Liberan a 148 de los detenidos en Nicolás Ruiz; consignan a 16
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 4 de mayo Ť Algunos acusados de privación ilegal de la libertad y otros de desobediencia y resistencia de particulares, 16 de los 164 detenidos durante el operativo en Nicolás Ruiz, entre ellos una mujer, fueron consignados y recluidos en el penal de Cerro Hueco, mientras que el resto fue puesto en libertad.
Al rendir su declaración preparatoria, los inculpados señalaron que en todo momento actuaron conforme a las decisiones de la asamblea comunitaria que rige todas las actividades del municipio. Mientras, sus acusadores los señalaron como zapatistas.
En el expediente penal 148/98 donde constan las declaraciones del grupo de 33 personas que fueron expulsados de la comunidad por querer constituir un Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se consigna a por lo menos 20 personas como culpables del delito de secuestro, y de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al Frente Zapatista, entre ellos al presidente de Bienes Comunales, Mario León Cárdenas.
Se subraya en el mismo que los acusadores pretendieron --con fecha de 10 de marzo-- instalar una oficina del PRI, pese a la decisión de la asamblea donde se acordó lo contrario.
Al juntarse para instalar la oficina, un grupo de 20 personas los detuvo en la cárcel municipal, entre ellas seis de los detenidos a los que les imputan el delito de secuestro y lesiones: Leopoldo Díaz García, Antonio López Díaz, Juan Méndez Ton, Ignacio López Ramírez, Juan Juárez Gómez y Filadelfo Juárez López.
Luego de oír las acusaciones, Juan Juárez Gómez, de 62 años de edad, subrayó: ``nosotros en todo momento actuamos conforme a las decisiones que se toman en la asamblea, porque a través de ellas es que se rige la comunidad''.
``La asamblea determinó entonces que no se iba a permitir la instalación de una oficina del PRI, porque eso significaría dividirnos como comunidad, así que se detuvo a las personas que violaron la ley del pueblo, pero en ningún momento se les secuestró, ni se les robó sus pertenencias, simplemente perdieron sus derechos comunales'', subrayó.
Añadió que son falsas las acusaciones de los comuneros expulsados, en el sentido de que están siendo manipulados por gente externa a Nicolás Ruiz, y subrayó que el grupo inconforme no es de más de 50 personas, en comparación con los 4 mil habitantes con que cuenta el municipio, 500 de los cuales cuentan con derechos comunales.
Por su parte, el abogado defensor de los inculpados, Miguel Angel de los Santos, quien también lleva el caso de los detenidos durante los operativos para disolver los municipios autónomos de Tierra y Libertad y Ricardo Flores Magón, llevados a cabo en las comunidades de Amparo Aguatinta y Taniperla, subrayó que es una violación a los derechos humanos que con el pretexto de efectuar unas cuantas órdenes de aprehensión, se detenga a decenas de personas.
Subrayó que esta es una táctica para interrogar y obtener información que de otra manera no podrían adquirir. ``Este es --abundó-- prácticamente un secuestro, no es posible que en cada operativo se den detenciones masivas y después se depure deteniendo sólo a los que detectan como dirigentes''.
En tanto, las otras 10 personas que fueron consignadas bajo el cargo de desobediencia y resistencia de particulares son Graciela González López --recluida en el modulo seis de mujeres del penal de Cerro Hueco--, Jesús Constantino Cárdenas, Francisco Díaz López, Santiago Díaz López, Mario Moreno López, los hermanos Ignacio, Néstor y Fortunato Díaz López, Fernando Díaz García y Edelio León Gómez.