Dispersan granaderos un plantón antorchista en Monterrey

David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL., 23 de mayo Ť Cincuenta granaderos desalojaron la madrugada de este sábado a un grupo de cien integrantes de Antorcha Campesina que desde hace cinco días protestaban con un plantón en la Macroplaza de esta ciudad.

Los policías despojaron a los manifestantes de su equipo de sonido, una planta de luz, mesas y sillas, además de libros y cuadernos de los estudiantes que participaban en la protesta, informó el dirigente estatal del Movimiento Antorcha Campesina, Juan Cruz Castillo.

Por otra parte Elpidio Tovar de la Cruz, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que es un gran fraude el gobierno del empresario Fernando Canales Clariond, pues en forma descarnada muestra su verdadera faz autoritaria y represiva al no dar respuesta satisfactoria a los problemas sociales de la entidad.

Dijo que el PRD considera retirarse de la mesa del diálogo político, pues no tiene caso discutir ``con un gobierno elitista y engañoso que no respeta su palabra'', y agregó que hace dos días fueron detenidos en sus casas los campesinos José Luis Obregón Pérez, ex candidato del PRD a la alcaldía de Doctor Arroyo, y el tallador de lechugilla Trinidad Pérez Lara.

Asimismo, fue aprehendida María Guadalupe Lucio, cuando llevaba a sus tres hijos a la escuela, quienes también quedaron dentro de las celdas municipales. Además, están pendientes de ejecutarse las órdenes de aprehensión contra otros nueve campesinos que fueron amparados por abogados del PRD que los asesoran, añadió Tovar.

Los campesinos habían ocupado el pasado 5 de mayo un inmueble que se localiza en Doctor Arroyo y que perteneció a una cooperativa forestal, cuyo patrimonio se constituyó con aportaciones de jornaleros ixtleros de cinco estados del país, entre ellos Nuevo León.

El perredista expuso que los campesinos sostienen que no fue legal la venta de los bienes muebles e inmuebles en ese entonces, pues no se les pidió su consentimiento y por ello iniciaron una lucha para recuperar las propiedades que fueron malbaratadas a particulares.

Tovar subrayó que lo más grave es que el gobierno estatal procedió a las detenciones cuando en Monterrey una comisión dialogaba con funcionarios de la Secretaría de Gobierno para llegar a una solución negociada al conflicto.