La semana pasada, el 26 de mayo, tuvo lugar una reunión que tardó prácticamente nueve meses en llevarse a cabo: los coordinadores parlamentarios fueron a ver al presidente Zedillo para, entre ambos, tratar de acordar una agenda legislativa. Los nuevos tiempos de la división de poderes obligan a buscar acuerdos y consensos sobre los proyectos legislativos pendientes para el país; así funcionan los gobiernos divididos, como el que estamos estrenando en México a partir de las elecciones de 1997.

En la reunión aparentemente se llegó a acordar una agenda que incluye temas económicos (sistema financiero, órgano de fiscalización, reforma fiscal) y políticos (Chiapas, justicia y seguridad pública, formas de democracia directa); sin embargo, parece que las cosas no están definidas y en los días posteriores han surgido fuertes desacuerdos, sobre todo de PAN y PRD. Como ha sucedido antes, el problema está en los detalles y en los tiempos.

Lo que se perfila como el principal factor de conflicto es el famoso Fondo Nacional de Protección al Ahorro (Fobaproa), porque la dimensión económica de este problema repercute de manera directa en las posiciones políticas de los partidos frente a la próxima sucesión presidencial. Para el gobierno zedillista hay una prisa en dejar arreglado el paquete financiero y lograr el traslado del rescate a los bancos hacia la deuda pública, con lo cual se terminaría la penosa operación de salvamento que hoy es un tema muy sensible en la opinión pública. En cambio, para los partidos se trata de una piedra difícil de digerir. El PRI solo no puede sacarla adelante, como lo hizo con la reforma al IMSS o el aumento al IVA en la legislatura pasada, en la cual tenía mayoría; hoy necesita de las otras fracciones, ya sea PAN o PRD. Aquí empiezan los problemas. La oposición está de acuerdo con que se necesita hacer una auditoría al fondo antes de aprobar cualquier cosa; en concreto, el PRD, en voz de su dirigente nacional, ya estableció una posición en un Manifiesto a la nación (La Jornada, 29/5/98); para el perredismo hay que hacer auditorías, luego negociación de la deuda caso por caso, una aprobación parcial (100 mil millones cada trimestre), que el gobierno retome el control de los bancos que lo requieran y, si procede, se vuelvan a vender con un esquema transparente. El PAN, por su parte, ha dejado claro que tampoco está de acuerdo con la visión del Presidente, y al mismo tiempo ha insistido en la vía de las auditorías, antes de tomar una decisión. Cualquier rumbo que tome el Congreso será grave. Si se decide no convertir en deuda los pagarés del Fobaproa es probable que venga una crisis del sistema financiero mexicano; si por el contrario, se decide aprobar, la deuda pública se irá a las nubes y el costo lo pagaremos todos durante varias generaciones. ¿Quién quiere cargar con estos costos? Tal vez se encuentre alguna solución intermedia, es decir, la aprobación, pero condicionada al saneamiento y a un esquema de compartir las pérdidas. De cualquier forma, lo que está en el aire es el acuerdo político, y el tiempo es un factor que tiene diferentes interpretaciones; mientras para la Presidencia ya se considera resuelto un periodo extraordinario de sesiones, para la oposición hay requisitos previos que pasan por la misma dinámica legislativa.

El problema político tiene dos dimensiones: por una parte, los nuevos márgenes de negociación con un gobierno dividido hacen que el Congreso deje de ser una oficina de trámite de las iniciativas presidenciales; por la otra, la carga de una hipoteca sobre el futuro del país, porque una ampliación tan brutal de la deuda pública significará ajustes, recortes, más pobreza; o puede representar también una crisis financiera con altos costos sociales. No hay decisión fácil ni tampoco mucho margen para decidir. Lo menos que se puede pedir a los legisladores es una actitud responsable, una autonomía suficiente para volver transparente los manejos ilegales que puedan existir en la banca y, sobre todo, una visión de país que supere las tradicionales pugnas de intereses partidistas de corto plazo. El futuro del país está en riesgo.