Mencionan a Carrillo Olea y Beltrones en el maxiproceso

Gustavo Castillo García Ť Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la influencia del cártel de Juárez alcanzó no sólo a empresarios, militares y policías de todas las corporaciones, sino que llegó a la misma residencia oficial de Los Pinos.

Juan Galván Lara, subteniente del Ejército Mexicano y testigo protegido de la PGR en el juicio que se le sigue al general Jesús Gutiérrez Rebollo, aseguró en su declaración ministerial del 19 de febrero de 1997 de manera textual: ``el propio (Eduardo) González Quirarte me manifestó que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, éste lo mandó traer a la ciudad de México junto con su hermano René, para decirle que no quería saber nada de él, por lo que debía salir del país, siendo la razón por la que se trasladó a Ojinaga, Estados Unidos, donde permaneció sin saber cuánto tiempo''.

Eduardo González Quirarte y su hermano René, según la declaración de Tomás Colsa McGregor (también testigo de cargo en el proceso penal contra integrantes del cártel de Juárez), fungieron como administradores de los bienes de Amado Carrillo Fuentes y encargados de la adquisición de armamento y de aparatos de radiocomunicación y de inteligencia para la organización que aquél dirigía.

Sobre Eduardo González Quirarte pesa una orden de aprehensión por delitos contra la salud, la cual está incluida dentro de otras 60 órdenes que obtuvo la PGR en el llamado ``maxiproceso'' contra el cártel de Juárez.

La reunión a la que aludió Galván Lara supuestamente ocurrió luego de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ya que, por esa misma fecha, otro de los integrantes del referido cártel, Luis Octavio López Vega, El Profe, huyó a Estados Unidos, debido a que se le acusó de estar involucrado en el homicidio del prelado.

López Vega retornó después de un año y fue designado director de Seguridad Pública en Zapopan, Jalisco. En 1996, cuando el general Gutiérrez Rebollo llegó al desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el militar lo designó jefe de asesores.

Por su parte, Eduardo González Quirarte y su familia supuestamente arrendaban las tierras que circundan la Quinta Región Militar para sembrar maíz, pero en sus declaraciones ministeriales Galván Lara dice que el general Gutiérrez Rebollo sabía que Amado Carrillo Fuentes y Eduardo eran compadres.

González Quirarte informó a los mandos militares que no perseguirían a Carrillo

Respecto de Eduardo, Gutiérrez Rebollo asegura que González Quirarte visitó, con autorización del titular de la Sedena, a los altos mandos militares, como el jefe del Estado Mayor, general Juan Salinas, e informó ``sobre un supuesto arreglo que estaba llevando a cabo para no efectuar acciones contra Amado Carrillo Fuentes, con unos licenciados de la Presidencia de la República, para lo cual uno de los puntos de arreglo era que la policía del INCD no llevara a cabo operativo alguno y que iban a aportar a dichos licenciados la cantidad de 60 millones de dólares''.

Nunca dijo quiénes eran esos licenciados, pero sí que, como parte del acuerdo, recibieron 2 millones de dólares.

Sin embargo, las relaciones de Amado Carrillo Fuentes y sus operadores con políticos, militares y policías, no quedó allí. De las declaraciones ministeriales de implicados en el llamado ``maxiproceso'' se desprende que políticos de la talla de los ex gobernadores Jorge Carrillo Olea, de Morelos, y Manlio Fabio Beltrones, de Sonora, entraron en contacto con miembros de esta organización delictiva.

Del grueso legajo que dio forma a varios procesos legales vinculados con el narcotráfico se desprenden los testimonios.

Manuel Bitar Tafich, operador financiero de Amado Carrillo Fuentes en Chile y Perú, confesó el 3 de agosto del año pasado ante el Ministerio Público Federal lo siguiente:

``En 1997, en una reunión en la casa de las Terrazas, en el Distrito Federal, en una ocasión me comentó (Amado) que el gobernador de Morelos, general Jorge Carrillo Olea, y el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, eran amigos de él.''

En el caso del ex mandatario de Morelos, la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones relativas al involucramiento de agentes judiciales de esa entidad en secuestros y en la protección a narcotraficantes, entre ellos Amado Carrillo Fuentes y Juan José Esparragoza, El Azul.

Asimismo, el extinto Señor de los Cielos poseía una casa en las calles de Amacuzac y Calzada de los Estados, a escasos 100 metros de la casa de gobierno, en la colonia Vista Hermosa, pero el gobierno de esa entidad nunca se enteró de la presencia de dicho narcotraficante en el lugar, como tampoco de que desde antes de 1994 poseía y habitaba, junto con su esposa, la hacienda La Luz, también ubicada en el municipio morelense de Tetecala; igualmente, guardaba sus aviones en el aeropuerto Mariano Matamoros de la capital del estado.

Sin embargo, el 4 de octubre de 1997 la PGR deslindó a los gobernadores antes citados de tener vínculos con el narcotráfico, luego de que ambos presentaran una denuncia penal contra los periodistas Sam Dillon y Craig Pyes. del diario estadunidense The New York Times, debido a que los mencionan en el reportaje ``Ligas de traficantes de droga involucran a dos gobernadores mexicanos''.

El ``maxiproceso'', integración de varias averiguaciones previas

El llamado ``maxiproceso'', según lo expresó Mariano Herrán Salvatti el 9 de marzo de este año, consiste en la integración de varias averiguaciones previas, que abarcaron el conocimiento de la estructura orgánica del cártel de Juárez: los sujetos activos dedicados al transporte y protección de cargamentos de narcóticos, los sicarios encargados de intimidar y ejecutar a sus oponentes, la complicidad y corrupción de miembros de instituciones de seguridad, las actividades de supervisión y dirección de la organización criminal y aquellos que se dedicaban al lavado de dinero proveniente de las operaciones ilícitas.