La Jornada 7 de junio de 1998

Piden garantías constitucionales para niños que trabajan

Señora directora: Le agradeceremos publicar esta carta abierta al Presidente, que urge a la atención de un problema fundamental: los niños trabajadores.

Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México:

Como es del conocimiento de usted, en los últimos años ha crecido el número de niños que se ven obligados a trabajar, hoy son 26 por ciento de los niños del país de 12 a 14 años (datos del INEGI), y la tendencia es a crecer más. Por lo tanto, el país ve amenazado su futuro.

Los miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, con fundamento en el artículo octavo constitucional, solicitamos a usted proceda a cumplir y a hacer cumplir la fracción tercera del artículo 123 constitucional, que terminantemente prohíbe que los; menores de 14 años trabajen. En cumplimiento de la obligación que imponen los artículos 87, 89, fracción primera, 133 y demás aplicables de nuestra Carta Magna.

Asimismo, fijar los salarios mínimos cuya cuantía satisfaga los requisitos establecidos en la fracción sexta del artículo 123 constitucional, para que un jefe de familia pueda cubrir los gatos básicos de sus hijos, incluida la educación básica, y pueda tener vigencia efectiva la educación pública, obligatoria y gratuita que impone el artículo tercero de la misma norma suprema.

Por ello, pedimos que el gobierno de México suscriba, y en su oportunidad ratifique, el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que postula el mismo principio de prohibición del trabajo de los menores. Petición que también hacemos al Senado, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 76, fracción primera, y 123 de la Constitución, para que haya congruencia entre el mandato supremo y la política internacional de México.

Finalmente, la suscripción del Convenio 138 es oportuna ya que los días 7 y 8 de junio en Ginebra, Suiza, la OIT llevará a cabo su 86 sesión anual para tratar, entre otros, el tema de la prohibición del trabajo de los niños. Además nuestra propuesta en nada se contrapone con la declaración pública: El gobierno de México ante el trabajo infantil, del 2 de mayo de 1998, y sí, en cambio, lleva a concretar esos propósitos.

Por la ANAD: Emilio Krieger, Jesús Campos Linas, Estela Ríos, Adalberto Saldaña, Yolanda Higareda, Guadalupe Luna, Jorge Fuentes Morúa, Juan Pérez Abreu, Susana Codina, Ernestina Godoy, Ma. Rosa Arranz, Margarita Alvarez, Ma. Luisa Campos, Jorge Viveros, Manuel Fuentes, José Luis Contreras, Arturo Alcalde, Porfirio Martínez, Oscar Alzaga, Adela Salazar, Ma. Eugenia Meza, Ma. Carmen Fernández, Ezequiel Pineda, Efrén Rodríguez y 72 firmas más\

Solicitan aclarar la situación de espacio cultural en Chapultepec

Estimada Carmen: En fechas recientes algunos miembros destacados de la comunidad artística del país se han manifestado en torno a la posibilidad de transformar los usos y funciones de la Unidad Artística y Cultural del Bosque. En relación con esto, la coordinadora general del Bosque de Chapultepec ha recibido llamadas de algunos grupos organizados, así como de ciudadanos preocupados por el futuro de este importante espacio cultural, por lo cual deseamos expresar nuestra preocupación al respecto, y hacemos nuestras las demandas de esta comunidad para solicitar sea aclarada la situación que se ha venido presentando.

Un objetivo prioritario dentro del Programa de Recuperación Integral del Bosque de Chapultepec, que estamos llevando a cabo, es rescatar el patrimonio cultural e histórico que en él se encuentra. Como todos sabemos, el bosque es uno de los sitios más importantes de nuestra ciudad por ser el lugar donde muchos millones de visitantes encuentran esparcimiento, recreación y cultura.

En este sentido, hemos venido trabajando para revitalizarlo como un espacio de encuentro e identidad de la población de la ciudad de México y del país, en general, por lo que queremos aprovechar al máximo sus instalaciones y espacios como escenario natural de expresión, promoción y difusión de diversas manifestaciones culturales y de participación ciudadana. Queremos convertirlo en un lugar de encuentro y comunicación entre la ciudad y su gobierno.

Para eso hemos convocado a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que dentro del bosque participan, a fin de que juntos encaminemos nuestros esfuerzos y logremos hacer del Bosque de Chapultepec una unidad cultural en su conjunto.

Pensamos que la Unidad Artística y Cultural del Bosque tiene una función primordial en la cultura de nuestra ciudad, y estamos de acuerdo en afirmar que este espacio se debe preservar, ya que es prioritario para el fomento y difusión del quehacer dramático y dancístico de nuestro país.

Deseamos que las afirmaciones sobre derruir o cambiar de destino este espacio sean sólo falso rumor y hacemos votos por que la situación en que se encuentra sea resuelta a la brevedad posible, y le sea otorgado el presupuesto necesario para su mantenimiento y restauración, a fin de que siga siendo un lugar para la creación y el arte en nuestro país. Expresamos nuestro más firme compromiso para colaborar en lo que sea necesario a fin de lograrlo.

Adriana Luna Parra

Aclaración de Víctor Carrancá Bourget

Señora directora: Me refiero a la nota publicada el día 5 pasado bajo el rubro: ``Sería el caos si se sancionara a todos los delincuentes: Carrancá''.

Los comentarios sobre la operatividad del sistema penal, no sólo del país, sino de todos los sistemas, se realizaron dentro del contexto general de análisis a propósito de los delitos electorales.

Uno de los problemas fundamentales que ha sido objeto de estudio por criminólogos contemporáneos, es precisamente la selectividad de los sistemas. El derecho penal, idealmente concebido, debe aplicarse en todos los casos que ocurren en la realidad abarcando todos los delitos cometidos. Sin embargo, existe una selectividad en la criminalización de las conductas, que opera en diversos órdenes. Así por ejemplo, a nivel legislativo no todas las conductas que resultan dañosas a la sociedad, son tipificadas como delito. En segundo lugar, no todos los delitos son denunciados y, respecto de estos últimos, la realidad nos demuestra que no todos son investigados y menos aún concluyen con la imposición de una pena.

Para cualquier sistema de justicia la criminalización de todos los delitos (conocidos y desconocidos) representaría un problema. Baste imaginar qué sucedería si absolutamente todos los robos, fraudes, falsedades, posesiones de mercancías extranjeras, accidentes de tránsito, etc., fueran perseguidos y eficazmente sancionados, los alcances del sistema se extenderían a una gran parte de cualquier comunidad. Fue en ese sentido que se expresó una crítica al sistema; crítica que desde luego no es propia sino de los criminólogos actuales y que sirvió de preámbulo al tema que abordé en el foro relativo a los delitos electorales, ya que hice referencia expresa a las estadísticas proporcionadas por la fiscalía especializada, en las que se indica que, en 1997, nueve casos de delitos electorales fueron consignados por cuanto hace al DF. Para reforzar la argumentación yo preguntaría: ¿durante 1997, en realidad, sólo se cometieron nueve delitos de los más de 180 posibles que plantea el Código Penal, o se trata de nueve casos documentados y en los que fue posible acreditar los elementos necesarios para su consignación''. Seguramente ocurrieron más conductas, muchas de las cuales no fueron denunciadas y otras no fue posible comprobarlas.

La conclusión, como se señala en la nota publicada, consiste en que debemos mejorar eficiencia y operatividad para reducir los casos en los que el sistema penal no alcanza a actuar.

Víctor A. Carrancá Bourget, subprocurador C de Procedimientos Penales

Llaman a exigir que se cumpla recomendación del caso de Yéssica Díaz

Señora directora: Queremos expresar nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos recientemente con el caso de Yéssica Yadira Díaz Cázares, quien fue violada y posteriormente se suicidó ante la frustración e impotencia producto de la ineficacia del proceso penal y de la incorrecta impartición de justicia, en junio de 1997. Este es un ejemplo más, que se une al del joven ``Marcos'', de lo que los y las jóvenes deben enfrentar no únicamente en Durango sino en muchos otros estados de la República.

Tras un año de trabajo de la señora María Eugenia Cázares para que se respetara la ley y se hiciera justicia con el caso de su hija, la familia completa se vio obligada a salir de Durango debido a las constantes agresiones a las que estaba expuesta.

El ejemplo más reciente es el desplegado firmado por las familias Almeraz Lozano, Almeraz Miranda y Gómez Cisneros, parientes de los acusados. En dicho documento, publicado el 2 de junio de 1998 en el periódico El Sol de Durango, se asegura que los supuestos violadores han sido víctimas de las calumnias y difamaciones de la señora Cázares, además de que se ha publicado información confidencial de la menor Yéssica.

Por lo anterior les extendemos la invitación a unirnos a la Misión del Ombudsman de la Niñez en Durango, Benjamín Santamaría, que es la de observar y exigir el cumplimiento de la recomendación 75/97 emitida por la CNDH en agosto pasado. Además de resguardar el respeto a la dignidad e integridad de la familia Díaz Cázares quienes han enfrentado una campaña de difamación y desprestigio, sobre todo ahora que ya no se encuentran en Durango y por lo tanto les es imposible defenderse.

Coordinación Nacional del Programa de Género. Dirección General Causa Joven