El obispo de San Cristóbal de Las Casas y presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), Samuel Ruiz, anunció ayer el fin de la mediación a su cargo. Unas horas más tarde, los otros miembros de la instancia mediadora respaldaron al obispo en su decisión, le expresaron un reconocimiento por su esfuerzo en favor de la paz y de la justicia, destacaron que, en los hechos, el gobierno ``continúa desmantelando las condiciones necesarias para el diálogo y la negociación'', y declararon concluida la tarea de mediación de la Conai.

Samuel Ruiz señaló, como principales razones de su decisión, la falta de cumplimiento oficial a lo acordado en la mesa uno de San Andrés Larráinzar y la reacción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: ``Un largo, comprensible y al final pesado silencio''; la determinación del gobierno federal de apartarse del diálogo, tal y como se delineó en San Andrés, y de ``ejecutar unilateralmente lo acordado y transitar hacia la temática pendiente, invocando un diálogo directo, sin que sea necesaria ninguna mediación'', así como la ``constante y creciente agresión gubernamental'' en su contra, la cual, en ocasiones recientes, fue ``llevada a cabo, con signos y palabras, por el propio titular del Ejecutivo''. Asimismo, el obispo denunció la persecución sistemática contra su diócesis por parte de las autoridades.

Cabe recordar que la Conai, establecida en diciembre de 1994, ha realizado una labor inapreciable para mantener la precaria paz en Chiapas, para impulsar un proceso pacificador que resolviera las causas profundas del alzamiento de enero de ese año, y para documentar las condiciones de miseria y marginación que padecen los indios de la entidad, así como las atrocidades de que han sido víctimas. En el más reciente tramo del conflicto, desde la matanza de Acteal, en diciembre de 1997, y tras el consiguiente cambio de estrategia oficial para Chiapas, tanto la Conai como la diócesis de San Cristóbal han debido enfrentar una andanada de acusaciones, imputaciones y descalificaciones por parte de las autoridades.

En el explosivo contexto chiapaneco actual, la pérdida de la instancia de intermediación es por demás preocupante, y debiera llevar a las partes en conflicto, el gobierno en primer lugar, a suspender su estrategia de golpear a los principales -si no es que únicos- factores de distensión y moderación que quedan en la entidad. Sin ellos, se corre el peligro de una mayor polarización, de nuevos desgarramientos del tejido social local, y de nuevas acciones criminales, como la matanza de Acteal.

Es claro que ni en este ni en ningún conflicto pueden iniciarse o reiniciarse procesos de diálogo -directos o indirectos- sin la presencia de mediadores que establezcan los mínimos canales de comunicación entre las partes y que, en consecuencia, carece de sentido y de perspectivas el propósito expresado por un comunicado de la Secretaría de Gobernación -en reacción al anuncio de Samuel Ruiz-- de que el gobierno federal buscará el diálogo y la negociación directa con la dirigencia de los rebeldes indígenas. En ausencia de la Conai o de una instancia equivalente, no podrá reactivarse el proceso pacificador entre el gobierno federal y sus aliados locales, por una parte, y las comunidades zapatistas y su organización, por la otra.

Lo lógico, lo deseable y lo necesario es, ciertamente, que el conflicto chiapaneco sea resuelto exclusivamente por mexicanos y en México. Pero no puede ignorarse que la desarticulación de las mediaciones nacionales puede abrir un escenario en el cual la intermediación internacional se vuelva inevitable.

En esta perspectiva, debiera corresponder al gobierno -el cual ha insistido en rechazar toda posibilidad de gestión pacificadora foránea-- suspender sus presiones y agresiones contra la Conai y pedir a sus integrantes que reconsideren su decisión. Habría sido deseable enterarse de expresiones de preocupación, por parte del poder público, por los anuncios de Samuel Ruiz y los restantes intermediadores. Por desgracia, en lo inmediato, la reacción oficial -por medio de un comunicado de Gobernación- se ha limitado a negar que exista persecución y acoso contra la diócesis de San Cristóbal y la Conai, y a calificar de tendenciosos y dolosos los señalamientos en ese sentido. Causa extrañeza el tono empleado en el boletín de la Secretaría de Gobernación para referirse a la entidad mediadora creada por la sociedad civil y aceptada por las partes, y sorprende que pretenda justificar el acoso gubernamental que se ha realizado contra ese grupo de mexicanos que han realizado esfuerzos invaluables en favor de la paz.

En la circunstancia presente, no pareciera haber otra salida que una movilización urgente de la sociedad a favor de la paz, una reflexión profunda por parte de las autoridades y una interrupción de lo que los integrantes de la comisión ahora disuelta denominan la ``estrategia de guerra'' gubernamental en Chiapas

Si los acontecimientos se desarrollan en esta óptica, cabría esperar, como consecuencia del fin de la instancia mediadora, una reactivación del proceso pacificador en esa entidad.