Pablo Salazar Mendiguchia
Sistema financiero y soberanía

Bien dicen que el hilo se rompe por la parte más delgada. Y, hoy por hoy, el sector de mayor fragilidad en el país es el sistema bancario nacional.

Por esa razón, la operación Casablanca constituye un certero e inteligente golpe de las agencias gubernamentales estadunidenses cuyo sentido y alcances aún hoy pocos pueden vislumbrar.

Desde hace ya bastante tiempo que las instituciones bancarias se encuentran sumidas en una profunda crisis de credibilidad y confianza nacional. Y no es para menos.

La historia todos la conocemos. Una banca nacionalizada que fue privatizada con el propósito de hacerla más ``eficiente'' (``adelgazar'' al Estado), cuyos recursos obtenidos de su venta fueron utilizados para pagar deuda interna; bancos que fueron vendidos en operaciones poco claras a personas no idóneas para su manejo (como ya se ha tenido que reconocer); un sistema bancario privado excesivamente voraz, con una conducción administrativa ineficiente; banqueros desaparecidos, en proceso de extradición o encarcelados por malos manejos financieros y por defraudar a los ahorradores; bancos quebrados a cuyo rescate ha tenido que acudir el gobierno para después venderlos en un monto inferior del gastado en su salvación; entre otras cosas.

Es en el marco de esa compleja situación por la que atraviesa el sistema bancario nacional, en la que se combina una peligrosa fragilidad financiera con la falta de confianza y credibilidad nacional en los banqueros, que ocurre el anuncio por parte de funcionarios gubernamentales estadunidenses de los resultados de la investigación conocida como operación Casablanca.

El escándalo internacional que ha suscitado dicha operación viene a sumarse, como un eslabón muy pesado, a la cadena de acontecimientos de nota roja en los que últimamente se ha visto envuelta la banca mexicana.

Pero más allá del desprestigio de los banqueros y las instituciones bancarias mexicanas, la operación Casablanca debe ser analizada a la luz de los enormes intereses que están en juego en la relación bilateral México-Estados Unidos.

Si bien los funcionarios gubernamentales del vecino país del norte afirman que dicha operación fue planeada desde 1995 y que culminó apenas el fin de semana pasado, no deja de llamar la atención que su anuncio coincida con la actual situación política y financiera que vive México.

Sin pretender eximir de responsabilidades a quienes se hubieran visto involucrados en hechos delictivos, resulta difícil creer que este escándalo financiero coincida de manera casual con la discusión de la propuesta para autorizar la inversión de 100 por ciento de capital extranjero en el sistema bancario mexicano (un debate caracterizado por la marcada resistencia de amplios sectores, incluso priístas, a entregar por completo el control de los bancos a intereses foráneos).

Y es que con la operación Casablanca el gobierno y los banqueros mexicanos quedan descalificados ante los ojos de todo el mundo. En el fondo lo que los funcionarios gubernamentales norteamericanos quieren transmitir es la idea de que en México ningún sector es digno de confianza, de que nadie está al margen de la corrupción en las esferas pública y privada.

Además, la mencionada operación se da en el momento en que, por mala administración e inflexibilidad con los deudores, los banqueros se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad, producida ésta, como ya lo dijimos, por una desconfianza hacia todo el sistema bancario.

Es sobre ese ánimo social que también quieren operar los estrategas y diseñadores de la operación Casablanca, buscando generar una opinión pública favorable a la inversión extranjera que no tenga ninguna clase de límites y restricciones.

No nos confundamos. Es cierto que por su historia reciente muchos de los banqueros son prácticamente indefendibles. Pero lo que está en juego no es el futuro de un pequeño grupo de dueños de la banca. Lo que está en riesgo hoy es el porvenir de los sistemas financiero y bancario nacionales.

Por eso no deja de llamar la atención la débil postura del gobierno mexicano en este asunto; sobre todo porque existe una marcada diferencia con la actitud asumida respecto a Chiapas.

La ``firmeza'' para calificar a la iniciativa indígena de la Cocopa como una ``amenaza contra la soberanía nacional'', la probada ``eficacia'' para integrar en menos de 24 horas averiguaciones previas contra el concejo autónomo de Taniperla y para encarcelar indios, contrasta con la tibieza gubernamental frente al gobierno norteamericano, el desconocimiento total de la operación Casablanca y la notoria incapacidad para castigar a los poderosos.

La amenaza a la soberanía nacional (aunque algunos ya no gusten de hablar de ella frente a Estados Unidos) que implica todo el entramado políticojudicial de la operación Casablanca, exige de todos los mexicanos, y principalmente del gobierno, una postura mas enérgica.

En la discusión del paquete financiero, que incluye la tan controvertida conversión del Fobaproa en deuda pública interna y la reforma del sistema bancario mexicano, el Congreso de la Unión tiene la oportunidad de asumir, con toda responsabilidad, la defensa intransigente de la soberanía nacional.

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