Sin mencionarlo por su nombre, como lo hace siempre, el pasado día 19 en Chenalhó, el presidente Zedillo llamó al EZLN a entablar un diálogo directo, a confiar en la democracia y en la política. En otras circunstancias tal convocatoria sería plausible. Pero después de varios años de aplicación gubernamental de una estrategia cuya meta es derrotar al zapatismo y burlar las demandas del movimiento indígena, esa invitación a dialogar tiene otro significado y propósito. Por eso, más allá del señor Emilio Rabasa y de los círculos oficiales y uno que otro dirigente político de oposición, como Felipe Calderón del PAN, que se hicieron eco de las palabras presidenciales, dicho llamado sonó a hipocresía y simulación política; además reveló de nueva cuenta el menosprecio ilimitado de los hombres del gobierno a la inteligencia y memoria de la opinión pública.
El llamado del doctor Zedillo no está dirigido en realidad al EZLN; él y sus estrategas no tienen interés ni prisa en negociar, además saben perfectamente que no existen hoy condiciones para que se sienten alrededor de una mesa de negociaciones representantes gubernamentales y del zapatismo. Las palabras presidenciales tienen pues otros propósitos, son los de manipular a la opinión pública nacional y de otros países; están encaminadas a aislar políticamente al EZLN imputándole intransigencia, y construirle al gobierno una increíble imagen conciliadora y a enmascarar sus acciones en Chiapas, contrarias por completo a cualquier solución política de los problemas.
Si después de las negociaciones y acuerdos promisorios de San Andrés se alejaron las posibilidades de nuevos acuerdos y de continuación del proceso negociador que conducía a la paz en Chiapas y a la conversión del EZLN en una fuerza política, la responsabilidad es exclusiva del gobierno. Su incumplimiento de lo convenido y su guerra especial o de baja intensidad, obligaron al EZLN a suspender unilateralmente las reuniones con el gobierno. La organización zapatista no tenía otra alternativa si no quería engañarse y engañar al movimiento indígena.
Después de suspendidas las negociaciones, el gobierno lejos de mostrar la mínima disposición conciliadora e iniciativas para reconstruir el clima propicio para reanudar el diálogo, ha hecho todo lo necesario para mantener empantanado el conflicto. Al rechazar la iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, elaborada por la Cocopa a fines de 1996 --aunque se había comprometido a aceptarla--, desdeñó una oportunidad para sacar el conflicto del punto muerto en que había entrado, además intensificó su táctica de acoso y desgaste, de división de las comunidades, de creación de grupos paramilitares, de aumento de los efectivos del ejército en función de policía, en una zona donde sólo existen comunidades desarmadas e indefensas. Todo eso desembocó en la matanza de Acteal, cuyos instigadores o autores intelectuales gozan de la protección oficial.
Y hoy en el marco de su estrategia para derrotar al EZLN el gobierno lleva a cabo una enérgica ofensiva para alcanzar sus metas: presiona severamente a las comunidades indias, asalta a municipios autónomos y amaga con más violencia; acosa a los observadores extranjeros. Asimismo, sin mencionarlos tampoco por su nombre, Zedillo ataca al PRD porque no se subordina a sus enfoques sobre Chiapas, y a la Conai que no admite que la función de intermediarios sea la de simples recaderos. Para cerrar las pinzas y triturar al EZLN y al movimiento insurgente indígena, el gobierno pretende obligar a los partidos de oposición a aprobar su Ley sobre Derechos y Cultura Indígena que niega la esencia de los acuerdos de San Andrés. En estas condiciones el llamado de Zedillo del martes en Chenalhó es a que se acepte el incumplimiento de esos acuerdos y a un diálogo con la pistola en el cuello del EZLN. La respuesta sólo podía ser negativa y la dieron los zapatistas en boca de Salvador, uno de sus dirigentes. La sociedad también debe rechazar ese acto de simulación irresponsable.
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