Triste espectáculo vivimos los chihuahuenses en los días que corren. Las acusaciones vuelan de un bando a otro. Lo peor, la mayoría de ellas son ciertas.

No podía ser de otra manera. Las turbiedades relacionadas con las transacciones de terrenos durante su gestión municipal y la terca oposición a informar acerca del monto de sus bienes envolvieron a Patricio Martínez, candidato del PRI.

A Ramón Galindo, alcalde con licencia y abanderado del PAN, las asesinadas de Juárez regresaron a cobrarle la factura; además, la documentada relación de los negocios de Federico Barrio con el gobierno de su hermano Francisco, quebraron la imagen de honestidad afanosamente pretendida por la dirigencia blanquiazul.

Los debates son en Chihuahua oportunidad para confrontar maneras de gobernar y no sólo de propuestas de gobierno, y el recientemente celebrado bajo los auspicios del Instituto Estatal Electoral así lo fue.

En lugar de comparar los logros gubernamentales del PRI y del PAN, los chihuahuenses nos asomamos al lodazal de la corrupción, del tráfico de influencias, de la demagogia y del uso de los recursos públicos en beneficio de las castas gobernantes.

En cada acusación realizada por uno u otro de los candidatos de esos partidos brotaron las corruptelas.

Así, mientras Galindo acusaba a Patricio de no aclarar la denuncia de favorecer a amigos suyos en las compras de terrenos, éste reviraba con la misma acusación en la persona del hermano de Barrio. Mientras el priísta acusaba al panista del gasto excesivo en la presente campaña electoral, el blanquiazul enarbolaba la copia de una factura firmada por Patricio para pagar gastos de campaña del PRI, cuando era el encargado de la administración en el gobierno de Baeza.

Más. Patricio acusó al gobierno panista y a Galindo de ineptitud en materia de seguridad pública y éste le recordó que no hace mucho, unas cuantas semanas, se aprehendió a una banda de secuestradores. Eran, ni más ni menos, que policías judiciales federales entrenados en España para combatir el delito del cual son culpables.

Ante la acusación priísta de haber solicitado 52 licencias en su gestión municipal y de trabajar sólo 359 días como alcalde, Galindo acusó a Patricio de cínico y deshonesto.

Muy pronto olvidaron los abrazos y los gestos de ``civilidad'' mostrados apenas unas semanas atrás. Perdidos los estribos, mostradas en cadena radiofónica y televisiva estatal las turbiedades de los principales contendientes, contrastó la actitud de Esther Orozco: ``Qué orgullosa me siento de ser perredista''.

Indigna la manera de manejar el erario. Ambos se acusaron de vicios comunes en el ejercicio del poder. Padecen de un mal que trabajosamente la sociedad empieza a exhibir como una traba para la existencia de un régimen democrático: el uso de la administración pública en beneficio de los negocios personales.