La Jornada 22 de mayo de 1998

ONG: se difama a las asesinadas en Ciudad Juárez en el discurso oficial

Alma E. Muñoz. Ť El discurso oficial reitera que las 133 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 1993 a la fecha --según los registros de organizaciones no gubernamentales--, fueron prostitutas, alcohólicas, drogadictas, trabajadoras de table dance, estudiantes y jóvenes a quienes les gustaba salir con muchos hombres. La realidad, de acuerdo con organismos de derechos humanos, deriva de las condiciones de vida de quienes laboran en maquiladoras.

A dos meses de que el procurador de Justicia del estado, Arturo Chávez Chávez, deje el puesto, 21 ONG y el PRD iniciarán el 24 y 25 de mayo la campaña Ni una más, para pedir que se frene la violencia --no sólo en Ciudad Juárez, sino en toda la zona fronteriza-- contra las mujeres, así como presionar a las autoridades para que las investigaciones tomen un cauce y se identifique a los victimarios reales.

En conferencia de prensa organizada por las ONG, se lamentó que a pesar de la presión ejercida por la prensa nacional e internacional, los grupos de mujeres organizadas, de derechos humanos y legisladoras federales, no se esclarezca el móvil de los crímenes cometidos contra trabajadoras de maquiladoras con características específicas, que eran de pelo largo y morenas.

También señalaron que el número de homicidios se ha incrementado. Patricia Duarte, de la Asociación Mexicana contra la Violencia a las Mujeres, indicó que en el presente año se han presentado 17 casos más. Ante la gravedad del problema y la falta de resultados, el 12 de mayo pasado legisladores de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados se reunieron con Chávez Chávez para establecer 16 compromisos, entre los que destaca organizar reuniones de trabajo con autoridades estatales y municipales, así como representantes de las maquiladoras; solicitar una entrevista con el presidente Ernesto Zedillo para pedirle ``recursos especiales y lograr la aplicación de los programas preventivos y de combate a la delincuencia, que emanen de las reuniones anteriores''; revisión de las leyes en la materia, realización de un estudio sociológico de la zona fronteriza y solicitar el apoyo de la Unidad de Interprocuradurías de la Conferencia Nacional de Procuradores.

Carmen Lozada, de la Secretaría de la Mujer del PRD, expuso que su partido está comprometido a contribuir para que se esclarezcan los asesinatos y, al igual que Patricia Olamendi, Laura Vilchis y Elena Tapia, integrantes del grupo Plural Pro Víctimas, dijeron que lo importante es realizar a nivel estatal acciones que permitan acelerar las investigaciones, y por supuesto, no desechar cualquier línea de investigación.

Durante su estancia en Chihuahua, las representantes de derechos humanos pedirán que se profundice en la investigación sobre la base de reconocer que los asesinatos corresponden a diferentes problemáticas y que por tanto deben tener una respuesta jurídica y social diferenciada, que las víctimas no figuren solamente en los archivos policiales como una cifra más en la lista que se incrementa desmesuradamente, cumplimiento irrestricto de los compromisos derivados de la reunión con el procurador, reforzamiento de la fiscalía especial para investigar los homicidios de las mujeres, coadyuvancia de las familiares de las víctimas, que se establezcan convenios de colaboración con la Procuraduría General de la República y otras procuradurías estatales, además de que el gobierno del estado cree un Fideicomiso de Apoyo a los Familiares de las Víctimas en conjunto con los distintos grupos de la sociedad.

Sobresale en la petición que ``haber muerto por violencia intrafamiliar nos habla de hacinamiento, pobreza y violencia de género; reconocer que morir por crímenes de pasión debe dar lugar a informar a las y los jóvenes juarenses los riesgos de entablar relaciones prematuras y desiguales; morir a manos de un posible psicópata debe de prevenirse con políticas, no de bola de cristal, sino con aquellas políticas que den paso a condiciones de seguridad y calidad de vida, que impidan que los asesinatos se den impunemente y sin poner en duda la moralidad y forma de vida de cada víctima, porque los prejuicios acerca de las condiciones en que se dan y se han dado los asesinatos, sólo empañan y distorsionan las investigaciones''.