Astillero Ť Julio Hernández López

Sesenta años después de su fundación, un leve aleteo democrático toca a la puerta de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la organización priísta que a finales del próximo mes de agosto deberá elegir a su nuevo dirigente nacional.

Ejemplo histórico de manipulación, clientelismo y cacicazgos, la CNC ha tenido siempre (tal vez el único intento en contra fue el de Alfredo V. Bonfil, ejemplarmente muerto en un sospechoso accidente) un directivo impuesto por el gobernante en turno, carente de independencia e iniciativa, sujeto de manera burocrática a las órdenes superiores y dotado de una buena dosis de demagogia y cinismo (dosis necesarísima para atreverse a hablar como campesinos cuando ninguno lo ha sido de verdad, salvo en los históricos primeros años del cenecismo, y para hacer como que defienden las causas de los empobrecidos agraristas cuando los líderes son prósperos grillos urbanos).

Pero, a cambio de mantener bajo control a los campesinos, de firmar a nombre de ellos desplegados, pactos y postulaciones, los líderes reciben tradicionalmente premios políticos que van desde las modestas regidurías municipales hasta las gubernaturas, pasando por diputaciones y senadurías. Además, en el manejo discrecional de ayudas y programas gubernamentales, suele quedar una parte importante para el propio dirigente cenecista. Otro negocio clásico es el de la regularización de vehículos extranjeros.

En ese contexto nato y estructural de antidemocracia, es natural que el relevo de la tlaxcalteca Beatriz Paredes, programado para realizarse en el congreso nacional que se llevará a cabo en la capital del país del 26 al 28 de agosto próximos, se esté pensando como un simple asunto de burocracia política

De hecho, ya hay un precandidato oficialista: el oaxaqueño Heladio Ramírez López, quien entre otras cosas ha sido senador y gobernador de su entidad, y recientemente entregó buenas cuentas en Chihuahua como delegado responsable del primer experimento priísta de elección abierta de candidato a gobernador.

Impulsado por Mariano Palacios (quien silenciosamente ha ido tejiendo en torno suyo una red de lealtades personales, al resucitar a algunos de quienes fueron sus compañeros de Senado de 1982 a 1988 o promoviendo a otros que han seguido en activo) y por Beatriz Paredes, Heladio Ramírez parecería estar en vías de ser premiado, con una imposición a la vieja usanza, por los logros democratizadores alcanzados en Chihuahua.

La muy anunciada maniobra de don Mariano ha encontrado, sin embargo, cuidadosas resistencias. La propia Beatriz Paredes tiene como segunda carta a Ricardo Castillo Peralta, de larga carrera legislativa, y también exploran sus posibilidades otros dos personajes: Nabor Ojeda, guerrerense relacionado con Francisco Labastida Ochoa, el actual secretario de Gobernación, y el jalisciense Rafael González Pimienta, subsecretario de la Reforma Agraria, cuyo titular es Arturo Warman.

En particular, Ojeda (quien tiene una militancia activa en la CNC de 31 años, ha sido diputado federal en tres ocasiones y perdió en 1997 la que hubiese sido su cuarta curul frente al perredista Pablo Sandoval) ha propuesto un sistema de elección que superaría los escenarios típicos de las asambleas previamente arregladas, en las que simplemente se tramitan decisiones ya establecidas.

Ojeda ha planteado la necesidad de una elección abierta pero, ante la evidente falta de un padrón cenecista confiable y las dificultades logísticas de un proceso interno realizable en todos los ejidos, comunidades y colonias agrícolas del país, considera viable que sean los presidentes de los órganos de representación de esos núcleos campesinos los que voten en las cabeceras municipales.

Ese proceso involucraría a unas 20 mil autoridades campesinas del país que se declaran priístas y permitiría campañas previas de los candidatos. El resultado, con todas las imperfecciones que sin duda aflorarían en un medio acostumbrado a los acarreos, la compra de votos y las presiones oficiales, daría una mayor legitimidad a quien resultase ganador.

Las ventajas de tener un dirigente electo en condiciones más acordes con los tiempos de cambio que se viven parecen tener poca viabilidad, pues por un lado está el nudo de intereses y privilegios que defiende la decadente clase política cenecista, a la que no emociona ningún proceso con tintes democratizadores, por pequeños que sean, y por otro la tecnocracia dominante, para la cual la CNC es un mal necesario, nada más.

De hecho, el salinismo realizó dos esfuerzos claros en busca de cambiar el perfil de la CNC y del movimiento campesino en general: uno fue el injerto de Hugo Andrés Araujo como dirigente nacional, y otro el impulso de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), controlada por el mismo Araujo.

El experimento salinista no prosperó (salvó en el hecho de convertir a Araujo en senador), como tampoco han fructificado los débiles esfuerzos por crear alternativas al dominio cenecista, como la Central Campesina Independiente de Alfonso Garzón Santibañez, a quien sus representados echaron fuera de su oficina por una crónica sordera física y política que lo había inhabilitado desde mucho tiempo atrás.

Pero, más allá de detalles anecdóticos, el problema de fondo de la CNC es que ya no es funcional para los intereses del grupo neoliberal en el poder. Por ello se han desactivado los incipientes liderazgos regionales y se retiró al cenecismo la función histórica de intermediador de las necesidades campesinas frente al Estado. Esa función, que generaba el clientelismo de los líderes y caciques y que permitía la satisfacción de sus apetitos económicos, fue siendo derivada hacia los comités de solidaridad organizados por Carlos Rojas, el actual secretario general del PRI.

En cierta medida, los jaloneos internos respecto a la forma de elegir al nuevo dirigente cenecista son también pugnas respecto a la viabilidad y sobrevivencia de una institución creada por el general Lázaro Cárdenas en agosto de 1938, pero que hoy ya no es funcional ni siquiera para garantizar los triunfos priístas en un México que en términos estadísticos ha dejado de ser rural.

Astillas: Es cierta la versión de que el presidente Ernesto Zedillo está decidido a que sean castigados quienes hubiesen cometido actos punibles en relación con el asunto del Fobaproa. No habrá protección para nadie, y este caso habrá de ser -se dijo a Astillero- un ejemplo de respeto al marco jurídico vigente... Elena Gallegos es una reportera profesional e inteligente. Sus bien escritas crónicas de asuntos políticos suelen revelar fibras ocultas e importantes, de tal manera que su elección por unanimidad como ganadora del Premio Nacional de Periodismo en el rubro de crónica es absolutamente justo. Teniendo también méritos para los premios recibidos, hubo otros ganadores que, sin embargo, fueron tocados por la sombra del conflicto de intereses. Raúl Trejo Delarbre, en su columna de Crónica, ha expuesto ya el preocupante caso de este año en que los jueces de los premios de periodismo fueron al mismo tiempo parte premiada. Según las cuentas de Trejo Delarbre, ``de 10 miembros del jurado, siete premiaron al menos a un medio en el que colaboran''. En efecto: tres de los 10 jurados (Jacobo Zabludovsky, Rita Ganem y recientemente Joaquín López Dóriga) trabajan para la empresa Televisa, que produce el programa premiado Eco; otros dos (Héctor Aguilar Camín y José María Pérez Gay) pertenecen a Nexos, revista también premiada; y Alberto Domingo y Luis Carreño participan en la revista Siempre, en la que colabora el premiado Marco Aurelio Carballo. No es intrascendente el dato de que Zabludovsky y Aguilar Camín no han sido simples colaboradores de Eco y Nexos, sino alma y motor de esas, sus obras...

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