AN: se busca lucro electoral con los asesinatos en Ciudad Juárez
Alma E. Muñoz. Ť El asunto de los asesinatos de más de cien mujeres en Ciudad Juárez se politizó frente a las elecciones del 5 de julio en Chihuahua. De tal suerte, la diputada panista Patricia Espinosa de Parrodi considera que algunos grupos ``lucran'' con los lamentables sucesos para alcanzar una mejor posición y, por tanto, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el hecho es ``infundada, pues la investigación se realizó sobre expedientes resueltos que datan de 1993-1995''. En el documento del organismo los casos corresponden a 1996-1997.
A su vez, el Partido de la Revolución Democrática, mediante la legisladora y responsable de la denuncia ante la CNDH, Alma Vucovich, mencionó que la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, junto con agrupaciones de mujeres, presentaron el caso ante Amnistía Internacional y Human Rights Watch, para ver si el gobierno estatal, ante la intervención de estos organismos, cumple con las investigaciones y deja de lado actitudes sexistas.
La priísta María Elena Chapa, presidenta del Consejo Consultivo del Programa Nacional de la Mujer, lamentó que el suceso no pueda presentarse ante una corte penal internacional para enjuiciar a los responsables de las omisiones en los asesinatos perpetrados a partir de 1993 en Ciudad Juárez, con un saldo de más de 130 víctimas, ni pueda haber un proceso contra el gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas.
Frente a la negativa del gobierno estatal para aceptar la recomendación 44/98 de la CNDH en la que se acusa al presidente municipal de Ciudad Juárez, Enrique Flores Almeida, y al procurador de Justicia estatal, Arturo Chávez Chávez, de no conducirse conforme a derecho en las investigaciones, asumir una actitud ``sexista'' y actuar con omisión o negligencia en el manejo de los expedientes de las víctimas, las representantes de los tres principales partidos políticos, encargadas de asuntos de la mujer, confrontaron ayer sus versiones ante los hechos de violencia en la entidad.
La perredista Alma Vucovich, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, expuso que el trabajo de la CNDH se fija dentro de las irregularidades del gobierno estatal y dudó que a un mes de las elecciones pueda enjuiciarse a los servidores públicos y autoridades locales acusados de incumplir con las investigaciones.
``Los casos no están definitivamente resueltos. Hay irregularidades, lagunas en los expedientes, además de discriminación por parte de las autoridades de Chihuahua, lo cual se ve en el trato a los familiares de las víctimas y los denunciantes. Pensamos y, no creo que sea por las elecciones, que las autoridades aceptaron sacar al exterior el caso porque no se podía seguir buscando al asesino con un cuerpo policiaco totalmente viciado, por eso incluyeron a dos agentes especializados de nivel internacional para continuar las indagaciones''.
Particularmente, añadió, no me interesan los votos, ``me importan las vidas que se están perdiendo''.
Indicó que en 15 días deberán analizar si los acuerdos pactados con el gobierno del estado se cumplieron. Mientras, esperan la respuesta de los organismos Human Rights y Amnistía Internacional para acelerar los resultados.
Tanto las representantes de PRD y PRI aseguran que en los hechos violentos contra las mujeres es evidente la participación del narcotráfico y grupos vandálicos organizados y, por ello, el tricolor demandó el estricto cumplimiento de la recomendación 44/98.
Lamentablemente, de acuerdo con María Elena Chapa, ``cuando no hay soluciones, los hechos se vuelven partidistas'' y ahora, ante la proximidad de las elecciones, los crímenes de Ciudad Juárez se convierten en parte de campañas políticas.
``Qué lástima que en estos momentos no haya una resolución como para poder llevar el caso a instancias como las cortes penales internacionales en donde se ven tres tipos de delito: los crímenes de guerra, los genocidios y los de lesa humanidad. Esperamos que la CNDH insista en la recomendación y el gobierno asuma las responsabilidades consecuentes''.
Actualmente, dijo, Barrio ``ya ha sido juzgado por el pueblo, pero no hay una instancia legal jurídica que en este momento permita se le haga un juicio'', porque es evidente la presencia de una ``postura sexista y no de partidos''.
Finalmente, la panista Patricia Espinosa de Parrodi, diputada federal integrante de la Comisión de Equidad y Género, habló de una manipulación por parte de la CNDH para emitir la recomendación de manera ``extemporal'' y sobre expedientes ya resueltos.
``Es una falla, una falta de sensibilidad política de la CNDH enviar esa recomendación. Con esto demostró que tiene una intención política en un momento electoral. Hubo falta de prudencia o a lo mejor hizo eco a comentarios mal interpretados. El número de víctimas que presenta no sobrepasa la media. Hay un documento donde el gobierno no reconoce más de cien casos, habla de 88 que responden a un mismo tipo de crimen que es el de violación y muerte y los dejan abandonados, los otros son de problemas familiares como el de una pareja que estaba bebiendo, se trepa ella en el coche, el muchacho frena, ella se cae y la atropella''.
Además, aseguró que pese a tener a 25 menores de edad detenidos, ``es una zona fronteriza donde de un lado a otro fácilmente se pasa, y sabemos de nuestros vecinos del norte, pueden cometer un crimen y luego cruzar la frontera''.
Francisco Barrio Terrazas no puede cumplir una recomendación extemporánea. ``Es infundada pues ``Mireille Roccatti -presidenta de la CNDH- presentó casos ya resueltos. No es que yo apoye a Barrio o no. Lo que me molesta es que se quiera lucrar con esta violencia y con estas muertes. Algunos grupos quieren afectar al gobierno en una guerra electoral que no tiene respuesta en estos comicios, sino hasta el año 2000'', añadió.