Desde hace varios años, en Ciudad Juárez y sus alrededores tiene lugar una saga de homicidios con características comunes. Más de un centenar de mujeres jóvenes han sido agredidas sexualmente, mutiladas y asesinadas. Sus cadáveres aparecen días, semanas o meses después en terrenos baldíos o en parajes poco frecuentados.

Cada uno de estos homicidios es indignante por sí mismo; en conjunto, representan uno de los más graves episodios de criminalidad de los muchos que ha sufrido el país, así como un grave desafío de seguridad pública. Con todo, la poca disposición de las autoridades a investigar a fondo tales asesinatos y a buscar la manera de ponerles fin es, cuando menos, tan indignante como los propios asesinatos.

No es fácil entender, en efecto, que las policías municipal y estatal, y las autoridades en general actúen con tan patente ineficacia ante una violencia criminal tan reiterada, tan predecible y, a su manera, tan sistemática. Pero los remedos de investigación hasta ahora realizados han resultado exasperantes por sus hipótesis absurdas. Baste con recordar que tras la imputación y captura de un ciudadano egipcio, la policía anunció que había detenido por fin al asesino; como los homicidios siguieron tras la detención del extranjero, las autoridades arguyeron que éste los ordenaba desde su celda para pasar por inocente.

Una de las explicaciones posibles para la indiferencia gubernamental, por monstruosa que suene, es que las víctimas no le importan a nadie: en efecto, no puede desconocerse el hecho de que estas muertes violentas tienen, entre otros puntos en común, el origen humilde de las asesinadas, la gran mayoría de las cuales son muchachas de clase social baja, trabajadoras, inmigrantes y morenas.

Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó que las investigaciones en torno a los crímenes referidos se han caracterizado por actitudes sexistas. Habría que agregar que tales pesquisas o, mejor dicho, la ausencia de ellas, obedece también a posiciones clasistas y racistas hondamente arraigadas en diversos sectores de la sociedad mexicana, en general, y de las corporaciones policiales y de procuración de justicia de Chihuahua y Ciudad Juárez, en particular. En efecto, si se presentara una serie semejante de atentados criminales contra jóvenes de clase media o de familias adineradas en cualquier punto del territorio nacional, es indudable que generarían, desde los primeros casos, una vasta movilización policial, además de una ola de repudio social de grandes dimensiones. Pero las muchachas asesinadas en Ciudad Juárez y sus alrededores son trabajadoras anónimas y pobres. Son muertas sin nombre.

El desinterés policiaco en estos casos puede configurar responsabilidades penales para los servidores públicos encargados de la seguridad y la procuración de justicia, tanto en Ciudad Juárez como en la entidad. Es necesario que se proceda en este sentido, en forma paralela a acciones efectivas orientadas a dar con los asesinos de las jóvenes. Pero además es necesario que la sociedad vea su propia indiferencia ante un fenómeno criminal que debiera ser, desde hace mucho tiempo, motivo de indignación y movilización nacional.