Las autoridades monetarias y financieras han contribuido en los últimos días a crear más confusión y más controversia con respecto al Fobaproa. El asunto es por sí mismo conflictivo y está ya asentado en la disputa política, y no podía ser de otra forma. No sólo por las enormes cantidades de dinero que involucra y, con ello, el costo económico que representa para la población, sino por las percepciones que provoca en cuanto a la inequidad en el uso de los recursos públicos entre distintos grupos de la sociedad. Ambas cuestiones son defendidas por el gobierno. Se dice que de no haber aplicado las medidas que significan las operaciones del Fobaproa, el costo de la crisis financiera hubiese sido mucho mayor, que la descapitalización que registraron los bancos en 1995 hubiese llevado a su quiebra, desquiciando el funcionamiento del sistema de pagos y de toda la economía, afectando el patrimonio de los ahorradores. Así, y conforme a lo que dice la tesis oficial, lo que se ha salvado son las instituciones y no a los banqueros.

En los dos argumentos hay posiciones encontradas. El gobierno tendrá que convencer a la población de que la forma en que enfrentó la crisis bancaria es efectivamente la menos costosa. Y aquí el problema no es solamente técnico, pues no puede pretenderse que se entiendan las minucias de la contabilidad bancaria y las argucias de unas millonarias transacciones amparadas, además, en el secreto bancario. El asunto es político, convencer a los ciudadanos que el gobierno actuó en el mejor de sus intereses, como corresponde a uno electo por la mayoría en 1994. Este es un tema que confronta la parte de administración que hace el gobierno, y que además parece privilegiar, con el quehacer político, y es un ámbito en el que habrá de empeñarse en grande para lograr su objetivo de que se apruebe la ley en el Congreso, pero más importante aún, para mantener la legitimidad ante la población. Que se haya salvado a los bancos, y no a los banqueros, es un punto que todavía no convence, y esto tiene que ver con el sistema legal vigente en cuanto a la quiebra de las empresas y con la capacidad de descubrir a tiempo las operaciones fraudulentas y aplicar las sanciones correspondientes. Tiene que ver también con la asignación de los fondos públicos en las transacciones del Fobaproa y que hasta ahora no se conocen públicamente.

Mientras esto ocurre, el gobernador del Banco de México parece echar más leña a la hoguera cuando dice públicamente que, en efecto, hubo transacciones realizadas con los fondos de Fobaproa que no debieron haberse hecho. De igual manera dice que eso que técnicamente se llama deuda contingente, y que es la que el banco central adoptó con el fondo, es en términos efectivos deuda pública, con lo que se sugiere una especie de chantaje al Congreso para aprobar, como quiere el gobierno, la iniciativa de ley que convierte los recursos del Fobaproa en deuda pública, esos 552 mil millones de pesos de los que tanto se tiene que hablar. Pero es eso precisamente, doctor Ortiz, lo que se está debatiendo, es eso lo que se quiere saber, ¿cómo y con quién se hicieron esas operaciones que usted reconoce no debieron hacerse? Y ¿por qué debe ahora el Congreso aceptar como deuda pública una erogación hecha por el gobierno sin la autorización que marca la ley? A muchos mexicanos no les parecen tan extrañas estas preguntas, como parece serlo para los funcionarios públicos.

La consolidación de la deuda de Fobaproa como deuda pública hará que esta represente alrededor de 42 por ciento del producto de 1998. Pero como dice el subsecretario de Hacienda Werner, esto no constituye un problema mayor, ya que en los países de la OCDE la deuda es en promedio 60 por ciento del producto. Y como todos sabemos, empezando por el funcionario en cuestión, las condiciones económicas de México son cuando menos tan buenas como en esos países. Sobre todo la fortaleza de nuestra estructura productiva, la solvencia de los bancos, la solidez de las finanzas públicas y hasta la distribución del ingreso, por no decir, claro está, la enorme parte de la población que está en un estado de pobreza. Es muy notoria la incapacidad de los responsables de administrar los asuntos públicos para salirse de una lógica eminentemente contable de la economía que está cada vez más desligada de lo que ocurre en el país y de lo que quiere y necesita la población.

Esta sociedad tendrá que hacerse cargo del costo de la crisis económica provocada por la mala gestión gubernamental en el sexenio anterior y en el actual. Pero aceptarlo no quiere decir que se haga caso omiso de lo que pasó y de las posibles acciones que hayan representado ilegalidad o favoritismo o corrupción. El asunto no es sólo el mecanismo del Fobaproa, sino la manera en que los recursos salieron y entraron en ese fondo. Sobre todo, cómo hacer realmente menores los costos sociales mediante una adjudicación de los mismos a los responsables de la gestión privada de los bancos. También, en la capacidad de vender los activos con los que se ha quedado el gobierno y que siguen perdiendo valor sin que se halle la forma de obtener en el mercado más de los 30 centavos por cada peso, como ahora se espera. Todo eso es lo que queremos saber, y entre tanto ni en el Banco de México ni en Hacienda encontramos respuestas sensatas y convincentes. Como en el póker, pagamos por ver.