Los incendios, el ozono y las partículas han impedido ver otros problemas ambientales que se presentan en el país. Uno de ellos ocurre en Cancún donde poderosos inversionistas realizan un magno proyecto: La Isla lleva por nombre. Según la propaganda, se trata de ``un nuevo concepto de centro comercial, dentro de una aldea caribeña que ofrecerá el clima y tematización de la arquitectura utilizada en las costas de México''. Pero muchos opinan que traerá serios problemas por sus dimensiones y por ubicarse en un ecosistema ya de por sí alterado por el gran capital y la negligencia oficial y que en los últimos años se ha intentado proteger.

Da la casualidad que la ``isla caribeña'' está en una zona que desde hace años es objeto de polémica, además de ser la más saturada del área hotelera de Cancún. Un poco de historia: pese a la oposición ciudadana, la empresa ICA realizó en 1986 el relleno de 53 hectáreas que pertenecían a la laguna de Nichupté.

La idea era ``desarrollar'' allí un centro hotelero de primer nivel, además de comercios, restaurantes, cines y diversos servicios para el turismo con posibilidades económicas. Sin embargo, la idea de ICA no fructificó. Por el contrario, gracias a la presión pública, el cabildo de Cancún aprobó en 1991 un plan director urbano. En él se precisa que para construir en la zona rellenada por ICA deben observarse ocho condicionantes a fin de impedir más deterioro del sistema lagunar y, por el contrario, buscar su recuperación. Pero misteriosamente, el documento que contiene las ocho condicionantes desapareció de la presidencia municipal.

En 1993 comenzó la lucha ciudadana para ordenar ambientalmente la laguna de Nichupté. Luego de obtener el consenso de todos los actores involucrados en el asunto, se fijaron las directrices de dicho ordenamiento. Por ejemplo, se especifica claramente, entre otras cosas, que cualquier obra o programa que se proponga para la zona que fue rellenada y otras más pertenecientes a la laguna, debe sujetarse a estudios ecológicos especiales. Ya una porción está bajo protección total por sus importantes características naturales.

Pero en enero pasado se comenzó a construir la ``aldea caribeña'' que consta de hoteles, condominios, además de 135 negocios, entre ellos un acuario, seis salas cinematográficas con capacidad para 2 mil 400 personas, restaurantes, discotecas, bares, cafés, boutiques y un estacionamiento para mil vehículos. Lo primero que hicieron sus dueños fue publicitar la obra y vender espacios comerciales. Luego solicitaron a las instancias locales la respectiva licencia de construcción, cosa que obtuvieron fácilmente. Mas se les olvidó realizar y presentar los estudios de impacto ambiental que marca muy claramente la Ley General del Equilibrio Ecológico, y observar las ocho condicionantes fijadas por el Cabildo de la ciudad y que alguien escondió tan bien que nadie las encuentra.

Con razón, la Procuraduría Federal de Medio Ambiente procedió el 11 de mayo pasado a clausurar temporalmente las obras de la ``aldea caribeña''. Aunque algunos funcionarios municipales dijeron que los estudios ambientales sí existían y fueron aprobados por la delegación estatal de la secretaría que preside la maestra Julia Carabias, el Instituto Nacional de Ecología sostuvo lo contrario y apoyó la clausura. Extrañamente (o no tanto), la Procuraduría la levantó al día siguiente, fijando un plazo de 15 días para presentar los estudios que funcionarios dicen que existen, pero sin aclarar dónde y, menos, detallar su contenido.

Aunque como se sabe, las leyes ambientales se cumplen por doquier (prueba de ello es que nuestros recursos naturales gozan de cabal salud y la contaminación es mínima), hay contaminación, no falta quien sostenga en Quintana Roo que en la ``aldea caribeña'' hay contubernio entre poderosos e influyentes inversionistas y prestadores de servicios náuticos con autoridades locales, estatales y federales. Que por eso la ley y la protección de la ecología pasan a segundo plano. Además de echar por la borda el esfuerzo que significó llegar por consenso al ordenamiento ecológico de la laguna, y el acuerdo de someter a consulta previa cualquier obra que en ella se vaya a realizar para impedir que siga su deterioro.

No se trata, como dicen los defensores del proyecto, de poner trabas a la inversión que genera empleos y divisas. Pero sí evitar la peligrosa saturación que existe de hoteles y centros comerciales en la zona turística más densamente poblada de Cancún, de añadir problemas a los que no se han podido resolver y evitar una mayor contaminación de la laguna que el presidente Zedillo prometió hace dos años entregar limpia en 18 meses más. Algunos funcionarios y el gran capital trabajan a diario para que no sea así. Mas no seamos pesimistas. A lo mejor, la limpieza de Nichupté comenzó ya: el pasado jueves ocurrió en Isla Dorada el mayor operativo contra el narcotráfico de que se tenga memoria en Cancún. En él participaron Ejército, judiciales federales y agentes de otras corporaciones. ¿Hallaron un tesoro mal habido?