En la actual ofensiva del gobierno del presidente Ernesto Zedillo en contra de las comunidades indígenas de Chiapas, se incluye una política que limita la presencia de observadores extranjeros y de organismos humanitarios internacionales.

Considerados por el gobierno como ``testigos incómodos'' de su guerra sucia contra los indígenas rebeldes, este año han sido expulsados más de 60 ciudadanos extranjeros que observaban la situación de los derechos humanos. Además, las autoridades migratorias obstaculizan la labor de los organismos humanitarios internacionales que buscan ayudar a las comunidades indígenas de Chiapas.

Tal es el caso de Médicos sin Fronteras-Italia (MSF), que desde Roma afirma, en un documento fechado en marzo pasado, que ``el gobierno mexicano no autorizó a MSF intervenir en Chiapas''. Entre las razones esgrimidas está ``la actual política de limitar la presencia extranjera'' en el estado. Los funcionarios mexicanos informaron a los médicos italianos que ``el gobierno no puede garantizar la seguridad del personal de MSF en Chiapas'' y adujeron que ``si el gobierno autoriza a MSF trabajar en Chiapas no podrá negar a otras ONG esta posibilidad''.

También en marzo, en tierras chiapanecas, el escritor portugués José Saramago descubría que ``si alguna vez hubo en la historia de la humanidad una guerra desigual, no la hubo nunca como ésta.

``Por lo que he podido ver -dijo Saramago-, en Chiapas se vive una situación de guerra... No es una guerra en el sentido común, con un frente y dos partes confrontadas. Yo nada más he visto una parte confrontada: el Ejército y los paramilitares. La otra parte, las comunidades indígenas, no estaban enfrentándolos, no tienen medios. Están rodeados, no tienen comida ni agua, no tienen condiciones de vida mínimas''.

Desde entonces se han agudizado la militarización de las regiones indígenas y la beligerancia de los grupos paramilitares, además de que se endureció la política oficial contra los municipios autónomos zapatistas.

Actualmente existen cerca de 20 mil indígenas refugiados de la zona norte, Los Altos y la selva. Ello viven una emergencia alimentaria y sanitaria que se agrava cada día.

Las regiones indígenas, azotadas también por el hambre y las enfermedades curables no atendidas, sufren el acoso a su miseria por parte de las instituciones gubernamentales, que utilizan la inversión social y los programas de ayuda para socavar el apoyo social al movimiento insurgente.

La situación amerita que las comunidades en resistencia hayan solicitado, en repetidas ocasiones, a organismos humanitarios nacionales e internacionales que atiendan con imparcialidad a la población afectada por la violencia y la guerra de baja intensidad.

La respuesta del gobierno ha sido que no se puede ``internacionalizar el conflicto''.

A principio de año, cuando arreciaron las presiones oficiales para que la representación de la Cruz Roja Internacional se retirara definitivamente de Chiapas, Cornelio Sommoga, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), reconoció que ``los gobiernos en situaciones de violencia interna o de guerra civil, no ven inmediatamente que la presencia de esta institución humanitaria pueda ser necesariamente positiva, porque creen que con ello se internacionalizará el conflicto, cosa que no es del todo cierta'' (citado en ``Insoportable levedad de la ley: la impunidad'', Comunicación Popular Alternativa, San Cristóbal de las Casas).

El presidente del CICR dijo que esta institución ``tiene derecho a la iniciativa humanitaria y sobre la base de ese derecho se ofrecen sus servicios, los cuales se realizan de una forma que es perfectamente neutral, imparcial e independiente''.

La mayor parte de la ayuda humanitaria internacional en Chiapas se canaliza a través de la Cruz Roja Mexicana (CRM), la otra parte se distribuye a través de organizaciones no gubernamentales nacionales.

Desde enero de este año, sólo la Cruz Roja Alemana y la Española han donado a la CRM un millón y medio de dólares a través de la Comunidad Europea ``para apoyar el retorno de indígenas desplazados a sus comunidades'', mismo que no se ha podido efectuar a falta de condiciones.

Indígenas en varios municipios del estado han solicitado la presencia del CICR porque desconfían de los servicios gubernamentales de salud. Incluso los refugiados de Chenalhó han criticado a la Cruz Roja Mexicana por distribuir medicina en mal estado.

Contra los ``turistas''

Ha sido inocultable la franca molestia del gobierno mexicano por la presencia de observadores internacionales en Chiapas, y más aún de ONG humanitarias extranjeras. El presidente Ernesto Zedillo ha llamado a los observadores ``turistas revolucionarios'' y a los activistas humanitarios los ha tildado de ``injerencistas''.

De la misma manera, las autoridades migratorias y de la Secretaría de Gobernación han puesto un sin fin de obstáculos para evitar que organismos humanitarios que han auxiliado a civiles en otros conflictos del mundo -como Bosnia, Medio Oriente, Africa, Kurdistán-, tengan una presencia en Chiapas.

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación acaban de anunciar nuevos requisitos para limitar la presencia de observadores internacionales (solicitar la visa especial con 30 días de antelación y para grupos de diez personas como máximo, y sólo por diez días).

Sin reconocer abiertamente su rechazo al trabajo humanitario internacional, el gobierno mexicano -a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)- explicó a la organización no gubernamental Médicos sin Fronteras-Italia las razones de no autorizar su intervención en el estado.

Ha sido difícil para los funcionarios del gobierno justificar ante la opinión pública la negativa a permitir la presencia humanitaria internacional, particularmente al CICR. El Ejecutivo federal ha tenido que librar una batalla diplomática y propagandística -alimentando la xenofobia al interior- para justificar la expulsión de observadores y la negativa para que ONG humanitarias de reconocido prestigio mundial trabajen en Chiapas.

La presión ejercida por destacadas personalidades del mundo, ONG mexicanas e internacionales y representantes gubernamentales y parlamentarios europeos, preocupados por la violencia imperante en el sureste del país, obligó al gobierno mexicano a aceptar que el Comité Internacional de la Cruz Roja vuelva a trabajar en Chiapas, tras dos años de ausencia de su personal. Hace una semana, en Ginebra, la SRE y el CICR tomaron el acuerdo.

Sin embargo, otras instancias humanitarias no oficiales como Médicos del Mundo y Médicos sin Fronteras -por citar las más conocidas-, no han podido obtener este permiso.

Médicos del Mundo

A principios de 1998, tras la matanza de Acteal, numerosas ONG solicitaron trabajar en Chiapas y fueron introducidas al mundo laberíntico de la burocracia mexicana, que no niega los permisos sino que alarga los trámites por meses.

La SRE y Gobernación establecen un sinnúmero de requisitos que pocas ONG logran sortear, y cuando en algunos casos autorizan su presencia, limitan su trabajo a ciertas zonas y vedan otras.

Las ONG internacionales, ante todas estas trabas y la imposibilidad de hacerlo directamente, han optado por trabajar a través de ONG mexicanas.

Por ejemplo, en enero de este año integrantes de Médicos del Mundo, capítulos Francia y España, solicitaron visa para trabajar en Chiapas. Gobernación aún no les otorga el permiso.

La misma Secretaría de Gobernación no permitió a la organización Médicos del Mundo-Francia (MDM) trabajar en Acteal ni en Polhó, donde hay miles de indígenas refugiados del municipio de Chenalhó. Sólo les autorizó el apoyo a proyectos de salud en Tuxta Gutiérrez, Palenque, San Cristóbal de las Casas... y Chimix y Pechiquil, dos comunidades de Chenalhó de donde huyeron muchas familias y que hoy permanecen ocupadas por el Ejército y priístas armados vinculados a los grupos paramilitares que perpetraron el ataque en Acteal.

Las autoridades dieron un plazo de 30 días a integrantes de MDM-Francia para realizar un diagnóstico de salud en la región. Y aunque MDM-Francia tiene un proyecto de formación de promotores de salud, asistencia médica y equipamiento para Acteal y Polhó, Gobernación no ha otorgado permiso a ningún francés para supervisar dicho proyecto.

En el caso de MDM-España, el gobierno no permite su presencia directa. Gobernación autorizó a esta ONG trabajar en Sabanilla, Tila y Chenalhó en un proyecto de capacitación de promotores de salud. Sin embargo, a pesar de estar aprobado este proyecto -que respalda la Comunidad Europea-, a los dos primeros integrantes de esta organización humanitaria aún no les han dado su FM3 y no han podido viajar a Chiapas.

El gobierno federal propuso a MDM que su ayuda la convirtiera en donativo para la Cruz Roja Mexicana. MDM decidió apoyar a través de su contraparte en el país, es decir, Médicos del Mundo-México.

Médicos sin Fronteras

Médicos sin Fronteras-Italia (MSF) solicitó la autorización gubernamental para hacer ``una intervención logística sanitaria en Chiapas''. En marzo, el gobierno mexicano no autorizó su solicitud.

Desde 1994 el gobierno impidió el trabajo a MSF-Francia y le negó el permiso para ayudar.

MSF-Holanda -la sección operativa de Médicos sin Fronteras-, también está interesada en trabajar en el sur de México. Este año envió una ``misión explorativa'' y decidió seguir la recomendación del gobierno mexicano, es decir, aceptar ``una secuencia sucesiva para intervenir en el país'' de acuerdo a las decisiones oficiales.

Sólo así, MSF-Holanda podrá garantizar su presencia en México. Muy probablemente iniciará en Oaxaca y después verá si se le autoriza presencia en Chiapas.

Pero MSF-Italia ha insistido en trabajar en Chiapas. Incluso entregó a la sección operativa de MSF un reporte titulado ``Selva Lacandona: estudio para un proyecto logístico sanitario en cien comunidades indígenas''. En dicho documento, MSF-Italia recuerda que el mandato de Médicos sin Fronteras es ``hacer todo lo posible para estar presente donde la población necesite de asistencia y que se tiene que insistir en el acceso y no aceptar limitaciones a la intervención humanitaria.

``Dada la situación particular de MSF-Italia, han sugerido a la parte operativa holandesa la posibilidad excepcional (MSF por norma realiza directamente su propios proyectos) de colaborar en la distribución de medicamentos y material sanitario en Chiapas, a través de otra organización humanitaria local''.

En enero pasado la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México recibió la orden de suspender toda actividad en Chiapas. Ante la emergencia humanitaria que derivó de la violencia paramilitar en Chenalhó, la atención médica a miles de refugiados fue cancelada. También se detuvo el envío de recursos económicos destinados a los indígenas por la vía de la instancia internacional de la Cruz Roja.

La presencia del CICR no ha sido del agrado del gobierno. Por todos los medios ha intentado sustituirlo por la Cruz Roja Mexicana o por instituciones oficiales.

En Chenalhó se han dado tensiones por la ayuda humanitaria ante el rechazo del apoyo oficial por parte de los refugiados. La Cruz Roja Española intentó hacer llegar ayuda humanitaria a los refugiados de Polhó. El gobierno recomendó que hiciera su donativo a través de la Cruz Roja Mexicana.

Tanto la Cruz Roja Española como la alemana han propuesto un proyecto de asistencia sanitaria de emergencia en Chenalhó. El plan contempla la construcción de cocinas comunales en los campamentos de refugiados y el suministro de alimentos. Pero la falta de autorización oficial lo tiene detenido. El CICR está dispuesto a trabajar en Chiapas.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud, rechazó en varias ocasiones que se ``requiera la asistencia o la mediación de instancias extranjeras, como la Cruz Roja Internacional, para que la ayuda humanitaria llegue... Somos los mexicanos los que tenemos que encontrar la solución a nuestros problemas''.

Pero organismos humanitarios no gubernamentales entregaron formalmente una solicitud a la representación del CICR en Ginebra donde señalan ``la preocupación que existe porque los servicios gubernamentales de salud han provocado desconfianza y su consiguiente rechazo, sobre todo cuando se intenta proporcionarlos por medio del Ejército federal en las comunidades de desplazados''.

Hace unos días, el gobierno mexicano y el CICR firmaron un acuerdo para que a partir de junio este organismo humanitario pueda reanudar la ayuda.

Pierre Townsend, delegado del CICR en México, informó que en las primeras semanas de junio se realizará una evaluación de lo que se requiere hacer y, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Cruz Roja Mexicana y ONG, conformarán un comité intersecretarial que llevará a cabo la ayuda.

La presencia del CICR en las zonas indígenas chiapanecas ha sido solicitada este año por diferentes actores. El 11 de enero de este año, la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) solicitó al CICR su intervención para atender la situación de los refugiados de Chenalhó.

El concejo municipal autónomo de Polhó y los representantes de 17 comunidades, desde el 28 de enero piden la presencia de la Cruz Roja Internacional en los campamentos de refugiados para garantizar su seguridad ante las amenazas de los grupos paramilitares, supervisar y repartir la ayuda humanitaria que recibían los indígenas, y atender las necesidades médicas de la población.

En Ocosingo, las autoridades del municipio rebelde Ricardo Flores Magón y mujeres de la comunidad de Taniperla solicitaron el 5 de mayo la actuación del CICR porque se sienten amenazados por grupos de priístas armados que impiden el arribo de ayuda humanitaria para las madres e hijos de los simpatizantes zapatistas.

Habitantes de Amparo Aguatinta, en el municipio zapatista Tierra y Libertad, solicitaron el 15 de mayo la presencia de la Cruz Roja Internacional en esa comunidad fronteriza con Guatemala, donde se llevó a cabo un impresionante operativo policiaco y militar para ``desmantelar'' las oficinas del ayuntamiento rebelde. Actualmente hay unos cien refugiados.

El caso de la Cruz Roja Internacional es especial porque su estatus no es el de una ONG sino el de un organismo cuyo ámbito de acción en México ha sido reconocido por el propio gobierno con la firma de diversos convenios, como el de la Conferencia Internacional que se realizó en Ginebra en 1986.

Según los estatutos de la Conferencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, ``el CICR puede tomar toda iniciativa humanitaria que le corresponda a su papel de institucional y de intermediario; ese derecho es reconocido y aprobado por todos los Estados del mundo''.

La Cruz Roja Internacional ha tenido una participación destacada en el conflicto, a petición del EZLN y con la aceptación -a su pesar- del gobierno mexicano.

En febrero de 1994, en vísperas del diálogo en la Catedral de San Cristóbal entre los rebeldes zapatistas y Manuel Camacho, se declararon dos ``zonas francas''. Una en San Miguel, Ocosingo, y otra en Guadalupe Tepeyac, Las Margaritas. En ambas poblaciones de simpatías zapatistas, el CICR instaló puestos para atender a la gente.

A los pocos días, el EZLN entregó a la delegación del CICR al general Absalón Castellanos, prisionero de los rebeldes desde el levantamiento. Tras la ofensiva militar en febrero del 95, la Cruz Roja Internacional salió de Guadalupe Tepeyac, al igual que los pobladores. Ante la permanencia de las tropas del Ejército Mexicano en ese pueblo, se estableció en San José del Río, a pocos kilómetros de ahí.

Durante el tiempo que duraron las negociaciones de paz entre el gobierno federal y el EZLN, la Cruz Roja Internacional ha garantizado la seguridad de la delegación rebelde. Lo mismo ha transportado a los comandantes indígenas que al subcomandante Marcos, quienes han quedado bajo su custodia.

La nueva situación del conflicto chiapaneco fue reconocida por el presidente del CICR, quien se mostró preocupado por la manera como operan los grupos paramilitares en Chiapas y por la forma como el gobierno mexicano retira autorizaciones para la intervención humanitaria del personal de las instituciones debido a los problemas con el Ejército.

``Todo ello significa que hay mucho trabajo para la Cruz Roja Internacional. Primero, para diseminar principios humanitarios y, luego, para ayudar a las víctimas, entre las que se tienen muchísimos desplazados internos'', dijo a principios de año.

Procedimiento administrativo para que una ONG internacional obtenga un permiso de internación y de trabajo para extranjeros.

Presentarse a las oficinas del Instituto Nacional de Migración con la solicitud en un papel membretado de quien los invita, señalando los nombres completos de los extranjeros, la nacionalidad, el tiempo de estancia en el país y representaciones consulares de México en el exterior donde podrán documentarse los mismos. Los solicitantes deben presentar cartas de las organizaciones no gubernamentales extranjeras de las que son miembros, ``indicando además si la ONG está inscrita en la ONU y, en su caso, señalando los datos de registro correspondiente. Las cartas deberán ser legalizadas por el Servicio Exterior Mexicano y traducidas al idioma español''.

En la carta-solitud, así como en todas las cartas de acreditación, se precisarán las actividades que pretenden realizar, las localidades, municipios y entidades federativas en las que las llevará a cabo, así como las denominaciones de ONG y de las instituciones públicas o privadas con las que establecerá contacto, además de los eventos a los que asistan. Los mismos datos se anotarán en la forma migratoria.

``Previo análisis, la autoridad migratoria, de proceder, autorizará la internación al país de los extranjeros al amparo del artículo 42 fracción III de la Ley General de Población y el artículo 85 del reglamento, en cuyo caso la representación consular mexicana que corresponda anotará en los documentos migratorios la siguiente leyenda: `El titular del presente documento se hace sabedor que, de conformidad con las leyes mexicanas que está obligado a cumplir, de ninguna manera podrá inmiscuirse en los asuntos políticos del país'''.

Además, se requiere una carta de la ONG extranjera debidamente apostillada, en idioma español, en la que señale quién financiará el trabajo y los gastos de viaje, salida y estancia en el país de cada uno de los extranjeros.

En todo caso, ``la autoridad migratoria, en ejercicio del artículo 54 de la Ley General de Población, podrá establecer las modalidades a las que sujete el permiso de internación''.