Protesta México: EU incumplió acuerdos antinarco
Gustavo Castillo y Alonso Urrutia Ť El gobierno mexicano presentó una formal protesta ante el Departamento de Estado en Washington, debido a que parte de las investigaciones de la operación Casablanca se realizaron en territorio nacional, lo que contradice el informe inicial del gobierno de Estados Unidos en torno a operaciones de lavado de dinero. México externó ``su profunda preocupación y extrañeza'' por el rompimiento de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
Paralelamente, se solicitó al gobierno de Estados Unidos la presencia en México de funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Justicia para ``esclarecer los hechos y establecer lo que proceda conforme a las leyes mexicanas''. La solicitud ya ha sido aceptada y la visita ``de dichos funcionarios será aprovechada para determinar las acciones conjuntas a desarrollar en el futuro''.
Viraje de la PGR
En un viraje sustancial respecto a la posición inicial de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar sostuvo que del análisis ``cuidadoso'' de los últimos documentos recibidos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en torno a la operación Casablanca existe la presunción de que informantes al servicio del gobierno estadunidense hubieran podido realizar entrevistas en territorio mexicano.
La nota diplomática de protesta presentada por la embajada mexicana destaca que ``no obstante la existencia de acuerdos bilaterales de cooperación contra el narcotráfico y delitos conexos, como el lavado de dinero, las autoridades correspondientes de nuestro país no fueron informadas oportunamente sobre esta operación''.
De acuerdo con la Estrategia Bilateral de Cooperación contra las Drogas México-Estados Unidos, ambas partes reconocen que ``las dimensiones actuales del narcotráfico internacional y los delitos conexos rebasan las fronteras y las capacidades de las naciones para enfrentarlos aisladamente''.
Sin embargo, apenas el martes 19, al día siguiente en que se daba a conocer la operación Casablanca desde Washington, el titular de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, Samuel González, declaró que ese país ``no necesitaba consultarla con nosotros, porque era una operación bajo cobertura de Estados Unidos, en territorio estadunidense, que involucra a personas extranjeras, físicas, en el caso de ellos, morales, extranjeras; no tenían por qué dárnosla a conocer, más que cuando ellos juzgaron oportuno en los términos de los acuerdos bilaterales''.
Ayer fue diferente. El anuncio en torno a la inconformidad mexicana por la operación Casablanca lo formuló el procurador, Jorge Madrazo Cuéllar, durante una conferencia de prensa en la que informó también sobre la detención de cinco personas relacionados con la investigación del Departamento de Justicia, el aseguramiento de 129 cuentas bancarias cuya titularidad corresponde a 85 personas y cuyos saldos ascendían aproximadamente a 1.6 millones de dólares y a 1.3 millones de pesos mexicanos.
Los detenidos considerados como probables responsables del delito de lavado de dinero son: Carlos Escoto Alcalá, gerente de la sucursal Chapala de Bancomer, en el estado de Jalisco; Miguel Barba Martínez y Jorge Milton Díaz Mecina, gerente y subgerente de servicios de Banca Confía en Tepatitlán, Jalisco; Jorge Sergio Calderón Fernández, gerente de Banca Promex, sucursal Hidalgo, en Zamora, Michoacán, así como Gildardo Martínez López, funcionario de Banco Bital, en Acatic, Jalisco.
Los antes mencionados, según Madrazo, ``hasta el momento han aceptado su participación en operaciones relativas al lavado de dinero, pero también han aceptado colaborar con la justicia mexicana''.
Al referirse al desarrollo de la operación Casablanca, el procurador general de la República dijo que del análisis cuidadoso de las tres acusaciones penales estadunidenses y ``a diferencia de lo que fue informado originalmente por el gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que las investigaciones de la operación se habían realizado íntegramente en territorio estadunidense, se desprende que durante los tres años que duró, existe la presunción de que informantes al servicio del gobierno estadunidense hubieran podido realizar entrevistas en territorio mexicano''.
Por ello, dijo que la PGR ha comenzado un análisis jurídico de la conducta llevada a cabo en territorio nacional por los informantes encubiertos, y que de confirmarse se podría desprender la violación de disposiciones de la legislación mexicana.
Nota diplomática de protesta
Al dar a conocer la presentación de la nota diplomática de protesta, la cancillería informó que se dieron instrucciones a la embajada mexicana para externar la inconformidad por el ``evidente incumplimiento de los principios fundamentales en los que debe sustentarse una auténtica cooperación bilateral contra el narcotráfico y sus delitos conexos''.
La embajada mexicana en Washington presentó ayer mismo la nota diplomática de protesta ante el Departamento de Estado objetando las actividades desarrolladas en territorio nacional con la operación Casablanca.
Dicha operación, realizada por los departamentos de Justicia y del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, contraviene los acuerdos bilaterales alcanzados en el contexto de las reuniones del denominado Grupo de Contacto de Alto Nivel, que parte del reconocimiento de ambos gobiernos de que el ``lavado de dinero es un crimen trasnacional, motivo por el cual consideran la cooperación bilateral y multilateral como una herramienta esencial en el combate al narcotráfico''.
Documento de estrategia bilateral
El documento que contiene la estrategia bilateral subraya que México y Estados Unidos darán ``mayor prioridad a las investigaciones coordinadas realizadas de conformidad con el acuerdo específico en la materia (Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información Respecto de Transacciones Realizadas a través de Instituciones Financieras para Combatir Actividades Ilícitas)''
La estrategia bilateral --ratificada en febrero pasado-- subraya en lo concerniente al combate al lavado de dinero que ``se intercambiará de forma esponánea la información pertinente o significativa para la detección, la prevención y el combate al lavado de dinero''.
Ambos países asumen el compromiso de ``acelerar el intercambio de información en esta materia''.
Los acuerdos establecidos en el Grupo de Contacto de Alto Nivel señalan que se incrementará el intercambio de información sobre los reportes de operaciones sospechosas y relevantes que estén relacionadas con blanqueo de fondos.
Los compromisos de México y Estados Unidos en el combate a este delito incluyen la adopción de medidas concretas en ambos lados de la frontera para ``garantizar que los bancos y otras entidades financieras, así como sus funcionarios y empleados cumplan con los requisitos de conservación de los registros de operaciones y los reportes de transacciones ''.
La embajada solicitó ampliar la información con objeto de esclarecer los hechos en torno a la operación Casablanca, esto es, ``sobre todas y cada una de las acciones que hayan tenido lugar en territorio nacional. Una vez que se cuente con todos los elementos pertinentes, el gobierno mexicano procederá conforme a derecho''.
La cancillería mexicana subrayó que para México tanto el narcotráfico como el
El gobierno nacional externó que continuará con el combate frontal contra el narcontráfico para preservar a las instituciones, mantener la protección a la salud de la población y en ``solidaridad'' con los esfuerzos de toda la comunidad internacional.