No a la impunidad en Fobaproa: PRI
Enrique Méndez Ť El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Mariano Palacios Alcocer, expresó su ``enérgico y rotundo rechazo'' a cualquier signo de impunidad que pudiera derivarse de posibles delitos cometidos en el uso de los recursos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y exigió una ``revisión acuciosa'' del manejo de los créditos y paquetes para salvar al sistema financiero mexicano.
Deben ``evitarse dudas y sospechas'', y en caso de que se reconozca y se detecte la comisión de delitos demandó que ``se actúe con toda la energía con que la ley faculta a las autoridades''. Después de una reunión con empresarios ayer, el dirigente priísta consideró que así como el Fobaproa ha sido un elemento importante para la salud del sistema financiero y bancario, es necesario profundizar las auditorías que el Congreso ha exigido, petición a la que se sumó como dirigente del Revolucionario Institucional.
Sin embargo, no estuvo de acuerdo con la sugerencia del Partido de la Revolución Democrática para que el gobierno reasuma el control de los bancos, los reordene y privatice. ``A mí me parece --señaló-- que no es la época de la estatización. Me parece que esto iría a contracorriente de la historia'' y recordó que el país ya vivió esa etapa y ``no ha sido la mejor solución''.
Señaló que es más importante que los asuntos financieros del país se analicen con responsabilidad y seriedad, ``al margen de posiciones estridentes'' y fuera de cualquier punto de vista que incluya pugnas políticas y entre partidos. Asimismo, rechazó que el PRI intente soslayar los actos de corrupción cometidos con el Fobaproa.
Además, dijo que es necesario superar la laguna constitucional en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para que, en caso de que no se acepte, haya una alternativa con el presupuesto vigente.
Palacios Alcocer dijo que se debería convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir las reformas al sistema financiero sólo cuando los grupos parlamentarios presenten ``iniciativas pactadas'' y garanticen ``un mínimo de acuerdos'' políticos, técnicos y jurídicos. ``Convocarlo antes no tendría ningún caso'', concluyó.
Mientras, en Tlaxcala, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gerardo Aranda Orozco, instó al Congreso de la Unión a legislar en torno al Fobaproa, pues de lo contrario el costo fiscal se disparará. Puntualizó que es ``imperioso'' darle cauce al paquete financiero, pues ante la magnitud del problema ``no hay de otra''.
En Ixtapaluca, estado de México, el ex secretario de Hacienda y ex director de Comermex, Mario Ramón Beteta, sostuvo que el lavado de dinero en el sistema financiero es una actividad difícil de detectar, aunque consideró indispensable erradicarla. (Con información de Víctor Hernández Tamayo y María de los Angeles Velasco, corresponsales)
Roberto González Amador Ť La presunta ilegalidad con que el gobierno asumió pasivos bancarios para trasladarlos como deuda al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) redujo aún más la posibilidad de que la reforma al fideicomiso se apruebe en los términos planteados en marzo.
El Ejecutivo debió pedir autorización al Congreso para asumir la deuda del Fobaproa, dijo el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, el Banco de México respondió que el gobierno contrató los pasivos amparado en la Ley General de Deuda Pública, que le permite emitir garantías y contratar empréstitos contingentes.
También señaló que la Ley de Instituciones de Crédito concede al Fobaproa la facultad de determinar ``los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con cargo al fondo''.
Ramírez Cuéllar, también secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, afirmó que cualquier contratación de deuda que realice el Ejecutivo debe tener la aprobación del Congreso. El gobierno, afirmó, violó la fracción octava del artículo 73 de la Constitución y el artículo cuarto de la Ley General de Deuda Pública, que estipulan los criterios para la contratación de pasivos con cargo al sector público.
En el primer caso, apuntó, la ley señala que el gobierno puede contratar deuda para atender una emergencia declarada por el Presidente con base en las facultades que le confiere el artículo 29 de la Constitución. También puede asumir pasivos con propósitos de regulación monetaria y para financiar proyectos productivos.
``En la contratación de los pasivos del Fobaproa --que ascienden a 65 mil millones de dólares--, el Ejecutivo no atendió ninguna de estas tres disposiciones'', dijo Ramírez Cuéllar. El diputado aseguró que el gobierno también violó la Ley General de Deuda Pública.
Explicó que el artículo cuarto de ese ordenamiento estipula que la contratación de deuda pública debe ser para financiar proyectos productivos y que los contratantes deben tener capacidad de pago.
Ramírez Cuéllar señaló que, desde el punto de vista de la Constitución y de la Ley General de Deuda, es cuestionable una buena parte de los pasivos que asumió el Fobaproa, porque el gobierno emitió los avales al margen de la ley. ``El Poder Ejecutivo debió contar con la autorización del Congreso para contratar la deuda y para otorgar los avales respectivos'', reiteró.
A través del Fobaproa, el gobierno federal rescató al sistema bancario, afectado por la devaluación de diciembre de 1994. El fideicomiso, constituido en 1990 con aportaciones de los bancos, agotó su capital en septiembre de 1994 con el apoyo otorgado a los bancos Cremi y Unión, cuyo principal accionista, Carlos Cabal Peniche, provocó un quebranto cercano a 2 mil millones de dólares. A partir de 1995, todas las operaciones estuvieron avaladas con recursos públicos.
A cambio de la cartera de crédito de los bancos que recibieron apoyos, el gobierno federal entregó a las instituciones pagarés con vencimiento a diez años, avalados por el propio sector público.
``Los pagarés que entregó el gobierno están respaldados por garantías del mismo gobierno, quien para emitirlos debió haber tenido la autorización del Congreso'', señaló el diputado. Por tanto, dijo, la oposición en la Cámara de Diputados determinará primero sobre la presunta ilegalidad de los respaldos y luego procederá a investigar la forma en que se otorgaron los avales. ``El Congreso no puede aceptar convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa sin saber si las operaciones fueron lícitas, porque de lo contrario violaría la Constitución'', aseguró.
Según funcionarios del Fobaproa, las garantías otorgadas por el gobierno para el rescate bancario tienen su fundamento legal en el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en su fracción sexta señala que el comité técnico del Fobaproa --integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-- determinará los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen (a los bancos) con cargo al fondo.
El Grupo Financiero Banorte calificó de imprecisa la afirmación de un grupo de economistas de la UNAM acerca de que cinco instituciones de crédito, entre ellas Banorte, concentraron la mitad de los apoyos al sistema financiero otorgados por el gobierno a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
El banco precisó que gracias a la calidad mayoritaria de su cartera, la prudencia de sus operaciones y la oportunidad de los programas de restructuración crediticia que puso en marcha junto con su clientela, Banorte fue una de las instituciones que menos recursos requirió del Fobaproa para hacer frente a la crisis de 1995.
Es públicamente conocido, señaló, que el Banco Mercantil del Norte S. A. (Banorte), alcanzó los más altos índices de capitalización y los menores porcentajes de cartera vencida, hechos que le permitieron adquirir en 1996 el Banco del Centro (Bancen) y en 1997 Banpaís.
Consideró que estos hechos no se reflejan en el estudio realizado por economistas de la UNAM, quienes afirman que el 50 por ciento de los apoyos del Fobaproa se destinaron a la recapitalización de Banamex, Bancomer, Bital, Banorte y Serfin.
Solicita EU congelar cuentas
David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 29 de mayo Ť El gobierno estadunidense, a través del Departamento del Tesoro, giró una instrucción al Grupo Financiero Banorte para inmovilizar algunos recursos en cuentas bancarias de sus sucursales ubicadas en Estados Unidos, como parte de la operación Casablanca, informó hoy el director general del banco regiomontano, Othón Ruiz Montemayor.
El banquero precisó que es ``una cosa de trámites'' que no afecta las operaciones del grupo financiero, y señaló que a fin de contrarrestar la acción de las autoridades estadunidenses el banco contrató los servicios de un despacho de ese país que haga una auditoría al banco.