La Jornada 23 de mayo de 1998

El caso Fobaproa, sin prioridad en el acuerdo de la SG con legisladores

Andrea Becerril y Mireya Cuéllar Ť La discusión sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) forma parte de la agenda legislativa consensuada por las fracciones parlamentarias y el secretario de Gobernación; es una de las diez iniciativas, pero está al mismo nivel de las demás, ya que ni siquiera se discutió darle prioridad, informó el coordinador de los senadores del PRD, Ernesto Navarro.

Explicó que tanto en el caso del Fobaproa como de las demás iniciativas del paquete financiero, el acuerdo es que en la Cámara de Diputados --que es la cámara de origen-- continúen la discusión y el análisis, y una vez listo el dictamen, si es antes de septiembre, se llame a un periodo extraordinario.

Navarro señaló que el PRD insistirá en que se concluya la auditoría al Fobaproa.

Durante la reunión que los coordinadores parlamentarios tuvieron el jueves con el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, se acordó no esperar a que concluyan las auditorias al Fobaproa para que sus pasivos se conviertan en deuda pública, pues el proceso podría durar hasta tres años y sería una ``irresponsabilidad política'' aplazar tanto la decisión, sino que la oposición podría avalar la propuesta del Ejecutivo una vez que se conozcan los resultados de un muestreo sobre todo el programa de auditorías.

``El muestreo será un elemento de toma de decisión para decir `sí, avalamos la decisión', o `no'. Nos permitirá tener una idea de lo que pasó con el Fobaproa y garantizar de que se actuará. Si empiezan a surgir las primeras responsabilidades no habría por qué esperar hasta las últimas'', explicó ayer el diputado panista Juan Miguel Alcántara.

Aclaró que no hay un plazo para tomar esa decisión, pero serán necesarios ``dos o tres años para concluir las auditorías, y el país no puede esperar tanto esa decisión''.

En tanto, la diputada perredista Dolores Padierna dijo que la postura de los legisladores de oposición no es un capricho, ya que la propuesta del Presidente de convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa es sólo un paliativo.

``Lo que los diputados del PRD planteamos es una solución permanente, de fondo, porque de lo contrario la crisis bancaria que ahora padecemos se convertirá en una crisis fiscal''.

La vicecoordinadora de política económica del PRD explicó: ``Cuando se agoten las fuentes de financiamiento normal que ha utilizado el gobierno, al emitir monedas sin respaldo crediticio, tendrá que declarar la quiebra de las finanzas públicas y optará por un alza impresionante de todos los impuestos y tarifas de servicios''.

El gobierno, dijo, pretende acudir al Congreso para convertir en deuda pública algo que hasta ahora se ha financiado mediante Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes). ``Es decir, necesita un cete nuevo con respaldo público, una deuda interna que se triplicaría al pasar de 265 mil a 800 mil millones de pesos; el problema es que esa deuda no sería pagable. De ahí nuestro argumento de que el gobierno pretende resolver una catástrofe financiera con otra mayor''.

Antes de dictaminar la iniciativa, añadió la diputada Padierna, se requiere conocer el resultado de las auditorías. La realizada por el PRD, expuso, revela infinidad de irregularidades, entre ellas que en el Fobaproa hay créditos de la privatización, es decir, que los banqueros adquirieron las instituciones con un crédito de su propio banco que luego no pagaron y lo trasladaron al fondo. ``Entonces, no sólo se beneficiaron de la privatización de la banca, sino que ahora quieren que los contribuyentes paguemos esa deuda''.

En la iniciativa sobre el Fobaproa, añadió, el gobierno pretende juntar toda la deuda de la banca en un solo concepto; la llama deuda pública ``y quiere que en la Cámara de Diputados se apruebe en masa, sin detallar, sin discriminar, sin analizar crédito por crédito. ``No pretendemos analizar cada uno de los 5 mil créditos emitidos por el Fobaproa, pero sí los 604 más importantes que encontramos, porque hay algunos de 500, 800 y hasta mil 500 millones de pesos. Queremos saber a quién le dieron un crédito de esta naturaleza, ya que se pretende que lo paguemos los contribuyentes''.

La legisladora aseguró además que a partir del escándalo Casablanca varios banqueros han intentado limpiar sus expedientes, por lo que el PRD pedirá la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.