La cartera del fondo, mayor al aumento del débito externo en 17 años
Roberto González Amador/I Ť Con un solo movimiento, la conversión a deuda pública de los pasivos en poder del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) incrementará el débito del gobierno federal en una cantidad superior al monto en que aumentó la deuda externa en los últimos 17 años, periodo que comprende las dos mayores crisis sufridas por la economía mexicana desde la depresión de los años treinta, indican informes oficiales.
Los activos bancarios en poder del Fobaproa, que ascienden a 552 mil millones de pesos, equivalen a 65 mil millones de dólares, cantidad superior en 11 por ciento a los 58 mil 564 millones de dólares en que aumentó la deuda externa pública entre 1980 y 1997, agregan los reportes.
La deuda externa bruta del sector público creció de 29 mil 797 millones de dólares en 1980 a 88 mil 321 millones al cierre de 1997.
Para efectos comparativos, la deuda asumida por el Fobaproa como parte del proceso de rescate bancario, equivalente a 14.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), es similar a los ingresos totales del gobierno federal en 1997.
Creado en 1990 con aportaciones de los bancos como un fondo para garantizar los depósitos de los ahorradores, Fobaproa fue el instrumento empleado por el gobierno federal para llevar a cabo programas de rescate bancario, indispensables para la sobrevivencia del sistema financiero después de la crisis de 1994.
Pero el Fobaproa ya había sido descapitalizado, no sólo por la crisis, sino también por los fraudes cometidos por dos banqueros: Carlos Cabal Peniche y Angel Rodríguez, ex propietarios de Banca Cremi y Unión y de Banpaís, respectivamente.
En septiembre de 1994 las autoridades descubrieron un fraude en Cremi y Unión, que ahora se estima en 2 mil millones de dólares. Para garantizar el capital de ambas instituciones y los depósitos de los ahorradores, el gobierno echó mano de los fondos del Fobaproa. El monto de los recursos defraudados por Cabal agotó los recursos del fideicomiso y fue necesario que el gobierno adquiriera cartera de crédito.
Vinieron entonces la crisis y un segundo fraude. En marzo de 1995 las autoridades intervinieron Banpaís, después que su presidente, Angel Rodríguez, provocó un quebranto a la institución por mil 200 millones de dólares. A través del Fobaproa, el gobierno realizó una segunda compra de cartera de crédito para garantizar el capital de la institución.
Además de esos dos casos de fraude, los bancos enfrentaron un masivo incumplimiento de pagos, derivado del aumento en las tasas de interés a consecuencia de la crisis. El rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) aumentó de menos de 10 por ciento en marzo de 1994 a 70 por ciento en marzo de 1995.
``Como efecto de la crisis financiera de 1994-1995, la situación de la banca privada se deterioró rápidamente'', explica un documento del Banco de México.
La crisis de la cartera vencida
El aumento de las tasas de interés en 1995 elevó la cartera vencida de 41 mil millones de pesos en diciembre de 1994 a más de 80 mil millones al cierre de 1995. Pero además, los bancos privados tuvieron un descenso en los niveles de capitalización, enfrentaron riesgos de insolvencia cada vez mayores, y se presentó una posibilidad real de que el país enfrentara una corrida bancaria, explica el banco central.
``El gobierno debió actuar para evitar la quiebra del sistema financiero. Una corrida financiera --agrega un documento del Banco de México-- hubiera provocado la insolvencia de los bancos, retiro masivo de recursos, colapso del sistema financiero, ruptura generalizada del sistema de pagos, quiebra masiva de empresas y pérdida de millones de empleos''.
En el documento, el Banco de México recuerda que el rescate de Cremi y Unión, realizado en septiembre de 1994, agotó el capital del Fobaproa. ``Con posterioridad a la crisis financiera, ante la necesidad de continuar con los apoyos al sistema financiero y en ejercicio de la facultad que le otorga la ley de deuda pública, el gobierno federal garantizó las operaciones que el Fobaproa realizó para mantener la estabilidad del sistema financiero''. Por ello, señala, los pasivos del fideicomiso que cuenten con garantía del gobierno constituyen deuda pública contingente que deberá ser atendida en los términos que establece la propia ley.
Según el Banco de México, la crisis puso al gobierno frente a una disyuntiva, en cuanto al problema bancario. Una opción era permitir que los costos fueran absorbidos por el depositante, o asumir total o parcialmente quebrantos con recursos fiscales.
``La experiencia internacional demuestra que transferir el costo al ahorrador en una situación de debilidad del sistema financiero inevitablemente genera una corrida. En este caso, los costos fiscales aumentan frente a los costos de asumir desde el principio quebrantos con recursos fiscales.
``Se ha argumentado que la adquisición de la totalidad de las instituciones bancarias por parte del gobierno hubiese sido una opción más barata. Pero la falta de personal capacitado para sustituir a los administradores, y la mayor presión sobre el gobierno como administrador de los bancos para condonar adeudos, realizar quitas indiscriminadas y no ejercer garantías, hubiesen implicado mayores pérdidas de negocios y por ende más costos para la sociedad'', señala.
Argumento similar expresó el presidente de los banqueros, Carlos Gómez y Gómez, quien consideró que el monto de la deuda asumida por el Fobaproa es el costo de la crisis que todos los mexicanos deben pagar. ``Si no hubieran aumentado los intereses y si no hubiera crecido la cartera vencida, el Fobaproa no hubiera necesitado adquirir cartera de los bancos. Esa es una realidad''.