El fondo, negocio de 14 ejecutivos avalado por el BdeM, revela auditoría privada

Antonio Castellanos Ť El Banco de México aceptó, sin base legal, a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), certificados de largo plazo con tasas de 17.7 por ciento en promedio y, según el resultado preliminar de una auditoría particular, surgió un negocio entre banqueros y algunas autoridades. Figuran 14 ejecutivos de la banca comercial e importantes funcionarios de la administración pública.

Sin recursos, el Fobaproa fue transformado en un barril sin fondo a partir de la crisis de 1994, para convertirse en un negocio de 14 ejecutivos de los principales bancos --Banamex, Bancomer y Serfin-- que acapararon 80 por ciento de sus créditos. Hay documentos firmados por Guillermo Ortiz, Miguel Mancera, Eduardo Fernández y Martín Werner, reveló Dolores Padierna, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Los resultados de esta auditoría señalan que no se consultó al Congreso de la Unión para que el rescate de la banca se fincara sobre la deuda pública, y es preciso que el gobierno entregue los convenios que firmó con cada banco para analizar si se pueden anular. Desde la reprivatización todo se hizo a espaldas del Poder Legislativo.

Recordó que las autoridades recibieron 10 mil millones de dólares por la venta de bancos, y con el saneamiento le tuvieron que inyectar al fondo 65 mil millones de dólares, después de la crisis de diciembre de 1994, y advirtió que si se asumen como deuda pública los pasivos del Fobaproa calculados en más de 552 mil millones de pesos, cada mexicano, pobre o rico, niño o anciano, tendrá un débito de 5 mil 700 pesos. Todos tendrán que pagar las operaciones ilegales hechas por los banqueros con la complacencia de las autoridades.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, precisó que el Fobaproa ya no tenía fondos en 1994. Se habían agotado para cubrir los malos manejos de Banca Unión y Banca Cremi en 1993, pero después de la crisis se le inyectaron recursos para proceder al ``rescate'' de la banca, maniobra que se convirtió en un negocio multimillonario del que se benefició un pequeño grupo de banqueros.

Una investigación llevada a cabo por la legisladora revela que hubo créditos cruzados, autopréstamos y enormes recursos para la recapitalización de las instituciones a fin de venderlas nuevamente, ahora al capital extranjero, todo con el dinero de los contribuyentes. Está por definirse el costo fiscal, porque el oficial no es el exacto.

Sólo para el primer trimestre de 1998, la Secretaría de Hacienda informó que el costo financiero del sector público se ubicó en 23 mil 192 millones de pesos. De este total, 20 mil 129 millones de pesos se destinaron al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública.

Créditos preferenciales

Las propias autoridades admiten que los bancos intervenidos o apoyados por el Fobaproa o que se beneficiaron con programas de capitalización y compra de cartera vencida, otorgaron créditos preferenciales, entre los que destacan tres de Banca Cremi por 5 mil 544 millones, dos por 2 mil 224 millones de pesos; uno de Banamex por mil 210, y otro de Serfin por mil 64 millones de pesos.

A este respecto, la diputada Padierna señala que se deben desagregar por lo menos 600 créditos que concentraron la mayor parte del capital canalizado por el Fobaproa a acreditados preferenciales, y que ahora se encuentran en espera de que su responsabilidad crediticia sea convertida en deuda pública.

La investigación de la diputada Padierna destaca que desde la reprivatización hubo procesos oscuros, a espaldas del Congreso, con cargo al presupuesto federal y con severos daños para las finanzas públicas. Había 18 bancos además del Obrero, que era el peor de todos. Ahora sólo quedan cuatro: Banamex, Bancomer, Bital y Banorte. Serfín está en quiebra desde su privatización.

Ahora, el Shanghai Bank está en proceso de absorberlo y es un caso grave porque el mayor accionario es el gobierno y su saneamiento sería doblemente costoso. Bancomer está en proceso de absorción por el Banco de Montreal; Santander compró Banco Mexicano; BBV adquirió Probursa y Citibank hizo lo propio con Confía. Todos a precios muy castigados.

El análisis formulado por la legisladora destaca además que en cada compra y recompra de cada banco, el gobierno federal absorbió la pérdida. Son los contribuyentes los que sanearon los bancos. Fueron compraventas turbias y por eso es necesario que el gobierno entregue los convenios que se firmaron para analizar si se pueden revertir esos compromisos.

Para concluir, expresó que el Congreso está ante hechos consumados y los legisladores, si aprueban las reformas del paquete financiero que incluyen el asunto del Fobaproa en sus términos originales, avalarán operaciones ilegales realizadas por algunos banqueros, el sobreprecio de la cartera vencida, la costumbre de las autoridades de no informar ni consultar al Poder Legislativo y aceptarán formalizar la socialización de las pérdidas de una reprivatización mal operada.