Prioridad sobre los asesinatos de mujeres, pide la Permanente a Barrio

Alonso Urrutia y Andrea Becerril Ť Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada priísta Marlene Herrera lanzó el cuestionamiento contra el gobierno panista de Francisco Barrio, en alusión a los asesinatos de más de cien mujeres en Ciudad Juárez:

``¿Cómo es posible que los miembros de la Procuraduría estatal afirmen que las víctimas provocaron las acciones que se efectuaron contra ellas?, ¿cómo es posible que un servidor público que tiene la obligación de impartir justicia tenga el atrevimiento y la insensibilidad de hacer declaraciones parciales e inhumanas como éstas?''

Era el preámbulo de los cuestionamientos a la ``negligencia y desinterés'' que todas las fracciones -con excepción del PAN- hicieron a Barrio Terrazas por su actuación en el caso de los asesinatos de más de 130 mujeres en Ciudad Juárez, que culminó con la aprobación de un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Chihuahua a ``proporcionar la más elevada jerarquía y a destinar los recursos necesarios y suficientes para prevenir la ola de violencia y los crímenes''.

Las críticas se centraron en el desacato del gobierno panista a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo cual exigieron su cumplimiento.

Tras las críticas de PRI y PRD, el diputado panista Javier Corral Jurado salió en defensa del gobierno de Barrio: ``no podríamos estar en muchas cosas en contra de lo que aquí se ha dicho, sería políticamente, incluso, arriesgado, desafiar un sentimiento social de solidaridad genuina frente al hecho''.

Tampoco, agregó, vengo a hacer una defensa a ultranza del gobierno de Chihuahua sólo porque somos del mismo partido. Sin embargo, cuestionó las imprecisiones y la politización que se pretende hacer del caso.

``El tema no puede ser contaminado de la posibilidad de una rentabilidad política en un estado que está a 30 días de las elecciones para gobernador'', dijo Corral antes de señalar que la violencia y la inseguridad son problemas de orden nacional. ``Yo comparto que ha habido errores y omisiones, pero separar este gravísimo tema de una problemática nacional es reducir su solución''.

La denuncia contra el gobierno de Chihuahua fue llevada a tribuna por la priísta Marlene Herrera, quien dijo que si bien, según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en México sufre algún tipo de violencia, ``no podemos estar ajenos a los terribles asesinatos'' que se han registrado en Ciudad Juárez y que se han agudizado este año.

Las organizaciones de defensa de las mujeres han documentado 134 casos de mujeres asesinadas y que sufrieron ataques sexuales, sin embargo, ``los responsables de impartir la justicia han mostrado su incapacidad, negligencia y discriminación'' sugiriendo que -según palabras del subprocurador Jorge López- ``todas las víctimas eran vagas y hasta prostitutas''.

Herrera acusó a Barrio de minimizar la situación y convertirla en un problema estadístico que se encuentra en los parámetros de la normalidad. Larga intervención en la que también criticó las campañas preventivas del gobierno panista que sugiere a las mujeres no vestirse provocativamente. ``Estos mensajes evidencian la actitud discriminatoria de las autoridades hacia las víctimas y emiten juicios de valor, como lo señala la CNDH''.

La priísta dijo que su partido condenaba ``los escalofriantes hechos cometidos contra las mujeres en Ciudad Juárez'', y exigía el cumplimiento de los compromisos gubernamentales para enfrentar el problema, por lo cual propuso un punto de acuerdo para exhortar a Barrio a enfrentar la situación.

A su vez, la perredista Laura Castillo cuestionó el sorprendente subejercicio presupuestal en materia de seguridad pública en aquella entidad, a pesar de estos hechos de violencia contra las mujeres. Dijo que la situación reclama una respuesta consecuente y no la afirmación de ``que forman parte de una estadística normal. Esa no es la respuesta que está exigiendo una sociedad que ha sido agredida fuertemente''.

Castillo señaló los compromisos incumplidos del gobierno panista para enfrentar la situación, que han derivado en un conjunto de consideraciones que ha externado la CNDH ``que tienen que ver con toda la serie de deficiencias con las que se cuenta por parte del propio subprocurador en torno a las averiguaciones previas que se han venido desarrollando desde 1993 y que tienen el ingrediente de la agresión sexual''.

La perredista recordó que el plazo de respuesta a la CNDH por parte de Barrio vence este viernes, y ``de no ser así tendremos que considerar que efectivamente existe una aceptación de toda la serie de situaciones que se han venido presentado en Chihuahua y donde el gobierno no ha atendido los crímenes ni esta ola de violencia, despreciándose incluso el trabajo de la CNDH y otras organizaciones no gubernamentales''.

Los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo se sumaron a los cuestionamientos. Gloria de Lavara, del PVEM, exigió profundizar las investigaciones y sostuvo que es necesario no politizar el problema porque la inseguridad no es un problema de una autoridad o un partido en particular sino de todo el país.

Por su parte, al anunciar que el PAN se abstendría de votar el punto de acuerdo, Corral dijo que era necesario considerar que el problema de la violencia es nacional, ``en esta ciudad muchas mujeres son violadas, muchas mujeres son atacadas y no hay un prurito para solamente rescatar las estadísticas'', y para concluir dijo que la inseguridad pública, incluso en las zonas fronterizas que tienen un grado de complejidad, debe ser enfrentado de manera integral.