La reunión del titular del Poder Ejecutivo con los coordinadores parlamentarios del Congreso de la Unión es un evento importante para la vida de la República. Al incrementarse la relación entre ambos poderes se contribuye a un clima de diálogo y negociación en torno de los temas y decisiones políticas fundamentales de la nación. México vive tiempos nuevos: los tiempos de la corresponsabilidad.

El diálogo y la colaboración entre poderes es esencial para la democracia. Por ello, posiciones políticas a salvo, hay que congratularse por la fluidez del diálogo: es clara muestra de que podemos avanzar hacia una vida política plena, con naturales controversias pero sin los extremos del autoritarismo y de la parálisis legislativa.

Los encuentros entre órganos de gobierno de ambas Cámaras del Congreso y entre éstos e instancias del Poder Ejecutivo, han permitido definir una agenda de 10 puntos de carácter económico y político, cuyo análisis y debate en los próximos periodos del Congreso será determinante para el país.

Esta agenda abarca una amplia gama de preocupaciones compartidas por muchos sectores sociales y, desde luego, por los partidos políticos nacionales. Destacan los relativos al sistema financiero, la justicia y seguridad pública y los derechos y cultura indígenas.

No hay aún resultados, por supuesto. Pero el diálogo es la puerta para los acuerdos. La única puerta posible en una sociedad plural como la nuestra.

Como diría Tito Libio, la buena fe llama a la buena fe. Y lo estamos viviendo: legisladores de todos los partidos han expresado que discrepan en el diagnóstico de los hechos y en su tratamiento pero coinciden en el ánimo de coadyuvar a las mejores decisiones por México.

Y es que la pluralidad es hoy no sólo composición heterogénea de fuerzas en la sociedad y en la representación nacional, sino debate continuo, de resultados inciertos que, por ello mismo, demanda cada vez más responsabilidad de los actores: en las decisiones nacionales, ni aprobación acrítica de unos ni rechazo sistemático de otros.

Terminaron, para bien de la democracia y de los mexicanos, los tiempos de las mayorías prefiguradas, de los acuerdos sumarios. Los desequilibrios entre los poderes también son hoy referencia anecdótica, por obra de la propia pluralidad en los órganos legislativos.

Al contrario, la intensidad del debate revela la vitalidad de la República. Claro, vitalidad no equivale necesariamente a buenas cuentas para los depositarios originales de la soberanía, los ciudadanos, el pueblo. Así como puede traducirse en salto hacia delante, puede desembocar en sinergia, en parálisis, cuando no hay una clara apuesta por el interés colectivo.

Sobre todo si en el debate pesan más los resortes íntimos del ajuste de cuentas, que la voluntad explícita de arribar a acuerdos.

Como el Presidente de la República ha señalado: ``entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debe prevalecer una relación de respeto mutuo, de equilibrio republicano, de corresponsabilidad efectiva y eficaz''.

Pues bien, lo que ahora ocupa es establecer prioridades, incrementar el trabajo en comisiones, multiplicando el análisis sereno y la discusión y desahogar las diferentes iniciativas de ley ingresadas al Poder Legislativo, convencidos de que debemos impulsar tanto las propuestas de los diferentes partidos políticos representados en el Congreso como las que el propio Ejecutivo considera importantes para alcanzar las metas de sus diferentes programas de desarrollo. Pero es preciso, en este contexto de pluralidad política y de equilibrio de poderes, señalar el riesgo de la cultura del todo o nada: o se hacen prevalecer los puntos de vista propios o no pasan los de nadie.

Los legisladores centran sus diferencias de percepción en el Fobaproa, el destino de importantes activos y pasivos de la nación. Preocupación que, desde luego, alcanza al Poder Ejecutivo, quien tiene el imperativo de consolidar el proyecto económico y proyectar, antes de cualquier cosa, una imagen de certidumbre de los mercados financieros.

La dificultad estriba en cómo transparentar el destino que tuvieron esos cuantiosos recursos públicos, usados para salvar la credibilidad y solvencia del sistema financiero nacional pero también aliviar las innumerables cuentas de particulares. Sin embargo, nadie se opone a clarificar lo que es de interés público.

Otro tema de controversia son los derechos indígenas: la agenda de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas no ha podido sustanciarse, pese al interés coincidente de las fuerzas del Congreso y de amplios segmentos sociales de crear una nueva relación entre el Estado mexicano, la sociedad y las comunidades indígenas, así como de contribuir a la paz en Chiapas.

Hay diferencias de percepción, pero sobre todo gravita en al discusión la duda de si quien debe definir esa nueva relación con los pueblos indios es la representación nacional y el pacto federal, o interlocutores privilegiados.

Como quiera el país vive una nueva cultura de amplio debate y es nuestro deseo que en los poderes de la República prevalezca una nueva dinámica de corresponsabilidad. Los actores tienen una gran disyuntiva: búsqueda de consensos por la nación o anteponer sus filias y sus fobias. La democracia da para lo uno y para lo otro.