Existe una práctica común de patrones y gobierno en nuestro país que consiste en que al estallar una huelga importante, se manipula la información pública para hacer aparecer a los huelguistas como intransigentes, o sus demandas como exigencias desmedidas. Los recursos utilizados para ello son muy variados: se interpreta de manera dolosa el contenido del Pliego Petitorio de los trabajadores, se sugieren intereses extraños al movimiento, o se alega incosteabilidad y posible quiebra de la empresa.

El caso de la huelga estallada el 1¼ de junio pasado por las y los sobrecargos de ASSA en Aeroméxico no ha sido la excepción. Se ha desatado una campaña de desprestigio contra el movimiento, donde aparecen todos los ingredientes descritos, tratándose además de justificar lo injustificable: la ilegal requisa.

En efecto, la requisa decretada en contra de los trabajadores coloca al gobierno en la ilegalidad, porque violenta la Fracción XVIII del Apartado A del artículo 123 constitucional, que establece que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio de los distintos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En el presente caso, ni siquiera se da oportunidad a que la autoridad competente, que es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, analice la legalidad del movimiento, sino que desde el primer momento se suprime el derecho de huelga, y se obliga a todos los trabajadores a laborar ordinariamente, convirtiendo en letra muerta la Constitución, por disposición de una ley absurda en su contenido, e inferior en su rango legal.

Efectivamente, la requisa tiene su sustento legal en el Capítulo XVII denominado ``De la Requisa'', de la Ley de Aviación Civil, publicada en el Diario Oficial el 12 de mayo de 1995 con un único artículo, el 83, que señala: ``En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público, o cuando se tema algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el gobierno podrá hacer la requisa de las aeronaves y demás equipo de los servicios públicos de transporte aéreo, de los bienes muebles e inmuebles necesarios y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente''.

La requisa es injustificada en cualquier supuesto, pero en este caso lo es más, si tomamos en cuenta que se trata de una medida impuesta en una empresa, que no es la única línea aérea que funciona en México, sino una de ellas. Así que ¿cuál desastre, alteración del orden, peligro para la seguridad o la economía nacional, representaba la huelga? Lo que se exhibe es una política generalizada que suprime los derechos colectivos de los trabajadores: el derecho de asociación, de contratación colectiva y de huelga.

Uno de los principales argumentos que se esgrimen hoy en día, para impulsar una reforma a las leyes laborales en México es el de lograr ``competitividad'', y es bueno preguntarse, ¿para qué o para quién? La huelga del sindicato de sobrecargos exhibe una situación que va siendo común: cuando se trata de la mano de obra, la competencia desleal es totalmente permitida, la lógica de tratamiento al capital es distinta. Al hablar de competitividad se habla del capital, pero generalmente a costa del deterioro de las condiciones laborales.

¿Por qué no se analiza las peticiones de fondo del Sindicato? En lugar de hacer campañas contra los trabajadores, ¿por qué no se pone en blanco y negro sus reclamos y se pondera la vinculación que existe entre la planta de sobrecargos exigida y la seguridad de las aeronaves? ¿Por qué no se analiza la manipulación que ha existido en el pasado para hacer artificialmente de confianza puestos de sobrecargos? ¿Cuándo estaremos dispuestos a asumir los riesgos del respeto a la ley?

La requisa nos demuestra que las discusiones sobre la reforma laboral se dan en un entorno de amplia simulación. La aplicación de la requisa exhibe claramente la ausencia de disposiciones para cumplir la ley, por tanto, ¿qué sentido tiene reformarla, si no se piensa respetarla?

La requisa en Aeroméxico es además la prueba más evidente de que en nuestro país no impera un Estado de derecho y que, por tanto, los trabajadores no deben fincar toda su estrategia en una reforma jurídica que puede, incluso, deteriorar aún más la situación de sus derechos laborales.