tener un Estado fuerte pero democrático. Los más radicales llegaban a declarar que la fortaleza del Estado era una consecuencia de su carácter democrático. Hoy, al cabo de una década de reformas, el Estado es más democrático pero visto en perspectiva también es menos fuerte. En la agenda pendiente de las reformas del Estado habrá que poner este punto a consideración: construyamos el régimen democrático que la ciudadanía desee pero no clausuremos el Estado, por favor.