Hay 2,700 firmas de seguridad privadas; sólo 16%cumple normas

Raúl Llanos Samaniego Ť En la ciudad de México existen aproximadamente 2700 empresas de seguridad privada, de las cuales sólo 16 por ciento cumple con la reglamentación establecida; el resto se ha convertido, ante el ``silencio cómplice'' de algunas autoridades, en refugio de ex policías, ex convictos o delincuentes; el crecimiento de esos negocios es tal que tan sólo en las 448 empresas reconocidas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabajan 37 mil elementos, cantidad que supera a los policías preventivos registrados en esta corporación, revela información de diputados locales.

El boom de la seguridad privada tiene su origen, por un lado, en la crisis económica, que ha llevado a que comercios, industrias o unidades habitacionales busquen a empresas que ofrecen servicios económicos, o bien que contraten a cualquier persona, cuyo único requisito exigible es que garanticen seguridad. Por otro lado, está la persistencia de los altos índices delictivos, que ha ``motivado a mandos policiacos'' a asociarse o crear sus propias empresas y bloquear todo tipo de competencia.

Armando Salinas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, consideró que a pesar de existir ordenamientos específicos para obtener un permiso de la SSP, éstos no se cumplen y de ahí que luego se conviertan en ``refugio de ex policías y gente violenta''. De hecho, citó que ha recibido reportes vecinales, según los cuales algunas de esas entidades están contratando a policías judiciales que salen de la cárcel.

Desgraciadamente, dijo, la SSP no tiene ni siquiera un área específica para iniciar el control sobre esas empresas, sobre sus programas de reclutamiento y capacitación; tampoco se conoce a ciencia cierta cuántas de esas operan en total; ``por un lado se hablan de 448 empresas, pero por otro se estima que son más de 2 mil 700 sólo en el Distrito Federal, y no hay control de quienes trabajan ahí; no se conoce si son policías o ex policías, si son o no delincuentes o si están capacitados.

``Lo que sabemos es que cuando una empresa deja determinado servicio de seguridad privada al poco tiempo es asaltada; por eso se requiere un mejor control para prevenir esas situaciones. Por lo que se refiere al grupo parlamentario del PAN -informó--, se trabaja en una iniciativa de ley sobre ese tipo de negocios''.

Para Víctor Manuel Soto Camacho, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública, es ``muy fácil'' hoy en día instalar una empresa de seguridad privada, por eso ``ex miembros de la policía, al ver que no tienen muchas limitaciones, empiezan sus operaciones de un día para otro; pero lo que sí es grave es que hemos detectado que hay funcionarios de la SSP que son socios de este tipo de empresas, y eso es ilegal''.

Señaló que en un somero análisis de cómo operan muchas de esas entidades se detectó que ``aprovechándose del desempleo, coptan a gente, los medio uniforman, los medio capacitan y los ponen a trabajar. Otras compran perros sometidos a trato injusto por gente sin conocimiento en el manejo de estos animales y luego en lugar de protección se convierten en un serio problema''.

Todo esto lleva, dijo, a que quien contrata una empresa de seguridad privada que no está regulada adecuadamente, ``está metiendo al ladrón a su casa; él tendrá detectados los movimientos de las personas, de las unidades y las mercancías, y así fácilmente va a violentar las chapas de las casas o los negocios''.

Alertó, además, acerca de la proliferación de supuestas empresas de este tipo en las discotecas, donde les resulta fácil vestir a un grupo de sujetos y ponerlos a las puertas del establecimiento; son gente que se sienten con toda la libertad de agredir a quien no acate sus reglas o no están de acuerdo con sus órdenes, y sobre ellas tampoco hay ningún control.

Debe pedirse historial limpio

Durante la entrevista, Víctor Manuel Soto planteó que las personas interesadas en abrir un negocio de este tipo contrate a gente que tenga un historial limpio; que notifique su operación ante la Secretaría de Gobernación; además, que tenga un permiso anual revalidable y que la SSP realice una verificación trimestral. De igual manera, se pronunció por que los empleados de dichas firmas cuenten con las prestaciones médicas mínimas.