La aprehensión, dada a conocer ayer por la Procuraduría General de la República, de Daniel Arizmendi Arias --hijo de Daniel Arizmendi López, jefe de una banda de secuestradores que adquirió una torva notoriedad por mutilar y asesinar a sus víctimas-- representa un primer paso importante para la desarticulación de las organizaciones criminales que han mantenido en vilo a la sociedad del estado de Morelos. Además, las autoridades judiciales lograron la detención de otros seis integrantes de la banda --entre ellos la esposa, la hija y la nuera de Arizmendi López--y decomisaron diversos inmuebles utilizados por los hampones como casas de seguridad y confiscaron 30 millones de pesos en moneda nacional y estadunidense, 600 centenarios, equipo de comunicaciones e importantes cantidades de armamento.

Aunque cabe congratularse por la aprehensión de estos peligrosos delincuentes, quienes habrían realizado robos y secuestros no sólo en Morelos sino también en Puebla, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el estado de México y el Distrito Federal, la detención de una parte de la banda de los Arizmendi no debe ser motivo de triunfalismos. El hecho de que el dirigente de esa grupo criminal haya conseguido escapar con la ayuda, según información recabada por este diario, de presuntos miembros de corporaciones policiacas deja en claro que la lucha contra la delincuencia y las urgentes tareas de depuración y moralización de las instancias de impartición y procuración de justicia de Morelos --y del país-- todavía se encuentra en su etapa inicial. En buena medida, la actividad de criminales como los Arizmendi no sería posible sin la complicidad o la tolerancia de policías y funcionarios corruptos.

Por otra parte, no debe pasar inadvertido que estas detenciones se registraron en un momento coyuntural: la separación de Jorge Carrillo Olea de su cargo de gobernador de Morelos. Aunque no existen pruebas que involucren directamente a Carrillo Olea con la banda de los Arizmendi o con otra organización criminal, el hecho de que algunos de sus más cercanos colaboradores --entre ellos el exprocurador estatal, Carlos Peredo Merlo, y el ex director del Grupo Antisecuestros de Morelos, Armando Martínez Salgado-- hayan sido consignados por su presunta complicidad con las bandas de delicuentes que operan en el estado, puso en entredicho al ahora exgobernador, al grado de que el Congreso local declaró la procedencia de un juicio por responsabilidad administrativa en su contra.

Ciertamente, los morelenses podrán sentirse un poco más tranquilos luego de la aprehensión de algunos de los Arizmendi, pero esta circunstancia por sí sola no garantiza el fin de la inseguridad pública, la corrupción y la impunidad en Morelos. Por ello, resulta indispensable que, por un lado, se logre la detención de Arizmendi López, se esclarezca si éste contó con la complicidad de elementos policiacos en su huida, se identifique a los responsables y se les castigue conforme a derecho y, por el otro, se redoblen los esfuerzos para el desmantelamiento del resto de las organizaciónes criminales que permanecen activas e impunes --en Morelos y en el resto del país-- y que representan una grave e intolerable amenaza para la sociedad.