En diversos aspectos de la vida nacional se configuran nuevas ofensivas de la intolerancia. Desde las andanadas episcopales contra asuntos tan diversos como el suplemento Letra S -publicado por esta casa editorial- y la telenovela Tentaciones, hasta los llamados al linchamiento y al restablecimiento de la pena de muerte en el caso del secuestrador prófugo Daniel Arizmendi, la sociedad asiste a peligrosos intentos por acotar las garantías individuales y la vigencia de los derechos humanos.

Las campañas oscurantistas que desarrolla la jerarquía de la Iglesia católica responden a la determinación de esa institución de imponer a la población una uniformidad moral que, si existió, fue dejada atrás por el país hace muchas décadas. Se percibe, tras esos intentos, el afán por restaurar la jurisdicción virreinal de los poderes públicos sobre la vida privada y, más peligroso aún, el empeño de socavar la libertad de expresión e información que es posible ejercer hoy en el país, que tantos sacrificios ha costado alcanzar y que aparece, en la actualidad, como un elemento indispensable del proceso hacia la plena normalización democrática.

En el ámbito de la lucha contra la delincuencia aparecen también actitudes de muy diverso signo orientadas a reducir, o a suprimir, derechos humanos fundamentales. El fenómeno puede entenderse por la exasperación ciudadana causada por la ineficiencia o la impotencia de los aparatos de seguridad pública y procuración e impartición de justicia, la cual lleva a proponer que se dote a tales instituciones de mayores poderes y atribuciones. Tal es el caso de las reformas a las garantías constitucionales y a los códigos Penal y de Procedimientos propuestas por el presidente Ernesto Zedillo al Legislativo, así como la petición formulada a la Cámara de Diputados por el procurador capitalino, Samuel del Villar, para que ésta examine en un periodo extraordinario la posibilidad de otorgar a la institución que él encabeza un mayor margen de maniobra legal para enfrentar la delincuencia.

En uno y otro casos debe cuidarse que las potestades que se otorgue -en su caso-- a policías y ministerios públicos no contravengan los derechos humanos. Por otra parte, ante el anuncio del jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, de un nuevo plan de seguridad que establece la coordinación entre la población y autoridades en esta materia, cabe señalar que tal coordinación es, en principio, saludable, pero resulta fundamental evitar que se propicien situaciones en las que los ciudadanos puedan hacerse justicia por su propia mano o circunstancias de linchamiento de presuntos infractores.

Por lo que respecta a la persecución del secuestrador Daniel Arizmendi y la captura de varios de sus familiares, debe mencionarse que estos hechos, así como el conocimiento de las prácticas sádicas con las que la banda perpetraba sus crímenes, han dado lugar a expresiones viscerales contra los delincuentes, llamados a restablecer la pena de muerte o, peor aún, a instaurar la Ley del Talión.

Tales manifestaciones contradicen el propósito de rehabilitación que inspira al sistema penal y penitenciario mexicano, son incompatibles con la moral cristiana, y opuestas a la ética social de los derechos humanos y a la legalidad vigente en el país. Pareciera que la información sobre la industria del secuestro y los delitos relacionados, en lugar de propiciar actitudes apegadas a la legalidad, ha dado pie a propósitos de venganza. En esta circunstancia, la voz de la serenidad correspondió al procurador de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, quien ha debido salir al paso de tales opiniones y ha señalado la improcedencia moral, histórica y jurídica de recurrir a la Ley del Talión para combatir la delincuencia.