EL CORREO ILUSTRADO
EL CORREO ILUSTRADO
Apoyan a Letra S contra ``intolerancia'' de Nuevo Criterio
Señora directora: Nos hemos enterado, una vez más, que el periódico Nuevo Criterio, de la Arquidiócesis de México, ha emprendido una nueva campaña de intolerancia y sugerencias persecutorias. Ahora ha tocado el turno al suplemento de La Jornada, Letra S (al igual que a la UNAM y al Consejo Nacional de Población), a quienes los editores de dicha publicación religiosa acusan de ``promotores de desviaciones sexuales'', y hacen una velada sugerencia para su ``detención''.
Como Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y como muchísimos otros grupos y personas de la sociedad civil, queremos dejar sentado públicamente que Letra S ha sido y es una publicación seria y rigurosa, donde se analiza fundamentalmente uno de los temas más candentes de nuestro fin de siglo: la pandemia del VIH/sida.
Para Nuevo Criterio, dar cuenta de una realidad (la existencia de homosexuales y lesbianas) es una ``desviación'', cuando para la mayoría de los periódicos de todo el mundo no sería otra cosa que información sobre una realidad indudable. Los editores de la publicación religiosa ya hablan incluso de ``detenciones'', aunque no dicen bajo qué cargos. ¿Moral pública dictada desde el confesionario?
El debate es largo y debemos entrar en él, pero sirvan estas líneas para reiterar que Letra S responde a una necesidad social de información y salud. Quienes se han quedado encerrados en las catacumbas no quieren oír hablar de sexualidad, ni siquiera para salvar vidas del contagio del VIH/sida. Nosotras participamos de la preocupación responsable que implica informar sobre riesgos a la salud, y precisamente eso es lo que hace espléndidamente Letra S, suplemento al que deseamos larga vida.
Marta Lamas, directora
Pide el magisterio de tres países revisar casos de académicos y habitantes de Taniperla
Señora directora: Sindicatos de educadores de tres países agrupados en la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública pedimos al gobierno mexicano que revise los cargos por delitos políticos contra dos académicos (Sergio Valdez y Luis Menéndez, de la UAM y la UIA) y seis habitantes del poblado de Taniperla, para que alcancen su libertad lo antes posible. El encarcelamiento de académicos de instituciones de educación superior y miembros de comunidades que juntos realizan proyectos de investigación, preocupa porque pone en entredicho las más elementales normas de libertad de cátedra e investigación que regulan las relaciones entre universidades y gobiernos en países con una tradición universitaria y cultural importante, como es el caso de México.
Federación de Sindicatos de la Columbia Británica, Federación de Sindicatos de Secundaria de Ontario, Sección Sindical del Estado de Washington de la Asociación Nacional de Educación (Estados Unidos); SINTCB, SITUAM, STUNAM, STAUACH, STAUAQ, secciones 9, y 18 del CNTE-SNTE, y delegaciones democráticas del IPN (México); Ma. de la Luz Arriaga, Alejandra Díaz, Hugo Aboites.
Recuerda a la SCJN su compromiso con la ciudadanía
Señora directora: Abusando de su generosidad con el espacio El Correo Ilustrado, le agradecería la publicación de esta misiva:
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación Estimados señores:
Soy miembro activo de El Barzón Metropolitano, sector hipotecario. El jueves 21 de mayo algunos de nuestros dirigentes se entrevistaron con el licenciado Juventino Castro y Castro, quien les aseguró que ustedes fallarían conforme a derecho respecto a la legalidad del cobro de intereses sobre intereses, argumento que personalmente considero de antemano otorga la razón a los deudores, ya que no puede existir ninguna ley que contemple la legalidad de dicho cobro sin afectar a todos los ciudadanos, quienes tenemos el derecho incuestionable a una vivienda digna y que la única posibilidad viable con que contamos es por medio de un préstamo bancario. Si por el contrario, el fallo fuera a favor de la legalidad de dicho cobro, querría decir que la ley no contempla el bienestar ciudadano, por lo que sería de máxima prioridad la revisión y modificación de dicha ley.
Para muestra basta un botón: en septiembre de 1993, el Banco Mercantil Probursa, actualmente en manos de españoles con la razón social Banco Bilbao Vizcaya, me prestó 134 mil pesos para adquirir un departamento, monto que correspondía a sólo 60 por ciento del valor del inmueble, el resto lo pegué yo con el fruto de cinco años de ahorros, producto de mi trabajo. En marzo de 1994 ese crédito, así como todos los créditos hipotecarios, empezó a tener un comportamiento muy extraño y, por más que era yo una pagadora puntual, el monto de mi deuda crecía en cantidades desproporcionales hasta llegar a finales de 1996 a 349 mil pesos, superior en 50 por ciento al valor del inmueble, a pesar de que ya le había pagado al banco más de 85 mil pesos. Los funcionarios bancarios con quienes me he entrevistado argumentan que los créditos en nuestro país se comportan así porque en México no existe capacidad de ahorro (con ese salario mínimo, ¿cómo?). Que todo lo que le ha pagado al banco a la fecha han sido intereses, nada a capital y cuando les propuse liquidarles en una sola exhibición el monto contratado, se negaron, dándome como única opción reestructurar en Udis a 20 años, a partir de un monto de 331 mil pesos (la Udi se ha incrementado en 110 por ciento en dos años). Si eso es legal, yo personalmente ya perdí la noción de dicho concepto.
Ojalá y Dios los ilumine y al fallar recuerden que su mayor compromiso está con la ciudadanía en general y no con un puñado de dueños de bancos, que han sido privilegiados de este sistema lleno de injusticias. Es ahora de restablecer, en serio, la legalidad en beneficio de las mayorías.
Esther Baradón Capón
Invitan al público a las presentaciones de la novela El gran rescate
Señora directora: Se ha hecho la edición mexicana de El gran rescate, relato novelado de la hazaña de un grupo de guerrilleros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) chileno. Este libro, publicado en coedición por las casas Nautilium y Resistencia, de México; LOM Ediciones, de Chile, narra la fuga de la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile por parte de cuatro guerrilleros del FPMR, apoyados logísticamente por sus compañeros desde el exterior. El autor es Ricardo Palma Salamanca, protagonista de los sucesos. La invitación es para que, todo aquél que lo desee, asista a las presentaciones que se harán de esta obra: miércoles 27 de mayo, 19 horas, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán. Jueves 28 de mayo, 12 horas, salón Heberto Castillo, Cámara de Diputados de San Lázaro, edificio B, tercer piso. Mismo 28 de mayo, 18 horas, Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Una de las presentadoras será Mirna Salamanca, madre del autor e incansable defensora de los derechos de presos y perseguidos políticos de aquel país.
Diputado Octavio Hernández Calzada
Denuncian fraude en proyecto de vivienda
Señora directora: Nos dirigimos a usted para denunciar el fraude del cual hemos sido objeto.
La Secretaría de Vivienda de la Sección 9 del SNTE, cuya titular es la profesora María Teresa A. Guzmán Hernández, invitó a 82 familias a un proyecto de vivienda que se conformó en 1996. Hasta la fecha no ha dado solución a dicho proyecto, en el cual se han invertido 14 mil pesos por familia.
Hemos hecho investigaciones de los usos de nuestro dinero y nos hemos dado cuenta de la situación fraudulenta, así como el abuso de confianza y la irresponsabilidad de dicha Secretaría de Vivienda.
Pedimos al Comité Ejecutivo Seccional que se nos diera solución, pero también a eso se han negado.
Por lo anterior, solicitamos su intervención para que se investigue a la profesora María Teresa A. Guzmán Hernández, así como a otros proyectos que ha realizado y que están en las mismas o peores condiciones dos de estos proyectos en contubernio con el profesor Octavio M. Galván Moreno, al cual solicitamos también se le investigue ya que no queremos que otros compañeros caigan en estos engaños.
Sin otro asunto que tratar y esperando su pronta intervención, quedamos de usted La Asociación Civil Las Termas.
Leticia González Zúñiga, Ma. de Lourdes Ortiz C., Rosalba E. Hernández, Alfredo Lazcano Barrios, Silvia Aguirre Serrano, Laura Jiménez Martínez, Sandra Luz Téllez Flores, Ma. del Pilar Ayala C. y 31 firmas más
Acusan corrupción en la licitación de un lote vehicular
Señora directora: Los comerciantes abajo firmantes agradecemos que en El Correo Ilustrado sea publicada la presente.
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Jefe de gobierno del DF:
Nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente:
En noviembre de 1997, la Secretaría de Seguridad Pública publicó una convocatoria para la licitación de un lote de 72 vehículos (Licitación N.LPN. SSP B1-04/97), que tuvo lugar en los niveles de la calle de Liverpool 136, colonia Juárez, Código Postal 06600.
Ese acto fue presidido por Alberto Guerrero García, subdirector de Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad Pública, quien dio inicio a la reunión presentando a los servidores públicos Bernardo Cruz González Torres, representante de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal; Pedro Villa Sorroza, jefe de la Unidad Departamental de Control de Activo Fijo; Elizabeth Villagrán Olvera, representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Justicia Policial; y Juan Espinosa Sánchez, representante de la Contraloría Interna.
El acto de apertura de ofertas se realizó el 26 de noviembre de 1997 a las 11 horas. Participaron siete oferentes, de los cuales tres reunieron los requisitos legales como estipulaban las bases previamente adquiridas, siendo los siguientes: Miguel Angel Hernández Jiménez, que presentó una oferta de 290 mil pesos; Oscar Sánchez Castillo, 350 mil, y Antonio R. Suárez Gómez, 352 mil 500.
El 28 de noviembre, al dar lectura al fallo de dicha subasta, nos enteramos por voz de Alberto Guerrero García que la subasta en mención se declaraba desierta. A partir de ese momento formulamos la inconformidad indicada, toda vez que a juicio legal nos sentimos atropellados en nuestros derechos, puesto que los argumentos que anteponen a dicho fallo carecen de todo sustento legal.
Señor ingeniero: hacemos de su conocimiento que previamente a enterarnos de dicho fallo, se le solicitó al todas luces ganador de la subasta mencionada, Antonio R. Suárez Gómez, la cantidad de 200 mil pesos, a reserva de no declararla desierta. Como usted verá, siguen existiendo cotos de corrupción que tanto dañan a instituciones que usted dignamente representa.
Por tal motivo, nos permitimos solicitarle su valiosa intervención a fin de revocar el fallo injustamente dado, ya que dicho lote está siendo subastado nuevamente debido a que con fecha 15 de mayo de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la licitación del mencionado lote.
Antonio R. Suárez Gómez, Oscar Sánchez Castillo, Tomas Pérez Ordóñez, Mario César Alvarado Nazaret y José Luis Chávez Plata.