En Sinaloa, signos de irritación; urge cambiar políticas: productores

Matilde Pérez U. Ť El panorama del campo tras la prolongada sequía es una tragedia incluso en la frialdad de las cifras: caída de más de seis por ciento del PIB durante el primer semestre; importaciones de 14 a 15 millones de toneladas de granos básicos; 248 mil hectáreas sin riego y 412 mil 345 hectáreas sin cultivar, reducciones presupuestarias y créditos insuficientes.

Asimismo, el factor climatológico adverso agota paulatinamente el contenido de los 137 principales embalses para riego del país, pues en poco más de 20 días pasaron de 13 millones a 11 millones de metros cúbicos, lo que agudiza la desesperación de los agricultores. En Sinaloa, 8 mil de ellos iniciaron plantones en carreteras y protestas frente a oficinas gubernamentales federales y estatales para exigir mejores precios para maíz, sorgo y trigo.

Por lo menos 12 millones de campesinos de subsistencia tendrán graves problemas si no se cumplen los pronósticos optimistas del Servicio Meteorológico Nacional de que este año las precipitaciones pluviales sean por lo menos similares a las de 1997, que a su vez fueron 40 por ciento menores a la media histórica -de 79.5 milímetros-, indica un análisis de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

El Programa Emergente de Fenómenos Meteorológicos -mediante el cual, según las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se han entregado 629 millones de pesos entre finales de 1997 y lo que va de este año- es necesario, pero ``criticable, porque las autoridades siguen actuando con planes de contingencia y no basados en una planeación'', agrega el análisis.

Esta es la oportunidad para rectificar en la política agropecuaria y buscar nuevas soluciones. No se trata de culpar a la naturaleza de la situación actual, sino de utilizar la técnica para ``compatibilizar la economía con la realidad del campo'', se propone, y también se indica que las organizaciones campesinas deberán reflexionar sobre su situación actual de debilitamiento ante las autoridades.

Para el director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Víctor Suárez Carrera, no se puede continuar con las políticas de las apuestas a los supuestos. No es novedoso que la agricultura del país es vulnerable a los fenómenos climatológicos, pero tampoco se ha impulsado un programa tecnológico para afrontarlo, manifestó.

La producción de granos básicos caerá entre 30 y 40 por ciento -9 millones de toneladas-, dijo Suárez Carrera, y señaló que la baja de la cobertura crediticia -actualmente sólo 10 por ciento de los agricultores obtienen financiamientos de Banrural o de la banca comercial- es otro factor que contribuye a la ``desaparición'' del sector agropecuario.

Sonora y Sinaloa, ejemplos de la crisis

En Sonora de las 5 mil a 6 mil hectáreas destinadas al cultivo de granos básicos -maíz y soya- se calcula que se sembrará menos de 50 por ciento, y Banrural anunció que los créditos ya se agotaron, así que quienes quieran financiamiento tendrán que acudir a la banca privada. Por tal razón, la Unión de Crédito de Colonos prevé que en el actual ciclo primavera-verano, algunos de sus socios sólo podrán sembrar 500 hectáreas en promedio.

En apoyo a los productores, el Congreso local pidió a la Secofi, SHCP y Sagar que diseñen, junto con los productores, un programa ante la reducción de los hatos ganaderos de las regiones serranas; el establecimiento de un esquema de negociación de las deudas y la entrega oportuna de los recursos de Alianza para el Campo, así como la de los fondos del Procampo, aunque los campesinos no siembren dada la situación climatológica.

El presidente del Congreso local, Juan Manuel Avila Félix, aseguró que los legisladores se solidarizan con las organizaciones de productores que están exigiendo estímulos para la actividad ganadera, reducción de la tarifa 09 y mejores precios para las cosechas de maíz y trigo.

En Sinaloa el volumen disponible de las presas es menor en 15 por ciento respecto de 1997, y de las 90 mil hectáreas destinadas a la siembra sólo se trabajarán 10 mil, de acuerdo con la Unión Agrícola Regional de ese estado. Además, cenecistas y miembros de otras organizaciones campesinas se unieron para exigir un pago de mil 315 pesos por tonelada de maíz.

Para este cultivo el panorama es negativo. Sólo en los estados de Puebla y México se han dejado de sembrar 2.5 millones de hectáreas y de no regularizarse la temporada de lluvias la producción de este grano bajará en 5.5 millones de toneladas, es decir, la pérdida llegará a 7 mil 227 millones de pesos, considerando el precio actual de mil 314 pesos por tonelada que paga Conasupo.