En el gobierno de Rizzo, faltantes por $306 millones

David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 29 de mayo Ť Al dar a conocer los resultados de una auditoría realizada durante casi ocho meses, en el contexto de la lucha política por la gubernatura, la administración estatal panista informó hoy que durante el periodo del ex gobernador Sócrates Rizzo García hubo faltantes por más de 306 millones de pesos.

Sin embargo, se reconoció que ya no será posible aplicar sanciones administrativas contra los presuntos responsables porque ya prescribió la acción legal; sin embargo, la Procuraduría de Justicia decidirá si intenta fincar responsabilidades de tipo penal, civil o mercantil.

Ante la ausencia del gobernador Fernando Canales Clariond, quien como candidato prometió luchar contra la corrupción y fiscalizar la gestión de Sócrates Rizzo, acudieron el contralor Carlos Domínguez Ahedo y el secretario general de Gobierno, José Luis Coindreau García, quienes presentaron ante los medios los resultados de la auditoría en un volumen de 21 cuartillas que resume las investigaciones de seis personas de la Contraloría, auxiliadas por un despacho externo.

En las conclusiones del documento se resalta que durante el periodo del ex gobernador Sócrates Rizzo García, del primero de agosto de 1991 al 17 de abril de 1996, hubo decisiones administrativas y operativas que adolecieron de control y racionalidad administrativa, lo que ocasionó un dispendio generalizado del gasto público en el gobierno central y en los organismos descentralizados. Se detectó ``una diferencia cuantificable al erario'' de 306 millones 87 mil 523 presos.

Se informó que, al igual que el ex coordinador de la diputación priísta, Dante Decanini Livas recibió cheques girados a su favor por la Tesorería del Estado, supuestamente para cubrir el gasto corriente de la Legislatura.

En total, la Tesorería estatal habría expedido cheques por más de 44 millones para ése y otros rubros ``dudosos''.

José Luis Coindreau puntualizó que el ex gobernador Rizzo García pudo incurrir en responsabilidad directa al haber autorizado con su firma, el primero de marzo de 1994, pagos de bonos extraordinarios equivalentes a seis meses de sueldo para funcionarios de la Secretaría de Educación, por un millón 741 mil 228 pesos.