Al paro cívico total del puerto colombiano de Barrancabermeja en protesta por el asesinato y la incineración, a manos de paramilitares, de 26 defensores de los derechos humanos, los homicidas han respondido declarando que el organizador de esa acción ciudadana es ahora su ``objetivo militar''.

Al mismo tiempo, y mientras se desarrolla la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los ataques guerrilleros y los sabotajes se suceden sin tregua y el ejército declara insistentemente que no tiene nada que ver con los paramilitares que llevan a cabo una guerra sucia contra todo lo que, según ellos, pueda servir de apoyo social a los grupos insurrectos.

Es evidente, por lo tanto, que no bastará elegir entre el conservador Pastrana -quien busca reforzar sus lazos con los sectores empresariales, la embajada de Estados Unidos y los mandos militares- y el miembro de la izquierda liberal, Serpa, quien se declara nacionalista y candidato de los pobres. El que resulte elegido tendrá como tarea principal acabar con la violencia -ya sea bajo la forma de las guerrillas, del terror de los paramilitares o de las acciones de los narcotraficantes- que afecta terriblemente, desde hace decenas de años, la vida de los colombianos.

Para lograrlo será necesario, por un lado, limpiar al ejército y adecuarlo a una vida democrática, quitándole ambiciones políticas y cortando sus lazos con los intereses poderosos que lucran con la guerra continua y la falta de garantías democráticas y, por el otro, resolver el problema agrario, base tradicional de la violencia y causa esencial de la pobreza y la criminalidad en las ciudades. Sólo con una profunda democratización social y económica en las regiones rurales -que incluya mejores precios para los productos agrícolas, la entrega de subsidios para cultivos que sustituyan la plantación de drogas, la mejora de los servicios educativos y el apoyo y respeto a las organizaciones campesinas, sindicales y de derechos humanos- se conseguirá mejorar en Colombia la educación y la vida cívica, y será posible reducir el reclutamiento y la actividad tanto de las bandas de delincuentes como de los guerrilleros.

La violencia engendra violencia, en un verdadero círculo infernal, y nadie puede identificar hoy a los paramilitares ni controlar los excesos del ejército ni tampoco encontrar salidas pacíficas al conflicto guerrillero, porque la sociedad civil en Colombia -y en muchas otras naciones de América Latina- no está suficientemente organizada.

Sin bases sociales sólidas no es posible alcanzar la paz interna y la unidad nacional y, por ende, no hay posibilidad alguna de impedir la disgregación, la proliferación de la violencia y la pérdida de soberanía. Por lo tanto, aunque el camino hacia la paz en Colombia podría comenzar en las urnas, en éstas, por sí solas, no existe ninguna solución. El presidente electo, para pasar a la historia como pacificador, debería convocar a una gran cruzada nacional por la democracia y darle una base social a la misma, motivar a los electores con medidas urgentes para resolver el problema de la tenencia de la tierra y apoyar a los productores agrarios que quieren vivir, sin poder hacerlo, de sus esfuerzos honestos. Sólo ese tipo de democracia podrá, a la vez, frenar a los narcotraficantes, controlar a los paramilitares, abrir caminos de negociación con las guerrillas y dar a la nación colombiana una nueva dignidad y una mayor fuerza de resistencia frente a las presiones extranjeras.