Familiares del secuestrado de Chrysler hacen a un lado a la PGJDF

Humberto Ortiz Moreno Ť Bajo consejo de la comunidad judía en esta capital, la familia de Eliot Margolis Freedman, secuestrado el martes pasado por un comando de nueve sujetos, rechazó los servicios de la Procuraduría capitalina para actuar en la investigación del delito y contrató a un extraño personaje que se dice abogado, ofrece toda su experiencia en la mediación con plagiarios y presenta a sus potenciales clientes en desgracia un récord de, según él, más de 170 casos resueltos satisfactoriamente.

Ante esta situación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) insistió en el imperativo de permitir que la autoridad intervenga a fin de no otorgar carta de impunidad a los delincuentes.

``Consideramos indispensable su cooperación para la investigación y resolución debida del caso'', consignó la institución ante los parientes del acaudalado empresario.

Pero la familia Margolis se cerró y optó por el presunto negociador privado cuyas cartas de presentación despiertan sospechas entre los investigadores y obligan a una indagatoria acuciosa del caso.

Así, expertos en este tipo de ilícitos alertan a la población que pudiera ser eventualmente afectada, a futuro, por un secuestro, a fin de que no contraten servicios de bufetes o particulares que, honorarios de por medio, garanticen una intermediación exitosa, pues incluso podrían estar involucrados con los plagiarios. Y es que, de acuerdo con el artículo 366 del Código Penal, tanto familiares como intermediarios podrían ser sujetos de sanciones por contratar o ejercer, en su caso, una ``profesión'' que está prohibida por la ley.

De entrada, las fuentes consultadas judiciales no descartan que pudiera tratarse de un plagio ejecutado por la banda de los Arizmendi, si bien el modus operandi habría sido modificado. Ese grupo delictivo sólo opera en lugares abiertos, pero como las policías han golpeado su estructura organizacional el cabecilla de la banda, Daniel, estaría retando a las autoridades.

De acuerdo con observaciones de investigadores, la banda de secuestradores es profesional. Utilizó dos vehículos medianos de señuelo y uno grande para abrir paso (la Ram Charger), todos veloces.

Asesorada por la Comunidad Judía a la que pertenece, la familia de Margolis Freedman decidió prescindir del apoyo de la Procuraduría de Justicia capitalina y contratar a un misterioso abogado que, sin reconocimiento oficial, se vanagloria de haber resuelto satisfactoriamente más de 170 casos de secuestro.

El plagio fue denunciado por José Antonio Barba Romero, ejecutivo de ventas de la agencia Automotores de México S.A. de C.V., ubicada en avenida Universidad 1374, colonia Del Carmen, de la delegación Coyoacán, integrándose la averiguación previa 32/1469/98-05.

El Ministerio Público dio inmediata intervención a la Policía Judicial para la indagatoria exhaustiva y solicitó la cooperación de los parientes directos de Margolis. Pero obtuvo una negativa rotunda.

Conforme a las cifras que sobre este ilícito constan en la Procuraduría capitalina, en el Distrito Federal han ocurrido 84 delitos relativos a secuestros: siete con detenido, nueve en los que la víctima fue liberada sin hacer pago alguno; seis en donde los familiares solicitaron que la policía se retirara al momento del pago; otros seis con apoyo a diferentes estados de la República; dos autosecuestros; 11 extorsiones; 15 privaciones ilegales, y 18 diversos.

La Procuraduría General de Justicia del DF asegura haber disuelto siete bandas, poniendo a 21 personas a disposición de Ministerios Públicos y jueces; 15 vehículos decomisados y 10 armas. En total, han sido consignadas 80 personas por delitos diversos relacionados con secuestros.

Las fuentes consultadas admitieron que las acciones de las bandas de plagiarios seguramente cuentan con respaldo e información de elementos judiciales corruptos que protegen sus operaciones.