SRE: deben replantearse pactos antinarco con EU

Andrea Becerril y Jesús Aranda Ť El gobierno mexicano debe replantear las bases de la cooperación con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, ya que la operación Casablanca reveló la falta de respeto y de confianza hacia México, además de que violó la soberanía nacional, así como los convenios y acuerdos internacionales y bilaterales sobre lavado de dinero, señalaron el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo Gout, y el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Eduardo Ibarrola Nicolín.

Al comparecer, junto con el procurador fiscal de la Federación, Ismael Gómez Gordillo, ante integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rechazaron las acusaciones de legisladores de oposición acerca de que la respuesta del gobierno mexicano ante la operación encubierta fue tibia y tardía.

Reiteraron que, independientemente de las acciones en defensa del orden jurídico mexicano, ``no habrá impunidad para quienes de manera consciente y sistemática delinquieron'', pues no sería conveniente que el país enviara al exterior señales equivocadas que desvirtuaran sus esfuerzos contra el narcotráfico.

Ibarrola Nicolín reconoció que la procuradora de Estados Unidos, Janet Reno, ocultó información al titular de la PGR, Jorge Madrazo Cuéllar, a quien aseguró que la operación Casablanca se llevó a cabo en territorio estadunidense y sin violar la soberanía nacional.

Madrazo Cuéllar, precisó Ibarrola, ``actuó de buena fe'' y aceptó la versión inicial de Janet Reno, pero dos días después, cuando las autoridades conocieron ``una copia del texto completo de las acusaciones contra gerentes de bancos mexicanos responsabilizados de lavar dinero de los cárteles de Cali y de Juárez, encontraron que era inexacto lo que en principio les habían hecho creer, y que durante los tres años que duró la operación Casablanca agentes estadunidenses operaron en territorio nacional''.

En la nota de protesta del gobierno mexicano, aseguró el funcionario de la PGR, se solicita que las autoridades de la administración Clinton envíen a México una delegación de funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Justicia a fin de que den una explicación detallada de los hechos ``que hasta ahora presuponen la violación de nuestro marco jurídico, tanto doméstico como internacional''.

Durante la reunión con los legisladores y en entrevista posterior, Ibarrola dijo que no se ha fijado fecha para la reunión con los funcionarios estadunidenses, aunque confía en que sea pronto. Cauto en sus respuestas, no quiso precisar si hubo engaño o no de parte de las autoridades estadunidenses, pero sostuvo que de existir infracciones al orden jurídico mexicano, la PGR procederá con toda energía. ``Pero esto no quiere decir, quiero que quede muy claro, que la PGR va a olvidar los delitos cometidos por los empleados y funcionarios bancarios al lavar dinero proveniente del narcotráfico''.

Ante los cuestionamientos de los senadores Cristóbal Arias, del PRD, y Ricardo García Cervantes, del PAN, sobre la reacción ``tardía, casi con desgano y hasta tibieza'' del gobierno mexicano, Rebolledo Gout sostuvo que la actitud del gobierno fue responsable; ``no fue tardía ni pronta; fue una respuesta adecuada a la información que se tenía en ese momento''.

``Creo --agregó-- que hay fuerzas políticas, grupos e incluso instituciones que pueden interpretar con cierta audacia un determinado evento'', pero en el caso del gobierno y de la cancillería, cualquier acción desproporcionada, desmedida o no sustentada tendría consecuencias inmediatas.

El subsecretario de Relaciones Exteriores precisó que la acción encubierta en México pudo haber violado no sólo las leyes mexicanas, sino también tratados internacionales y acuerdos bilaterales, entre ellas la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, el Acuerdo entre Estados Unidos y México sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, firmado en febrero de 1989, y el Tratado de Cooperación entre México y Estados Unidos sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, de diciembre de 1987.

Asimismo, precisó que las acciones llevadas a cabo por agentes encubiertos, testigos cooperantes e informantes al servicio del gobierno de Estados Unidos pueden configurar una violación a instrumentos internacionales adoptados por la ONU y la OEA para combatir el lavado de dinero.

Rebolledo Gout reconoció que la operación Casablanca ``muestra una falta de sensibilidad respecto a la relación bilateral'' y ``una profunda falta de confianza'', lo cual hace necesaria una ``refundación'' de la cooperación entre los dos países para combatir al crimen organizado.

Por su parte, el procurador fiscal de la Federación, Ismael Gómez Gordillo, reconoció que es necesario legislar para hacer más los mecanismos para evitar el lavado de dinero en instituciones financieras. Ante las críticas --incluso de legisladores del PRI-- sobre la actuación de la dependencia a su cargo, informó que de 1994 a la fecha se han investigado 264 asuntos derivados de posibles actividades ilícitas.

De éstas, dijo, 125 casos ya quedaron concluidos y 139 están en proceso; se fundamentaron 50 denuncias por lavado de dinero que involucraron a 247 personas, de las cuales 27 fueron consignadas ante el Ministerio público Federal, aunque sólo 13 fueron condenadas.

Sin embargo, el priísta José Trinidad Lanz Cárdenas cuestionó: ``¿Resulta razonable que en dos años solamente haya 27 consignaciones penales por algo que se realiza usualmente?''