¿Una venta irregular?

La simulación, el engaño y el despojo de que fueron objeto 400 trabajadores de lo que era la cooperativa Editora de Periódicos SCL --que publicaba el periódico La Prensa--, por parte de sus principales directivos, han sido dados a conocer a la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y un juzgado civil, por un nutrido grupo de trabajadores de esa cooperativa, quienes han demandado la nulidad del proceso de liquidación de la cooperativa y el castigo a los responsables del fraude cometido con la supuesta venta de todos los activos que tenía esa sociedad a mediados de 1993, cuando fue enajenada al empresario Carlos Abedrop Dávila.

A casi cinco años de esa operación --que es nula de principio por la simulación realizada por los directivos de la cooperativa--, los trabajadores han acudido a las instancias de justicia, luego de que en tiempo y forma se demandó de quienes fungieron como liquidadores de la cooperativa un pormenorizado informe del proceso de liquidación, mismo que se han negado a entregar a los demandantes. Con esta petición a los liquidadores, la prescripción de los delitos ha sido cortada, por lo que se espera que en las próximas semanas las autoridades judiciales federales y del fuero común harán la presentación de quienes cometieron estos ilícitos, y turnarán las averiguaciones previas a los juzgados respectivos para que se ejercite la acción penal.

El fraude en contra de 400 cooperativistas de La Prensa (como se conocía popularmente a Editora de Periódicos SCL), comenzó a consumarse el 4 de mayo de 1993, un mes y medio antes de que los cooperativistas, en asamblea general extraordinaria, decidieron vender al empresario Carlos Abedrop Dávila toda la unidad industrial y demás activos de que era propietaria, en 90 millones de dólares, precio que ahora se ha investigado y resultó falso.

En efecto, en esa fecha (4 de mayo de 1993), cuatro cooperativistas de Editora de Periódicos SCL por sí mismos y sin incluir a los 400 socios restantes, acudieron ante el notario público 47 del Distrito Federal, Miguel Morán Miguel, para constituir una sociedad anónima, a la que bautizaron como Editora La Prensa, SA de CV. Primeramente, esta constitución significó el robo de la razón social La Prensa, que era propiedad de Editora de Periódicos SCL.

No conformes con ello y previa concientización de los cooperativistas para que accedieran a cambiar el régimen legal de Editora de Periódicos SCL, convocaron a la citada asamblea general extraordinaria, la cual acordó por unanimidad que toda la unidad industrial y demás activos, incluidos los intangibles, fuesen vendidos al empresario Abedrop Dávila en la cantidad arriba señalada, suma que junto con el haber social de todos los cooperativistas, se repartiría entre ellos para que así tuvieran una vida digna a su retiro de las actividades laborales.

Pero sucedió que la voluntad de los cooperativistas fue burlada por los principales directivos de ésta, pues en lugar de venderse los activos totales de la cooperativa al empresario Abedrop Dávila, fueron enajenados a favor de la empresa Editora La Prensa SA de CV, cuyos únicos cuatro accionistas eran a su vez cooperativistas de Editora de Periódicos SCL, simulación que se conoce como retroventa y que está claramente tipificada como delito.

Esos cuatro accionistas de Editora La Prensa SA de CV, además de robarle la razón social La Prensa a la cooperativa citada, simularon la operación de compra venta, toda vez que no tenían el capital suficiente para hacerse de los activos de Editora de Periódicos SCL, pues ante el notario público dijeron que constituían la sociedad anónima con 100 acciones, cada una de ellas con valor de mil pesos, lo que da un total de 100 mil pesos, capital a todas luces insuficiente para adquirir una empresa por la que ofreció el empresario Abedrop Dávila 90 millones de dólares.

Pero, además, también los directivos de la cooperativa simularon haber repartido entre los cooperativistas la totalidad del producto de la venta, junto con el haber social, cosa que ha resultado falsa, pues se ha puesto de conocimiento de las autoridades que lo que repartieron como liquidación realmente era el dinero que la cooperativa tenía en México y en el extranjero, como inversiones o como fondos de reserva, de crédito y otros que por ley debía de constituir. Y es que los cooperativistas no sabían que se tenía tanto dinero, inclusive, en dólares estadunidenses depositados en off shores de Nassau y en Londres, dinero que se había retirado de una cuenta en dólares que se tenía en el Citibank en Nueva York, y cuya existencia sí se conocía.

A mayor abundamiento, la liquidación de la cooperativa como tal se inició el 17 de noviembre de 1994 (un año y cinco meses después de haberse entregado a los cooperativistas la supuesta liquidación de su haber social y también del producto de la venta de la sociedad cooperativa) y concluyó el 8 de diciembre de ese mismo año, cuando un juez de lo civil dictó sentencia.

El gerente de la cooperativa, Mario Santaella Herrera, ordenó que las cuentas en dólares que se tenían en el Citibank de Nassau (Cold Account 57242900), en el Citibank de Londres (cuenta No. 7-303773/01) y los de la casa de bolsa Smith Barney (cuenta No. 05-B238732), al vencerse el 31 de mayo de 1993 o el 30 de junio, se concentraran en la cuenta No. 57242900 del Citibank en Houston (Texas).

Luego, esos cuantiosos recursos que eran propiedad de la cooperativa se enviaron a las cuentas No. 7097533/0 de Banamex y 3329/0 de Banco Serfin. Después, se depositaron en la cuenta No. 230626-3 del entonces Multibanco Comermex (hoy Banco Inverlat), y de ésta salieron todos los cheques de liquidación de los socios.