La agenda definida el pasado 26 de mayo revela no sólo la importancia que ciertos temas tienen para la gobernabilidad del país, sino también la idea compartida por el Legislativo y el Ejecutivo de sentar las bases para una transición pacífica y estable en el año 2000.

Como es natural, los puntos de vista sobre cada uno de los temas difieren de un partido a otro. Asimismo, hay en todos los actores el propósito de convencer a los sectores sociales de la bondad de sus propuestas. Pese a estas evidentes diferencias, se logró una primera agenda común.

Nueve meses transcurrieron para hacer posible este primer encuentro del más alto nivel ¿Por qué?, ¿qué pasó en ese tiempo?

Recordemos que el avance democrático que significaron los métodos empleados y los resultados de las elecciones de julio de 1997 sufrió un primer descalabro por la chapucera e ineficaz intentona de instalar la Legislatura 57 a contrapelo de la mayoría. Las oposiciones en la Cámara de Diputados respondieron con la descalificación como interlocutor del entonces secretario de Gobernación, al que identificaron como el autor de esa maniobra, y reclamaron un diálogo directo con el propio Presidente de la República.

Esta respuesta no significó la superación del diferendo. Antes bien, hay evidencias de que la Secretaría de Gobernación persistió en una estrategia tendiente a minimizar la falta de acuerdos de alto nivel. Jamás sabremos qué habría sucedido de haberse dado un acercamiento temprano entre poderes para tratar, entre otros asuntos urgentes, el del conflicto chiapaneco. Probablemente, Acteal no hubiera ocurrido.

Nueve meses de desencuentros en los que todos los partidos y el propio gobierno federal aportaron sus muchos granos de arena. Sin embargo, como garante de la estabilidad y la gobernabilidad, toca al Ejecutivo la mayor responsabilidad en la tardanza para que una reunión de este tipo se llevara a efecto. Se ha tenido que marchar un secretario de Gobernación y convertirse en urgente el asunto del Fobaproa para que este encuentro haya sido posible. De cualquier forma, es positiva la reunión efectuada entre Poderes, pero llega tardíamente. Ese solo hecho debió ser suficiente para que se agendara la siguiente reunión o para que hubiera declaraciones de mayor alcance y claridad. No las hubo. En su lugar, tenemos comunicados escuetos y la sensación de que los participantes entendieron cosas distintas.

Tres cosas de entre la agenda destacan. En primer lugar, el problema de la seguridad pública. Hasta ahora, no hemos visto por parte de ningún partido una propuesta sólida y convincente. Sólo hemos apreciado propuestas dispersas relacionadas con soluciones básicamente policiacas que preocupan más de lo que tranquilizan. Por ejemplo, la sola idea de una policía nacional heló la sangre de más de uno. Existe el temor fundado de que la impunidad y la corrupción que hay en esos cuerpos se vería multiplicada por una corporación sin límites geográficos.

En el caso de las iniciativas en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas hay diferencias de fondo. Lo cierto es que ni la iniciativa del gobierno federal ni la del PAN, así como están, suponen avanzar en la resolución del conflicto. Aprobar cualquiera de ellas o una combinación de ambas sería retroceder. Lo que es urgente es que se recuperen los pasos perdidos y que se camine sobre la base del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Finalmente, está el asunto del Fobaproa y las reformas económicas. Se dice que, de no aprobarse la propuesta de convertir pasivos en deuda pública, una crisis como la del 95 nos caería encima. Dichas como amenaza o mal augurio, estas palabras parecen urgir a tomar una decisión que debería asumir todo el pueblo de México, ya que en él recaería la responsabilidad de pagar una deuda cuyos resultados no se ven claramente. De cualquier forma, es curioso que los encargados de velar por la estabilidad de los mercados y la economía sean los primeros en hacer afirmaciones catastrofistas.

Toca al PRI, como partido con amplia experiencia legislativa y un mayor compromiso con las instituciones, salvar los obstáculos que se oponen a la resolución de los problemas por medio de un mayor entendimiento entre Poderes autónomos. Sin sumisión y con una gran dosis de responsabilidad con la nación debemos buscar los caminos más convenientes, sin asumir culpas de quienes han utilizado al partido para esconder sus errores en el manejo de asuntos que han afectado a millones de mexicanos. Es hora de que los priístas entendamos que no retendremos el poder creando problemas sino resolviéndolos.

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