José Blanco
Responsables e irresponsables

La iniciativa de formalizar como deuda pública los pagarés que fueron emitidos por el gobierno a favor de los bancos para ``salvar'' al sistema financiero es, en efecto, de hecho deuda pública y, como ha sido ya documentado, se emitió sin autorización del Congreso. El único propósito de la iniciativa es legalizarla a posteriori. De otra parte, no representa solución digna de tal nombre para los graves problemas de la banca y de los deudores.

El crecimiento enloquecido de los saldos insolutos de los deudores no fue responsabilidad de ellos, sino de los banqueros y del programa de ajuste implantado por el gobierno. La sobrexpansión crediticia irresponsable hacia personas y empresas, al menos desde 1993, fue producto de la falta de regulación por el gobierno, problema acrecentado por los grandes flujos de capital externo anteriores al ``error de diciembre''.

Algunos antecedentes: fragilidad financiera, signo monetario sobrevaluado, sobrexpansión del crédito bancario, falta de regulación sobre banqueros inexpertos (además de las trampas y latrocinios diversos de algunos de ellos) y el remate de siempre, déficit comercial externo creciente, aderezado todo ello con crímenes políticos, fueron los factores principales que desembocaron en la crisis financiera de diciembre de 1994.

Vino después lo conocido: un programa de ajuste de caballo. Las tasas de interés activas fueron lanzadas al cielo y el mercado interno se contrajo drásticamente, con lo cual aumentó el desempleo abierto y disfrazado con velocidad: empresas endeudadas y personas también endeudadas con créditos de consumo o hipotecarios se vieron de un día para otro en situación de pérdidas de sus empleos o de sus actividades (personas y empresas), al tiempo que sus deudas crecían en espiral endemoniada debido al interés compuesto (la capitalización de intereses con altísimas tasas de interés, impulsadas y permitidas por el gobierno, derivadas de las medidas del programa de ajuste).

Apareció así, necesariamente, una cartera vencida que llegó ya a ser equivalente a más de tres veces la deuda original y que, es natural como hoy ha quedado claro, desde el principio era en gran medida impagable.

La insolvencia en que cayeron los deudores resulta de sucesos enteramente ajenos a ellos. Pero hoy seguimos sin una legislación que permita regular de veras a los bancos, y sin una legislación que impida que al presentarse una crisis financiera, los deudores del momento sean exigidos de pagar una deuda que nunca contrajeron.

El remedio a través de Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue peor que la enfermedad. Las instituciones bancarias conti- núan en un estado de fragilidad acentuada y los deudores viendo crecer sus deudas al infinito. Nada de esto será corregido con la pretendida formalización de la deuda.

El gobierno, mediante el Fobaproa, expidió pagarés por 260 mil millones de pesos para ``resolver'' el asunto bancario, y a cambio retuvo las acciones de los bancos. Sin mover un dedo, los banqueros han recibido el flujo de los pagos de intereses que generan esos pagarés, con una tasa, asunto difícil de creer, por encima de la que pagan los Cetes.

Este pago de intereses de deuda pública representa una redistribución del ingreso hacia arriba: se toma dinero de la sociedad y se entrega a los bancos. En una sociedad con las desigualdades y la pobreza de México, es extremadamente difícil nombrar tales actos.

La fragilidad de la banca no sólo se debe a que, al privatizarla, se haya entregado a visoños e irresponsables (con algunas, escasas, excepciones). Se debe también a que no pocos bancos con frecuencia formaron su ``capital'', o parte significativa de él, mediante préstamos. En otros términos, hubo aportaciones de ``capital'' a la empresa bancaria por los socios, que no eran tal capital sino pasivos. El resultado sin remedio era la formación de bancos enclenques. No es extraño que el apalancamiento bancario (relación entre el endeudamiento y los activos) llegue a 45 por ciento del capital de los bancos.

Si, como los banqueros reconocen, la deuda recuperable es del orden de 30 por ciento del valor acumulado, que sea ése el valor que en conjunto los deudores paguen. Por otra parte, es indispensable despedir a los banqueros inexpertos o corruptos, lo que implica una solución de Estado muy distinta a la que se ha propuesto.