La Jornada Semanal, 31 de mayo de 1998

La persistencia de la exclusión está, hoy como antes, en el origen de numerosos movimientos políticos: las actitudes, las costumbres, los comportamientos, el lenguaje, traducen a menudo situaciones de desigualdad, las perpetúan y a veces contribuyen incluso a crearlas. Tales movimientos, al pretender concretar los derechos del hombre creados con el fin de extender la ciudadanía a los más desprotegidos, a los individuos o grupos excluidos del espacio social y político, se esforzarían por modificar maneras, disposiciones morales y psicológicas, sensibilidades y opiniones.

La igualdad es, según ellos, demasiado abstracta cuando los individuos están desprovistos de consideración, de estima, de respeto, en suma, de reconocimiento social. Más allá de la reivindicación de igualdad, algunos de estos movimientos se comprometen también a hacer respetar la dignidad de cada uno.

Se trata aquí de una cuestión decisiva para las democracias: si, por una parte, conviene en efecto asegurar el respeto para cada uno, es necesario, por otra, borrar todas las diferencias en aras de la igualdad. Estos dos imperativos no han dejado de ser la condición y la finalidad, incluso el problema mayor, de las sociedades democráticas: cuando éstas ignoran la necesidad de consideración o el derecho al respeto, provocan humillación, amargura, resentimiento, y aun odio y rebelión.

En teoría, conferir ese derecho a los individuos o a los grupos despreciados, ignorados, constituiría para esos movimientos el remedio a las desigualdades contemporáneas. Es precisamente lo que la corrección política exige: al denunciar en la cultura política liberal la idea de jerarquía y de desigualdad, ataca, en efecto, no tanto las causas como las expresiones de la exclusión. Se debe entonces combatir toda observación, toda actitud, todo gesto, todo lenguaje considerado hostil o despreciativo respecto a ciertos grupos sociales. Así, estos movimientos pretenden modificar en profundidad las costumbres y las sensibilidades, así como el pensamiento y el lenguaje, para ``erradicar'' los elementos ligados a la dominación.

Surgida en los medios universitarios de Estados Unidos a principios de los ochenta, la corrección política enuncia códigos de habla y de comportamiento destinados a luchar contra la hostilidad, el insulto y, en suma, la falta de respeto, de naturaleza sexista, étnica, racista o xenófoba. Progresivamente se ha ido extendiendo al conjunto de la sociedad, más allá del ámbito universitario, y ha intentado codificar hasta en sus menores detalles las relaciones entre sexos, estatus, grupos étnicos y culturas.(1) Así, los que son, o se sienten, excluidos o despreciados, reivindican empleos que hasta ese momento les estaban vedados y condiciones nuevas de contratación; exigen, además, que la publicidad y el cine dejen de representarlos desde un punto de vista despreciativo. Para proteger a estos grupos vueltos frágiles, la corrección política incita a poner en práctica sentimientos ``correctos'', ``convenientes'', reconociéndoles así el respeto que las sociedades les han negado hasta el momento. Son las comunidades de pertenencia -negros, mujeres, poblaciones de inmigrantes, homosexuales- las que deben ahora conferir a cada individuo, a través de una identidad particular, reconocimiento y respeto. Al encerrar a individuos en categorías como raza, género, etnia o sexualidad, la corrección política privilegia así una especie de esencialismo identitario, nutrido por un imaginario tradicionalista y conservador. Este movimiento legitima, pues, un tratamiento político desigual de las identidades, pues al pretender combatir la exclusión, se esfuerza así -contra lo que hacen las políticas democráticas igualitarias- no por conferir a los individuos y a los grupos excluidos el derecho a ser reconocidos a pesar de sus diferencias, sino precisamente por sus diferencias.

Para luchar contra la exclusión, la corrección política recurre igualmente a una práctica igualitaria instituida a fines de los años sesenta: la Affirmative Action. Al querer compensar las injusticias y las desigualdades entre grupos sociales, e incluso raciales y étnicos, la Affirmative Action -o la ``discriminación positiva'', para retomar la expresión francesa- se basa en un sistema de cuotas que pretende proteger a las ``minorías''. La instauración de una representación proporcional, en el caso de la obtención de empleos o del procedimiento de admisión en una universidad, o incluso de firma de contratos, busca reducir las desventajas de los grupos excluidos, considerados desfavorecidos por el sistema educativo, social y cultural.(2) Pretende así, no sin dificultades de orden legal, favorecer a esas ``minorías'' en relación con los blancos, los judíos (y ahora los asiáticos), considerados como los representantes, privilegiados desde siempre, de la estructura de poder de los blancos.(3)

La corrección política desarrolla así, en el corazón mismo de las democracias, una política que parece ir al encuentro de reivindicaciones de igualdad que antaño fundaron el rechazo de los privilegios.

Examinemos ahora el respeto y la dignidad debidos a todo ser humano. Recordemos así los fundamentos étnicos de la noción de respeto que subyace en las concepciones contemporáneas en materia de igual dignidad.(4) ¿No hay que señalar que la necesidad de consideración, tenida por un derecho, ha sido definida como el deseo que cada individuo tiene ``de ser visto, oído, aprobado y respetado por la gente que lo rodea''?(5) La necesidad de ser aprobado y honrado perdura, pues, en las sociedades democráticas. Así, Tocqueville observa que ``siempre que los hombres se reúnen en sociedad [...], de inmediato se establece entre ellos un honor, es decir, un conjunto de opiniones que les es propio sobre lo que se debe alabar o condenar [...]''.(6) Esto concierne también, añade, en cierta medida, a las sociedades democráticas.

Tocqueville señala, sin embargo, que la idea de honor supone una profunda desigualdad. ``Son las desemejanzas y las desigualdades de los hombres'', nos recuerda, las que han creado el honor, mismo que ``se debilita a medida que esas diferencias se borran, y desaparece con ellas''.

No obstante, las reivindicaciones de respeto, la necesidad de dignidad y consideración son sentimientos morales indispensables en las sociedades democráticas.

La corrección política, que piensa así responder de manera definitiva a la exclusión, tiende a cuestionar las bases de la democracia: pretende dar un estatus político decisivo -lo cual es una paradoja para las democracias- a la diferencia, a lo específico y a lo particular. Se propone, contra el carácter universal de los derechos, instaurar un reconocimiento desigual de las diferencias. Al promulgar códigos de habla y de comportamiento dedicados a sustituir a las instituciones democráticas, al recurrir a la discriminación positiva, la corrección política define lo justo y lo injusto de manera relativa.

Fundar la necesidad de reconocimiento, el derecho al respeto y a la dignidad, la estima de sí y de cada uno en lo que diferencia a los individuos, implica siempre una contradicción profunda para las democracias: ``si los que abogan por la diferencia exigen para ella a la vez la igualdad y el reconocimiento'', señala Louis Dumont, ``exigen lo imposible''.

¿No estaríamos enfrentándonos aquí a una política que se basa esencialmente en la conmiseración y la compensación? ¿No redefiniría esta política, así, lo político, provocando efectos perversos?

Los sentimientos, las ideas, las leyes, pueden ciertamente reducir la exclusión en las democracias. Sin embargo, hay que cuidarse de volverlos contrarios a los principios democráticos. Fuera de eso, Tocqueville lo repite, la imprudencia es grande.

Notas (1) Se trata en este caso de un movimiento cuyos orígenes son complejos y los límites con frecuencia imprecisos. Este movimiento, al traducirse más bien en una atmósfera, en un clima moral, invita más a interrogarse sobre la importancia de los afectos en la historia de la democracia que a un examen de hechos, la mayoría de las veces inverificables.

(2) La ``discriminación positiva'' constituye así el conjunto de ``programas que intentan aumentar el número (...) de las minorías en la industria, el comercio y las diferentes profesiones, al privilegiarlas en su contratación, en su promoción y su admisión en los colegios y escuelas profesionales'', R. Dworkin, Laws Empire, Cambridge, Mass., Londres, Harvard University Press, 1986, p. 48.

(3) La ``discriminación positiva'' se cuestiona cada vez más en Estados Unidos. El estado de California propuso, para el referéndum de 1996, abolir todo trato preferencial basado en la raza, el sexo, la etnia o el origen nacional de un individuo. Asimismo, la Corte Suprema de los Estados Unidos limitó recientemente el alcance de la ``discriminación positiva'' mediante un fallo contra la Universidad del estado de Maryland, considerando que no se justifica una discriminación inversa contra los blancos. A pesar de la persistencia de fuertes cargas sexistas, raciales o étnicas, esas decisiones jurídicas, al señalar las ambigüedades de una política proteccionista, cuestionan los fundamentos mismos de la noción de ``justicia'' que actúa en estas ``discriminaciones positivas''. Sobre los debates contemporáneos concernientes a las concepciones democráticas de justicia, véase J. Rawls, A Theory of Justicie, Oxford University Press, 1972, y C. Taylor, Sources of the Self (the Making of the Modern Identity), Cambridge University Press, 1989.

(4) Kant, La crítica de la facultad de juzgar y Opúsculos sobre la historia.

(5) J. Adams, Discourses on Davila, 1796.

(6) A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, ed. Vrin, 1990.