Alejandro Nadal
Repudiar los pagarés del Fobaproa

Entre las preguntas acerca del Fobaproa destaca una: ¿Sobre qué bases legales se emitieron los pagarés que integran la mayor parte del pasivo de ese fondo? De la respuesta depende la decisión del Congreso para consolidarlos como deuda pública interna, la evolución futura de la economía mexicana y el destino del gobernador del Banco de México. La responsabilidad política de Zedillo también está comprometida, porque todo indica que esos documentos fueron emitidos de manera indebida y sin fundamento legal.

Cada año el Congreso autoriza los montos de endeudamiento público interno y externo. Si esos montos no se hubieran alcanzado entre 1995 y 1997, el Ejecutivo no recurriría hoy al Congreso para solicitar la consolidación de los pasivos del rescate bancario como parte de la deuda pública.

Los pasivos del Fobaproa incluyen pagarés a favor de los bancos, emitidos por el Ejecutivo como parte del programa de capitalización por 160 mil millones de pesos, y pagarés de saneamiento financiero (para compra de cartera vencida) por 202 mil millones de pesos. El total de estos documentos equivale a 65 por ciento de los pasivos del Fobaproa y figura en las hojas de balance de los bancos rescatados como activos a la tasa de interés de los Cetes a 90 días.

Esos activos de los bancos no son negociables sin la garantía de que se conviertan en deuda pública. Son documentos avalados por el Ejecutivo federal, pero no reconocidos como deuda por la única instancia que puede hacerlo: el Congreso. Que se hayan devengado intereses sobre esos pagarés no modifica su naturaleza jurídica y siguen siendo títulos sin respaldo para el principal al día de su vencimiento. Entre paréntesis, lo que sí revelan esos pagos de intereses es que el Congreso está rezagado en el seguimiento de la cuenta pública.

Mientras el Congreso no reconozca esta deuda, los bancos tienen entre sus activos documentos cuyo valor se ignora porque carecen de respaldo. Se trata de activos chatarra y, como resultado, algunos bancos que los poseen están técnicamente en quiebra. Además, esos pagarés se utilizaron para limpiar las hojas de balance de las instituciones crediticias nacionales, a fin de que éstas pudieran ser vendidas a bancos extranjeros. Eso explica en parte la prisa de los banqueros, del director del Fobaproa y del señor Guillermo Ortiz para obtener la consolidación de los pasivos en deuda pública por parte del Congreso.

Ni la ley de Deuda Pública ni la de Ingresos facultan al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para estas emisiones de pagarés. La SHCP puede actuar ante a problemas imprevistos, pero no rebasar los montos de deuda autorizados o dejar de informar de manera pormenorizada al Congreso sobre el manejo de la deuda pública. Es lógico: ningún precepto en esas leyes secundarias puede contravenir lo estipulado en el artículo 73, fracción octava, sobre endeudamiento público.

La alternativa que tiene el Congreso es clara. Puede proceder a endeudar hasta nunca jamás a la nación, limpiando los estados financieros de los bancos para venderlos al extranjero. De hacerlo, convertirá a los pagarés en títulos negociables, inyectándolos al circuito financiero-especulativo. Ningún problema estructural de la banca se resolverá y la cartera vencida seguirá creciendo.

Pero el Congreso puede rechazar la pretensión del Ejecutivo y repudiar los pagarés del Fobaproa. Como eso implica reconocer la quiebra de varios bancos, será necesario intervenirlos porque sus consejos de administración no podrán operar normalmente y los socios habrán perdido su capital. Intervenir los bancos significa tomar su control y otorgar garantías a depositantes. Posteriormente podrán reprivatizarse sin las irregularidades del proceso anterior y mediante esquemas socialmente más eficientes. Pero el Congreso haría mal en intervenir el sistema bancario sin legislar una real reforma financiera, con controles creíbles, reduciendo márgenes de intermediación a niveles razonables, y con medidas que reviertan el crecimiento de la cartera vencida (introduciendo escalas de quitas por tipo de créditos que ayudan a deudores y reducen la necesidad de aumentar reservas preventivas).

Si el Congreso se equivoca en el caso Fobaproa habrá dos consecuencias, una económica y otra política. En lo económico, el costo financiero de la deuda cancelará toda perspectiva de crecimiento. En lo político, su incipiente credibilidad se destruirá con consecuencias gravísimas para la transición democrática en México.