Restricciones ``sin precedente'' en las nuevas reglas para observadores: AI

Triunfo Elizalde Ť Amnistía Internacional (AI) informó ayer que los nuevos visados para defensores extranjeros de los derechos humanos dificultarán a las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y a individuos colaborar en la protección de esas garantías en México, y podrían incrementar ``considerablemente'' los riesgos a los que ya se enfrentan los defensores nacionales.

Las nuevas reglas anunciadas por el coordinador del Instituto Nacional de Migración, Alejandro Carrillo Castro -``sin precedente en todo el continente americano''-, exigen a quienes desean investigar las condiciones de los derechos humanos los detalles acerca de sus planes de trabajo y de los grupos y personas con los que pretenden entrevistarse durante su estadía en México, lo que ``limitará severamente'' la capacidad de los defensores internacionales de los derechos humanos para investigar las denuncias relacionadas con posibles violaciones.

``La naturaleza sensible de la labor de defensa de los derechos humanos requiere un nivel de confidencialidad, tanto para las víctimas como para los testigos y familiares que rinden testimonios ante defensores de derechos humanos'', precisó AI, para la cual ``quizás es todavía más grave el requisito de avisar con 30 días de anticipación el viaje, lo que claramente impide que los defensores de derechos humanos y ONG puedan reaccionar oportunamente en situaciones de emergencia''.

AI reconoció el derecho del gobierno mexicano de regular el flujo migratorio, pero le preocupan los reglamentos fijados por la Secretaría de Gobernación, porque ``demorarán y pondrán en peligro la labor de los extranjeros comprometidos con la defensa de los derechos humanos''.

Para AI, las nuevas medidas ``entraron en vigor en el contexto de un incremento significativo del número de expulsiones de activistas extranjeros en los meses pasados''. La denegación del derecho de audiencia a los expulsados ``contradice el principio de tener derecho a un debido proceso y podrían dejar abierta la posibilidad de considerar arbitrarias esas expulsiones''.

Asimismo, señaló que las medidas ``parecen contradictorias'' al espíritu y la intención de los acuerdos internacionales recientemente apoyados por México. En 1993, por ejemplo, junto con otros 120 gobiernos, el de México adoptó la Declaración de Viena y el Programa de Acción resultante de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese documento reconoce inter alia el papel importante que las ONG juegan en la defensa de los derechos humanos.

Igualmente, conforme al espíritu de la Declaración de Viena y respetando la legislación mexicana, AI ``urge al gobierno de México a desistir de la introducción de medidas que podrían ser interpretadas como intento de obstaculizar la defensa de los derechos humanos''.

Pidió que dichos reglamentos ``sean reconsiderados y modificados, en el sentido de no crear obstáculos injustificados para el trabajo de los defensores de los derechos humanos''.

``Preocupante'', la discrecionalidad otorgada a funcionarios del INM

Si se quiere regular el ingreso de observadores internacionales a México, el gobierno no debería limitarse a dejar al ``juicio arbitrario'' de algún funcionario la aceptación, sino incluir esa figura en la Ley General de Población y su reglamento, en los que se establezcan criterios claros y objetivos.

Sugirieron lo anterior, de manera conjunta, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Acción por los Cristianos para la Abolición de la Tortura.

Al analizar algunos puntos de las medidas anunciadas por Gobernación, las tres ONG opinaron que, en el caso de sucesos graves como los de Acteal y Aguas Blancas, el requisito para acreditarse como observador con 30 días de anticipación ``resulta inoperante, ya que los hechos ocurridos se habrán modificado sustancialmente, incluso sin la intervención de las autoridades responsables''.

Consideraron ``preocupante la discrecionalidad'' otorgada a los funcionarios del INM para calificar la experiencia y seriedad de las organizaciones de derechos humanos visitantes y decidir su aprobación.

Apuntaron que 10 días ``no son suficientes para realizar una observación integral, imparcial y completa'', debido a la dificultad del traslado a las distintas zonas del país ``por lo accidentado del territorio y la lejanía de muchas comunidades'', además de que resulta escaso el tiempo para reunirse con todas las partes involucradas.

``Las medidas de control, además de unilaterales y arbitrarias, nos parecen incompletas, ya que sólo se establecen a medias las obligaciones de los observadores y no se precisan claramente sus derechos'' como el acceso a la información, a la versión de las autoridades y a todas las zonas que los observadores consideren necesarias como resultado de informes previos y las entrevistas con funcionarios.