El derecho a la información es el derecho que tienen los ciudadanos a conocer los asuntos de interés público.

El derecho de la información es el conjunto de leyes y normas que permite satisfacer el derecho de la sociedad a estar informada.

La reglamentación de este derecho no implica coacción alguna contra la libertad de expresión; al contrario, propicia la transparencia de dicho derecho ante y con la opinión pública, y amplía las libertades de los medios de comunicación, y puede fortalecer la libertad y la profesionalización de los comunicadores.

El derecho de la información es la línea jurídica divisoria que separa a los medios de comunicación del poder político, y garantiza el ejercicio de una libertad de expresión orientada única y exclusivamente, en el marco de la veracidad, por las libres y legítimas preferencias ideológicas de los concesionarios y dueños de los medios, lo que amplía el abanico de información y participación ciudadana.

Esta separación entre gobierno y medios requiere dos tipos de regulaciones: la legal y la que cada medio, en el campo de la ética, se imponga a sí mismo. Ambas están interrelacionadas.

Para que esta regulación ocurra, me permito hacer las siguientes propuestas:

Primera: revisar a fondo las bases legales con las que se otorgan las concesiones de radio y televisión. Si la concesión es una gracia del poder, implica la correspondencia al otorgante, que en muchos casos se traduce en favores al poder y viceversa, que alteran el sentido y la realidad de los hechos.

Un grupo multidisciplinario impulsado por el Congreso podría generar una nueva reglamentación para la operación de las estaciones de radio y televisión.

El constitucionalista Sergio Cárdenas, en la revista iberoamericana de Derecho de la Información, propone la creación de un organismo autónomo sobre medios de comunicación. Coincidiendo, sugiero que este organismo pudiera ser un Instituto Autónomo de los Medios de Comunicación, incluyendo a la cinematografía, medio éste de cultura, entretenimiento y comunicación sobre cuya importancia muy poco se ha reflexionado en nuestro país. Un Instituto que norme y vigile el uso y aplicación de las nuevas tecnologías y formas de la comunicación, como Internet. Si nos circunscribimos sólo a los medios tradicionales, por mucho que avancemos volveremos a quedar rezagados.

Este instituto permitiría también establecer, de común acuerdo entre los medios, anunciantes y sociedad, las reglas para la publicidad, para la comunicación infantil y para la transmisión de la violencia. Normar no es prohibir o reprimir; es tomar en cuenta los derechos de todos y, en este caso, proteger a la infancia.

Segunda: establecer claridad y transparencia en la relación económica del gobierno con los medios.

Para ello se debe acabar con la desordenada e incoherente forma con que se ocupa el 12.5 por ciento de los llamados tiempos oficiales. Ese tiempo nunca se ha utilizado a plenitud y no existe un control claro sobre el mismo. Esto implicaría que los medios electrónicos paguen sus impuestos completos, y el gobierno, tal como hace con los impresos, pague los espacios que requiera, y ambos, bajo la supervisión del Instituto propuesto, acordarían las reglas para difundir campañas como las referentes a la salud pública.

El gasto gubernamental no debe mantenerse en la discrecionalidad; debe asignarse con base en la importancia, audiencia, calidad y penetración de cada medio, aunque éste sea, ante el poder, menos complaciente que otros.

Este gasto, además, deberá circunscribirse a la difusión estricta de acciones de gobierno que incidan en la sociedad.

Tercera: La autorregulación. Los medios tendrían que establecer su propio código de ética y responsabilidad, y hacerlo del conocimiento de su auditorio y lectores, como han hecho muy importantes medios de comunicación en diversos países del mundo.

La regulación legal en materia de concesiones y gasto y la autorregulación ética se complementarán en beneficio de los medios y de una sociedad democrática. Y especial los concesionarios tendrían la certeza jurídica de la cual han carecido en un régimen de concesiones.

* Resumen de la ponencia presentada en la conferencia internacional El derecho de la información y la reforma del Estado en México, celebrada en la Cámara de Diputados, del 6 al 9 de mayo de 1998.