Mientras el país se consume en la peor crisis ambiental del siglo, hay dos temas que han concentrado la atención noticiosa del país en estos días: el caso del lavado de dinero en la banca mexicana, operación Casablanca, con la cual el gobierno estadunidense rompe la bilateralidad de los acuerdos en la lucha contra el narco; y el incierto futuro del Fondo Nacional de Protección al Ahorro (Fobaproa). Aunque cada tema tiene su propia lógica y racionalidad, existe un frente común: en ambos se pone a prueba la capacidad de gobernabilidad de las autoridades mexicanas y se expresan las debilidades del sistema político.

El gobierno de Estados Unidos demostró que juega en varias canchas al mismo tiempo, y mientras se declara aliado de las autoridades mexicanas para combatir el narcotráfico, en los hechos se mueve de forma unilateral para hacer sus propias investigaciones. No se trata de negar la realidad del lavado de dinero en México y defender una posición nacionalista sobre la soberanía nacional; pero tampoco sería sano permitir que el gobierno estadunidense se extralimite y haga operativos intervencionistas en nuestro país, sobre todo cuando existen acuerdos, planes y convenios de cooperación binacional. La polémica está planteada en dos argumentaciones: una señala que las dimensiones del operativo Casablanca están más cercanas a un escándalo para presionar --más todavía-- a México que a un descubrimiento importante.

La suma de dinero detectada y los niveles de los funcionarios involucrados parecen confirmarlo; la otra indica que con este operativo se logró detectar los círculos de operación financiera de los cárteles de la droga, lo cual es un paso importante. El caso pone varias dimensiones en juego; en primer lugar, la relación diplomática entre los dos países, que otra vez expresa tensión en un ámbito crecientemente problemático. En segundo lugar, tiene que ver con la descalificación que se hace de las propias instituciones financieras para detectar el blanqueo de dinero. En este sentido, no importa que se trate de un millón de dólares, de cien o de mil; el hecho es que se practica lavado y las autoridades mexicanas no se enteraron.

El caso del Fobaproa y su destino en el Congreso se ha visto seriamente afectado por el expediente Casablanca, porque fue como una luz roja en un tema que era ya sumamente delicado para el país. Una papa caliente se ha vuelto este expediente para el gobierno de Ernesto Zedillo. Los argumentos se polarizan. Para el gobierno se trató de una operación con la que supuestamente se salvó al sistema financiero de la quiebra; para los banqueros fue un salvavidas; para los partidos de oposición es un operativo al cual no le van a dar un aval sin tomar precauciones porque puede generarles altos costos, y para muchos ciudadanos existen dudas fundadas sobre las supuestas buenas intenciones del fondo y las graves consecuencias que ha tenido el mal manejo de los bancos en las diferentes fases, desde la nacionalización, la privatización hasta el actual rescate, la quiebra y la venta de bancos a instituciones extranjeras. Por lo pronto, el Congreso tomó una decisión correcta: primero hacer una auditoría al Fobaproa, antes de aprobar que esos 580 mil millones de pesos pasen a engrosar las cuentas de la deuda pública. Las dudas sobre el fondo persisten: ¿el rescate fue a los banqueros y no a los ahorradores?; ¿hubo discrecionalidad en el manejo?; en fin, las cuentas no están claras. La pregunta es quién va a cargar con los costos políticos.

Este dúo funesto plantea un problema y una expectativa: por una parte, que se trata de casos en los que hubo poca capacidad de control de las instituciones frente a los manejos ilegales, como el lavado, o a los casos de discrecionalidad y abusos de los banqueros, como por ejemplo que la mitad del fondo se haya destinado a 0.13 por ciento de los créditos que los mismos banqueros destinaron a parientes, amigos y a ellos mismos (Proceso 1125). Por la otra, como ciudadanos esperamos que con la nueva correlación que existe en la Cámara de Diputados mejoren las condiciones de fiscalización y que se acoten de forma importante los anchos márgenes de discrecionalidad y corrupción con los que se han movido los gobiernos priístas.