Mientras en países como el nuestro estamos en un proceso de reinstitucionalización orientado al perfeccionamiento de nuestras prácticas democráticas, estudiosos del tema sostienen que en los países de desarrollo avanzado la democracia representativa vive una crisis que afecta su naturaleza misma: una crisis de representatividad. Así se explica que, actualmente, exista una brecha tal entre representantes y representados que, día a día, los primeros --líderes, gobernantes, legisladores-- tienen que hacer esfuerzos de comunicación, de construcción de consensos, de negociación, para legitimar sus decisiones y hacerlas viables.
En nuestro país no sólo no escapamos a este problema cuando algunas de nuestras instituciones son jóvenes aún. Los órganos electorales, el sistema bancario (después de revertir la nacionalización), partidos y agrupaciones políticas de reciente aparición, el sistema judicial (reformado en 1995), etcétera, se constituyen en actores de la transición mexicana expuestos al imperativo de legitimar cotidianamente su representatividad, en un contexto en el que la interdependencia internacional se suma a la exigencia interna de que funcionen las instituciones y se reformen las que agotaron sus posibilidades de permanencia inamovible.
Esta semana que concluyó, concentró en el ámbito financiero una serie de tensiones de magnitudes relevantes que más allá del análisis de causas, efectos y medidas a tomar, nos obligan a hacer una pregunta ineludible: ¿qué intereses están en juego?, ¿a nombre de qué intereses se actúa y cuáles son los que realmente están detrás, en el centro de la disputa?
Esta pregunta surge cuando se analiza el paquete legislativo y, en especial, lo concerniente al Fobaproa y al porcentaje de inversión extranjera en el sistema bancario. Tiene vigencia cuando nos enfrentamos a la operación Casablanca, reflejo de que los intereses y horizontes comunes entre México y Estados Unidos se enrarecen. ¿Prevalecerá el interés general o el del capital frente a las presiones al Poder Judicial para que el fallo sobre la legalidad del cobro de intereses sobre intereses le sea favorable a las partes involucradas que ejercen la presión?
No basta convencer a los legisladores o negociar con una parte sobre las bondades del paquete legislativo financiero. Le debe quedar claro a la sociedad que se legisla (con los cambios a la iniciativa que se requieran) por el interés general.
No basta una nota diplomática para protestar (conforme a las reglas de urbanidad internacional) por la injerencia foránea en una operación aparentemente policiaca cuyos intereses y consecuencias políticas saltan a la vista. Es necesario desenmascarar los intereses estadunidenses en juego al tiempo de limpiar la casa (lavar la cara de nuestro sistema bancario). La trampa estaba tendida y en la ineludible defensa de nuestra soberanía no debemos ser rehenes de la defensa de intereses indefendibles (lavado de dinero, por ejemplo).
No basta preservar incólume, frente a las presiones, a nuestro sistema de justicia para el fallo sobre la legalidad del cobro de intereses sobre intereses. La decisión reflejará si la Ley y las decisiones judiciales representan y preservan el interés general o el particular.
En efecto, la consolidación del curso democrático de la reforma del Estado; el impacto real y en las expectativas de la población de la recuperación económica; la defensa de nuestra soberanía, la vigencia del Estado de derecho; son interpelados por una disputa de intereses, por una lucha política de intereses sobre intereses.
La pregunta es ¿qué intereses estamos dispuestos a representar? La apuesta es clara si respondemos al interés de las mayorías. Si no lo hacemos la sociedad nos lo demandará y la historia lo consignará.
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