Quadri: incapacidad oficial para enfrentar deforestación e incendios

Matilde Pérez U. Ť Los incendios forestales y la deforestación son los problemas ambientales más importantes del país y entrañan los mayores riesgos, costos sociales y ambientales, señaló el director del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), Gabriel Quadri de la Torre.

``Es inquietante y contradictorio que ninguno de los gobiernos haya sido capaz de construir y desarrollar las instituciones ni las capacidades de organización, de política ni los instrumentos programáticos para hacer frente a esos conflictos que tienen décadas de existencia, y por ello siga en riesgo el desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo del país'', dijo.

Al insistir en la ``incapacidad gubernamental y social'' para afrontar los incendios y la deforestación, el director del Cespedes precisó: ``México está perdiendo su patrimonio biológico, su acervo genético; se altera el equilibrio de cuencas hidrográficas, se emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera -más de 30 por ciento provienen de las quemas en el agro y de los bosques-. En suma, estamos minando las bases de soporte para el desarrollo económico y social para el campo; estamos agudizando la pobreza.

``Estamos en un círculo vicioso de pobreza, falta de opciones, devastación del patrimonio ecológico de la nación y sin ningún viso de solución, ya que las causas están ligadas a una estructura cultural de los pueblos campesinos, la persistencia de conflictos en la tenencia de la tierra en el país y, paradójicamente, a la baja rentabilidad de bosques y selvas.''

El hoyo negro de la regulación ambiental en México, destacó, es el sector rural. Por ello, ``urge una evaluación del impacto ambiental que provocan Procede y Procampo. Además, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de políticas de integración y coordinación para conservar la biodiversidad del país, y en esa tarea deben estar involucradas las secretarías de la Reforma Agraria y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, porque tienen bajo su esfera de competencia la mayoría del territorio nacional.

Consideró que éste es el mejor momento para nuevos acuerdos y consensos sociales para atacar el problema de la deforestación y los incendios forestales; ``si no se empieza hoy, el problema continuará''. Sin embargo, advirtió que al Estado le corresponde abrir ese canal de interlocución, pero también despejar los prejuicios ideológicos y difuminar esa ``niebla político-ideológica que contamina los asuntos ambientales del campo mexicano. El gran desenlace sería que a partir de esa situación -de gran impacto escénico- se generaran procesos de diálogo, debate y un análisis serio y plural para establecer las políticas, programas, objetivos y metas, y culminar con una planeación estratégica nacional para un desarrollo sustentable y de protección a la biodiversidad en el campo''.

Afirmó que el sector privado está interesado en participar si el Estado construye los mecanismos para que se involucre en la conservación de la biodiversidad, y eso puede darse a través de acciones de arrendamiento, compra de tierras y subsidios para que los campesinos puedan mantener el capital natural del país.

Para Quadri de la Torre, el marco jurídico ya está dado -el cambio al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria-, pero hace falta crear los mercados y que el gobierno sea promotor, inductor, regulador y ofrezca facilidades para que el sector privado se involucre en la conservación de la biodiversidad. Entre las propuestas enumeró crear un fideicomiso que pudiera emitir bonos, loterías o títulos que la gente interesada pudiera adquirir; pago por servicios ambientales a las comunidades campesinas, es decir, retribuirles económicamente por la conservación de bosques y selvas

Ese fideicomiso, apuntó, sería un gran ámbito de participación e interlocución, ``pero a las autoridades gubernamentales han carecido de un esfuerzo de comunicación y persuasión para realizar una gran cruzada a favor de la biodiversidad que no sea sólo un esfuerzo aislado''. Ello, opinó, requiere liderazgo, programas, compromiso personal y capacidad ejecutiva, la cual es ``escasa'' en el ámbito gubernamental.

``Urge establecer una nueva veta político-ecológica y desarrollar instituciones privadas, sociales y públicas que, respetando los derechos de propiedad, otorguen transferencia tecnológica y alternativas para frenar la destrucción de los bosques'', dijo en entrevista.

Al gobierno le corresponde otorgar mayores recursos y canalizar los subsidios que ha dirigido a las plantaciones comerciales forestales, la conservación de la biodiversidad y donde no existe posibilidad inmediata para que el sector privado intervenga de manera exitosa. También impulsar una política de largo plazo, porque el desarrollo sustentable y la biodiversidad no son retos que se resuelvan con ``políticas coyunturales'', concluyó.