ASTILLERO Ť Julio Hernández López
El gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, ha cooperado ampliamente durante las semanas recientes en la demostración de que el juicio político instaurado en su contra en la Cámara de Diputados federal es fundado y necesario.
En las semanas previas a las elecciones locales realizadas este domingo 24 (y en especial en las horas más cercanas al momento de la emisión del sufragio), Cervera Pacheco se convirtió en un desbocado promotor del voto priísta, mediante la antiquísima y probadamente exitosa fórmula de convertirse en extemporáneo Santa Claus repartidor de bienes y servicios, oferente además de bienestares futuros y de proyectos venturosos.
La versión maya del barbado anciano del Polo Norte llevó a los ciudadanos yucatecos bicicletas y máquinas de coser en abundancia, en una operación financiada con dineros públicos y alegremente presenciada siempre por candidatos priístas a diputaciones locales y a presidencias municipales.
Pero, además, asumiéndose en realidad como candidato único y verdadero, Cervera Pacheco desarrolló toda una campaña electoral típica del priísmo ortodoxo, recorriendo comunidades, recogiendo peticiones, prometiendo obras, servicios y donaciones, induciendo el voto a favor de su partido.
De esa manera, el único personaje posporfirista que lleva más de seis años como gobernador de un estado continuó el proceso de envilecimiento cívico y político en el que ha sumido a Yucatán. Traficando con la desgracia, la pobreza y la ignorancia de los votantes, consiguió mantener, aunque sea con un margen reducido, la mayoría priísta en el Congreso estatal.
Tal propósito era vital para Cervera Pacheco, pues una mayoría opositora en el Congreso local abriría el camino a la aprobación de la resolución previsiblemente adversa que en la Cámara federal tuviese el juicio político al que ha sido sujeto.
Por ello, Cervera diseñó y ejecutó la campaña de promoción del voto, que fue condicionando el sufragio a favor del PRI con regalos provenientes del erario, y que el día de los comicios, el pasado domingo 24, se redondeó con acarreos, presión, compra directa de votos y otras triquiñuelas electorales.
La operación Santa Claus no fue, sin embargo, el único mecanismo cerverista desplegado para ganar las elecciones del pasado domingo. También desarrolló un cuidadoso trabajo de perversión y desactivación del Consejo Estatal Electoral (CEE) y del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). De esa manera, evitó que hubiese críticas o sanciones del CEE a su activismo inmoral a favor del PRI, y en el caso del PREP logró que se le cayera el sistema en los municipios donde iba perdiendo el PRI.
El partido tricolor, encarnado en Víctor Cervera, consiguió triunfar en las zonas rurales de Yucatán, recuperando incluso presidencias municipales en manos de panistas y, sobre todo, consiguiendo el número de diputaciones necesario para no dejar pasar los resultados del juicio político federal. En esa tarea el cerverismo fue ayudado por las divisiones internas del panismo, sus errores estratégicos y los malos resultados en el ejercicio del poder obtenidos en algunos lugares. En la capital, Mérida, el panismo mantuvo su hegemonía.
Con las maniobras exhibidas por el cerverismo en la que ha sido la primera elección constitucional del presente año, parecen quedar suficientemente matizadas las esperanzas de quienes elogian los juegos pirotécnicos de la democratización priísta encendidos en tres entidades. Si los avances democratizadores en el fuero interno del tricolor todavía no parecen suficientemente claros ni perdurables, desde Yucatán se notifica a los partidos de oposición que el aparato priísta de mañas y tretas aplicables en elecciones constitucionales goza de cabal salud.
Los gobernadores sindicalizados del sureste se ayudan
El ex líder de la CROC en Quintana Roo, Salvador Ramos Bustamante (quien actualmente es subsecretario de Asuntos Laborales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD), fue detenido el lunes pasado en Mérida, con base en la presunción de que cometió un delito en Quintana Roo, en 1996.
Ramos Bustamante fue atrapado, mediante ese mecanismo de ayuda mutua entre los gobiernos de Mario Villanueva y Víctor Cervera, con fundamento en una orden de aprehensión girada a principios de 1996, y en cumplimiento extrajurídico de una venganza política del gobernador de Quintana Roo.
Para dar idea del cuidado puesto en la maniobra de apresamiento de Ramos Bustamante, quien vivía fuera de Quintana Roo para atenuar los odios gubernamentales en su contra, conviene dar cuenta de que fue trasladado de Mérida a Cancún en un avión oficial, que primero se dijo era de la PGR y luego del gobierno estatal, y que el subsecretario estatal de Gobernación, Ricardo Marín Carrillo, fue el encargado de la operación.
David Sosa, corresponsal de La Jornada en Cancún, explicó a Astillero que Ramos Bustamante ya había sido detenido en 1995, acusado de presuntos delitos cometidos durante los violentos incidentes derivados de un movimiento de taxistas que exigían la oportunidad de tener sus propias placas para prestar servicio público de transportes y no depender de concesionarios que no son trabajadores directos.
En realidad, Ramos Bustamante fue durante largo tiempo un beneficiario de la red de complicidades que rigió en Cancún las relaciones entre las poderosas empresas prestadoras de servicios turísticos y los mediatizados sindicatos controladores de contratos y plazas laborales.
Al frente de la CROC, que en esa ciudad disputa espacios con fiereza a la CTM (unos 8 mil agremiados la primera, y unos 12 mil la segunda, según comenta el corresponsal Sosa), estuvo Ramos Bustamante, hasta que en 1994, en espera de la candidatura priísta a senador que las cuotas corporativas de poder se suponía le asignarían, se enteró de última hora de que en su lugar había quedado Esteban Maqueo Coral, personaje cercano al ex gobernador Pedro Joaquín Coldwell. Antes, Ramos Bustamante había sido diputado local y federal, y había acumulado las tradicionales acusaciones contra los líderes obreros mexicanos: corrupción y nepotismo, sobre todo.
Pero, a partir de que no obtuvo la candidatura a senador se dio un proceso de alejamiento y ruptura con el PRI y con el gobernador Villanueva. La primera bandera que tomó fue la de los llamados ``martillos'', que es como se conoce en Cancún a los operadores de taxis que no son propietarios de sus vehículos ni de las concesiones. En 1995 fue expulsado de la CROC, dirigida a nivel nacional por Alberto Juárez Blancas.
Virtualmente exiliado de Quintana Roo, Ramos Bustamante fue acusado en 1996 de administración fraudulenta por la propia CROC, dirigida a nivel estatal por Roberto Castellanos Tovar, acusándole de haber vendido un terreno de dicha organización. Según la denuncia, el ex croquista habría dispuesto de un millón 800 mil pesos, que fue el monto de la venta.
Con base en esa denuncia, la policía del gobierno de Víctor Cervera detuvo a Ramos Bustamante en Mérida y lo entregó a los representantes de Villanueva.
Actualmente, el detenido es, aparte de subsecretario del CEN del PRD, dirigente de la llamada CROC democrática, que dice tener presencia sobre todo en Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, y en una decena de organizaciones de Cancún, y el Sindicato Libertadores. En los comicios federales del año pasado fue coordinador de las brigadas del sol (promotoras del voto a favor del PRD), en el sureste del país. Su hijo, Alejandro, es el dirigente del PRD en el municipio de Cancún.
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