Miguel Concha
Recomendación para Taniperla
Hace unos días conocimos el texto de la Recomendación 49/98, enviada por la CNDH a Roberto Albores, gobernador del estado de Chiapas, sobre las detenciones de 16 personas en el ejido Taniperla, ocurridas los días 11 y 13 de abril de este año.
La Recomendación, cuidadosamente elaborada, demuestra claramente las irregularidades ocurridas durante y después de las detenciones, y desvirtúa de manera contundente los delitos que se imputan a los ahora procesados, por lo que recomienda que la Procuraduría General de Justicia del Estado se desista de la acción penal emprendida contra los 16 detenidos en Taniperla, entre ellos varios defensores de derechos humanos.
Los documentos recogidos en la Recomendación son elocuentes: mientras la Secretaría de Gobierno del Estado justifica el operativo realizado el día 11 con la necesidad de ``restablecer el Estado de Derecho'', es decir, desmantelar el municipio autónomo Flores Magón, la PGJ da cuenta de sus acciones amparada en una averiguación previa abierta el día anterior, y explica que 400 elementos de la SPE, 200 elementos del Ejército, 12 de la PJF, 18 de la PJE, dos agentes del MP, un delegado estatal del CISEN, cuatro agentes del Instituto Nacional de Migración, el notario público Núm. 75 y el propio director de Seguridad Pública del estado, realizaron un operativo con el único propósito de que el agente del MP efectuara una inspección ocular, como parte de la averiguación previa iniciada tras una denuncia recibida vía fax el día anterior.
Pero esto no es todo. El notario público relata en el acta entregada a la CNDH cómo tras reunirse en Ocosingo en las primeras horas del día 11, los ejecutores del operativo se trasladaron a la base militar de Monte Líbano, donde el general comandante de la 39 Zona Militar en persona les ``explicó el plan operativo''. Y pensar que, de acuerdo con la detallada información brindada por la PGJE, esa impresionante movilización se debió tan sólo a que un grupo de personas se encontraban invadiendo una parcela escolar. En el operativo de referencia fueron descubiertos los ``maleantes'' que hoy son procesados. Cabe señalar que según la versión del MP, avalada por el juez, los detenidos en flagrancia se las arreglaron para talar árboles, realizar funciones exclusivas de las autoridades reconocidas por el Legislativo estatal, robar 20 mil pesos de una casa y esconder unas hipotéticas armas que, a decir del MP, sirvieron para rebelarse contra el Estado. ¡Todo ello mientras se hallaban en los dormitorios! Resulta altamente improbable que los hoy procesados gocen del don de la ubicuidad. Lo que ocurrió, según constata la CNDH, fue que los agentes de seguridad se lanzaron sobre ellos ante la denuncia de algunos pobladores, pasando por alto las mínimas garantías de seguridad jurídica que la Secretaría General de Gobierno dijo haber respetado escrupulosamente.
Los testimonios de varios habitantes de Taniperla y de algunos de los detenidos hablan de que esos mismos agentes destruyeron las construcciones aledañas de madera. El informe de las autoridades señala que fueron los propios pobladores quienes lo hicieron, sin que los agentes del orden hicieran nada para impedir que se destruyeran bienes, cuyos propietarios nunca se determinaron, es decir, se cometiera ante sus ojos el delito de ``daños'' por personas que no son los hoy procesados.
Algo semejante ocurrió con los detenidos el día 13. El MP argumentó flagrancia cuando los nueve detenidos ese día, entre los que había cuatro promotores del Comité de Derechos Humanos ``Fray Pedro Lorenzo de la Nada'', caminaban por las veredas con distintos rumbos. Se arguyó flagrancia, porque no había manera de justificar que hubieran sido detenidos por particulares, simpatizantes del PRI. Fueron acusados de plagiar a un individuo, cuyo paradero ninguna autoridad pareció querer averiguar, amén de que jamás se comprobó que hubiera sido efectivamente privado de su libertad. Ni siquiera se presentó a declarar ante la representación social, aunque sí lo hizo ante la CNDH.
Estos son sólo algunos de los ``mecanismos'' de impartición de justicia que, sin pudor alguno, reportan las autoridades chiapanecas. La Recomendación 49/98 es un excelente documento que consigue convencer a cualquiera del absurdo de que los 16 detenidos de Taniperla se encuentren bajo proceso. Esperemos que consiga también convencer a los funcionarios competentes para que ésta sea totalmente cumplida.