Preparan nuevo marco legal para ambulantes

Elia Baltazar, Raúl llanos y Juan Antonio Zúñiga Ť A partir del anuncio del Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, el 16 de febrero pasado, la relación entre el gobierno capitalino de Cuauhtémoc Cárdenas y las organizaciones de ambulantes del Centro Histórico se tensó a tal punto que entre el 23 de abril y el 9 de mayo hubo cuatro enfrentamientos graves.

El primero ocurrió en las calles de Moneda y Correo Mayor y de éste resultaron heridos seis periodistas y el líder de Procéntrhico, Guillermo Gazal. El segundo se presentó el 7 de mayo en Justo Sierra y Moneda, donde se enfrentaron a golpes elementos de la fuerza pública y comerciantes, uno de los cuales resultó herido. El 8 de mayo se repitió la escena del día anterior, aunque esta vez hubo tres detenidos. El 9 de mayo, un policía que actuaba como indicador --señala dónde se esconden los ambulantes cuando se realizan los operativos, fue herido de un botellazo, en las calles de Venustiano carranza y Pino Suárez.

Los incidentes más graves se han registrado en la calle de El Carmen, territorio de un grupo de golpeadores conocidos como Los Aferrados, a quienes se les relaciona con la organización de Benita Chavarría, aunque ella, lo mismo que Alejandra Barrios y Silvia Sánchez Rico, se deslinda de los hechos argumentando que es una reacción natural de defensa de los comerciantes, a quienes, dicen, las autoridades han arrinconado.

Las agresiones, sin embargo, no son nuevas, según analiza el gobierno capitalino, pues desde el primer día hubo insultos, gritos y hasta carteles de protesta contra el plan de reordenamiento. Ahora, sin embargo, Cárdenas intenta rescatar el corazón del ciudad con un nuevo Programa de Recuperación.

La línea principal de acción que dirigirá los esfuerzos de las autoridades para reordenar el comercio informal en la zona económica más activa de la ciudad será hacer cumplir el bando emitido por la Asamblea de Legislativa en 1993 y el convenio firmado por comerciantes y autoridades en 1992, durante la regencia de Manuel Camacho, dentro del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, que obliga a los comerciantes a utilizar los 28 pasajes y plazas comerciales construidas para su actividad. Para tal efecto, el gobierno capitalino instruye ya a un cuerpo jurídico encagado de revisar y hacer cumplir los reglamentos. Se prevé que lo anterior vaya acompañado de multas más altas y operativos mejor organizados.

También se integrará un nuevo equipo de inspectores, que se convertirán en verificadores y donde se adelanta la participación de mujeres, con el fin de romper los lazos de intereses que unen a los primeros con las agrupaciones de comeciantes, como una medida para erradicar la corrupción.

Se proyecta, además, un programa de reforestación y arborización en la zona para evitar la instalación de toreros, así como la colocación de anuncios que adviertan sobre la prohición de la venta en la vía pública.

Fuentes cercanas al gobierno del Distrito Federal advierten, sin embargo, que los alcances de este nuevo programa deberán ir acompañados de un trabajo legislativo.

Por otra parte, consideran las autoridades que en la solución del problema del ambulantaje deben intervenir diferentes instancias del gobierno federal. Entre ellas, las secretarías de Salud, Hacienda y Comercio, así como la Procuraduría General de la República.

Se debe tomar en cuenta, dicen, que el comercio ambulante tiene su origen en la política económica nacional, y mientras no existan expectativas de crecimiento y promoción del empleo, el fenómeno continuará. Sin embargo, también reconocen que el ambulantaje se ha convertido en una fuerza política y en un ente económico y social con sus propias reglas, normas de sobrevivencia y códigos de funcionamiento, que ha hecho del Centro Histórico una zona de control de liderazgos, protegidos por la autoridad, con base en el clientelismo político.

Liderazgos de poder

En toda la delegación Cuauhtémoc se tienen registrados 122 dirigentes de comerciantes ambulantes, quienes controlan los principales puntos de venta callejera y cuyo número de agremiados va de los 50 hasta los 7 mil. Los principales, y más fuertes, se concentran en el Perímetro A del Centro Histórico, que comprende el área va de Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, 20 de Noviembre y Tacuba, así como el área que rodea República de Perú, República de Chile, El Carmen y Pino Suárez hasta Corregidora.

Según estudios de la Cuauhtémoc, parte de lo que consideran ``grupos hegemónicos'' de comerciantes ambulantes tuvieron su origen en la colonia Morelos, a la que pertenece el barrio de Tepito, y aun los consideran extensión de los que allí existen. Apunta: ``Luchan por el control del espacio, principalmente por las calles que tradicionalmente han sido prohibidas para el comercio en la vía pública''.

Para las autoridades, lo que buscan las organizaciones de ambulantes del Centro Histórico es crear ante la opinión pública una imagen de ingobernabilidad de la ciudad, lo que se traduciría como incapacidad para tratar los problemas.

Además, dicen, condicionan su entrada al Programa de reordenamiento, a partir de la negociación exclusiva de calles que tradicionalmente han estado prohibidas para el comercio ambulante. Por último, aseguran que los líderes piden que el Centro se trate de forma excepcional, ``cual graciosa concesión en donde no hay nada que reordenar''.

Ante la eterna promesa de las autoridades capitalinas y de la delegación de reubicar a los comernciantes del Centro Histórico, Alejandra Barrios, ha dicho: ``Si Uruchurtu, que fue el Regente de Hierro, no pudo acabar con nosotros cuando éramos poquitos, menos nos va a sacar un bando''.

La advertencia se ha cumplido desde la regencia de Manuel Camacho Solís, quien entre 1992 y 1993 construyó para los 10 mil ambulantes del Centro Histórico 24 plazas y corredores comerciales. Aun Oscar Espinosa Villarreal firmó con ellos, entre el 18 de julioy el 28 de agosto de 1995, 14 convenios con los líderes de igual número de plazas comerciales del Centro Histórico, que ahora pretende el gobierno capitalino que ocupen.

Territorios ocupados

Afiliados a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y a la Alianza Metropolitana de Organizaciones Populares, los principales líderes del comercio ambulante están afiliados al PRI.

A la CNOP pertenecen, por ejemplo, Benita Chavarría, quien encabeza la Asociación de Comerciantes en Pequeño, Semifijos no Asalariados Benito Juárez, que cuenta con más de 2 mil agremiados distribuidos en las calles de Venustiano Carranza, 20 de Noviembre, 5 de Febrero, República de El Salvador, Izazaga, 5 de Mayo, Monte de Piedad y Eje Central, así como en la plancha del Zócalo y en la Plaza Pino Suárez.

Fiel cenopista es también Silvia Sánchez Rico y su organización --herencia de su madre Guillermina Rico--, la Unión Cívica Comercial de la antigua Merced, AC, la más grande y fuerte, que cuenta con aproximadamente 10 mil comerciantes. Son suyas las calles de Correo Mayor, la acera poniente de Lázaro Cárdenas, Corregidora y parte de Circunvalación, así como las estaciones del Metro Chapultepec, San Antonio Abad, San Cosme, Insurgentes, Guerrero y Salto del Agua.

Sigue en la lista Miguel Angel Huerta, de la Asociación Comercial Deportiva y Cultural para Débiles Visuales, AC; Maricela González, de la Asociación de Comerciantes que Ejercen sus Actividades en la Vía Pública 16 de Septiembre, AC; Roberto Núñez Muñoz, de la Asociación Nacional de Invidentes Melchor Ocampo, y Martín Guzmán Antolino, de la Organización Nacional Popular de Invidentes y Videntes Emiliano Zapata.

También priístas, pero organizados en la Alianza Metropolitana de Organizaciones Populares, están como principales líderes Jorge García Rodríguez; Francisco Padilla, de Artesanos y Vendedores del Centro, AC; Félix Trejo Gutiérrez, de la Unión Libre de Comerciantes Meave Aldaco, AC, y Alejandra Barrios, la más fuerte, con más de 25 años al frente de su Asociación Cívica Legítima Comercial.

Dueña del Norte del Centro Histórico, Alejandra Barrios controla las calles de Tacuba, Madero, Motolinía, Salto del Agua, Palma, Madero, 5 de Mayo, Balderas y de la acera poniente de Lázaro Cárdenas, así como las estaciones del Metro Hidalgo, Insurgentes, Chilpancingo y Chabacano.

Además de sus enfrentamientos con la autoridad, la lucha por las calles ha divido a los comerciantes ambulantes en bandos enemigos, que no pocas veces han portagonizado grescas monumentales.

Pero Benita Chavarría no cede y defiende lo suyo gracias a la ayuda de un grupo de golpeadores, que lo mismo actuán contra propios que extraños. Según la presidenta de la Comisión de Abasto de la Asamblea Legislativa, Verónica Moreno, en contra de Benita y sus muchachos existen hasta el momento 42 denuncias.

Entre Barrios y Silvia Sánchez Rico las cosas no son mejores, pues se dice que la primera ha intentado arrebar a la hija de ``doña Guille'' parte de su territorio, el que su madre fundó a partir de un puesto de limones en La Merced. Se recuerda como el más importante de sus enfrentamientos aquel ocurrido en diciembre de1995, el cual duró seis horas. La orden para Sánchez Rico provino del DDF con el fin de ``bajarle los humos a la Barrios'', y por esta tarea cumplida, se dice, recibió en pago 80 mil pesos y dos camionetas.

Por su parte, Silvia Sánchez Rico y Benita Chavarría han sabido mantener la concordia en el seno de la CNOP, de la cual son pilares, ya que la segunda comenzó su trayectoria como lideresa en territorio que no pertenecía ni le interesaba a Guillermina Rico.

Con todos ellos el gobierno cardenista ha entablado la negociación con el fin de lograr su reubicación y contar con su cooperación. Sin embargo, la moneda aún está en el aire.